Zarrías acusa a la UCO y a Anticorrupción de elevar el caso Leire a la Audiencia Nacional por las "reservas" del juez ordinario que abrió la causa

La defensa del exdirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías, investigado en el caso Leire, acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción de haber manipulado para que este asunto, abierto por un juez ordinario de Madrid tras recibir las primeras denuncias contra la exmilitante socialista, llegara a la Audiencia Nacional ante las "reservas" que el primer juez mostraba frente las tesis acusatorias.

Tras llegar el asunto al juez Pedraz, Zarrías pasó de ser testigo a ser imputado. Se le acusa de utilizar presuntament su sociedad particular Zaño Sociedad Consultora para contratar a la presunta 'fontanera' por un encargo que en realidad escondía compensar sus actividades contra fiscales, jueces y miembros de la UCO en relación con las causas judiciales abiertas contra el Gobierno. Todo ello se fundamenta en informes de la Guardia Civil que fueron entregados al juez Pedraz, que ya investigaba a la exmilitante por actividades presuntamente delictivas relacionadas con empresas que habían sido favorecidas por la Sepi.

"Sin hacer juicios de intenciones, todo apunta a que detrás de estas razones para el requerimiento de inhibición se encuentra una no explícita, vinculada al contenido material de las decisiones del magistrado de la Plaza número 9 y a sus reservas de hacer suyo un discurso de cargo que, por el contrario, ha sido asumido en esta sede", señala en su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en relación con la petición realizada por el juez Pedraz para que el primer instructor de este asunto, Arturo Zamarriego, se aparte de seguir investigando. En el mismo escrito, requiere la práctica de varias pruebas de descargo.

En su escrito de alegaciones, la defensa ejercida por el abogado Gonzalo Martínez Fresneda señala que mientras el juez Zamarriego interrogaba como testigo a Zarrías "la UCO ya estaba trabajando en lo que sería su informe de 26 de mayo de 2026 (...)con el cual ahora se está pretendiendo quitarle a la plaza n.º 9 la competencia para la instrucción de los hechos".

Identidad de objeto

Agrega que también la Fiscalía "conocía la existencia de este otro procedimiento que ahora se pretende solapar". Por ello, el mismo día que los agentes presentaron su informe según esta parte el Ministerio Público "se apresuró a pedir al juez que requiriese al juzgado de Plaza de Castilla que dejara de investigar y se inhibiese ante la Audiencia Nacional, en la evidencia, imposible de disimular, de que estábamos ante una clara “identidad de objeto”.

A juicio de esta defensa, "se pretende ahora quitarle la llevanza del asunto al juez competente en un contexto en el cual ninguno de los delitos investigados es competencia de esta Audiencia Nacional y además los hechos estaban delimitados desde hace tiempo como objeto procesal de unas diligencias tramitadas por el juzgado ordinario.

"La ampliación del objeto de esta causa es, por tanto, irregular, más allá de la extraña ‘cristalización en racimo’ que parece defenderse, y la reflexión relativa a que esta Audiencia tendría más medios no deja de ser sorprendente, aparte de legalmente extravagante y atípica, cuando la investigación se está llevando enteramente con medios propios de la UCO", agrega el escrito.

Diligencias

Una vez realizadas todas estas apreciaciones, la defensa solicita determinadas diligencias, como que el juez Zamarriego remita a la Audiencia Nacional testimonio de su declaración del pasado 16 de abril -- cuando admitió haber pagado 16.000 euros a Leire Díez para que investigara si el excomisario Villarejo estuvo detrás de la denuncia por los ERE en la que s vio implicado--, así como la realizada por el secretario de Estado de Telecomunicaciones y ex asesor de Presidencia Antonio Hernando, quien admitió encuentros con la exmilitante.

También quiere que el juez Pedraz tenga acceso a la documentación que entregó en su día al juez Zamarreigo y pone de manifiesto la tardanza en el proceso de volcado de sus dispositivos móviles. Quiere también que se entregue ya otra información solicitada como la identificación de las cuentas bancarias relacionadas con los pagos a la presunta trama y todos los "efectos originales intervenidos en el registro del despacho del señor Zarrías, así como escaneo de la documentación y copia de trabajo de los volcados y clonados de los efectos informáticos, informando únicamente de lo que sea de interés para la causa".

En este nuevo escrito, la defensa incide en un punto que ya denunció a principios de este mes de junio, del que informó esta redacción, debido a que el juez Pedraz mantiene dentro de la causa documentación que le fue incautada y que podría afectar al derecho de defensa de determinadas personas que son sus clientes. Según la defensa, propio Zarrías ya advirtió a la funcionaria judicial que asistió al registro del pasado día 27 de mayo en la sede de Zaño Sociedad Consultora S.L. de que solo una de las carpetas que se llevaron --que llevaba el nombre 'PSOE'-- estaba relacionada con Leire Díez, la exmilitante del partido investigada por integrar una presunta trama que trataba de investigar causas contra el Gobierno.

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