El juez Pedraz imputa a la actual presidenta de la Sepi y otros 24 directivos y empresarios por su implicación en la trama de tráfico de influencias de Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a otros 24 cargos públicos y empresarios como presuntos autores de delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación administrativa relacionados con la actuación de 'Hirukok' (nosotros 3 en euskera), que da nombre a un grupo de WhatsApp en el que participaban la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de esta sociedad pública Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio del 'exnúmero 3' del Partido Socialista Santos Cerdán.

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez les otorga la condición de investigados en aras al derecho de defensa. Según Anticorrupción, algunos de los cargos públicos señalados "habrían podido valerse de información privilegiada obtenida por razón de su función para procurar o facilitar un beneficio económico propio o de terceros, ya fuera mediante la anticipación de decisiones administrativas o la intervención en operaciones societarias directamente vinculadas a dicha información".

La decisión se relaciona con las cinco operaciones sospechosas llevadas a cabo por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que ya venía investigando el juez desde el pasado mes de diciembre. Se imputan irregularidades en relación con actuaciones relacionadas con la empresa pública Mercasa; la compañía pública Enusa; el rescate financiero concedido por la SEPI a Tubos Reunidos; una adjudicación vinculada a la sociedad pública Parque Empresarial Principado de Asturias, participada por Sepides y diversas operaciones relacionadas con el Grupo Forestalia.

Patrón coordinado

A juicio de la Fiscalía, del examen conjunto de las cinco operativas analizadas se desprende, al menos de forma indiciaria, "la existencia de un patrón de actuación reiterado, coordinado y estructurado por parte de los investigados, que habría operado de manera continuada en distintos ámbitos del sector público y en relación con diversas entidades y grupos empresariales. De todas estas operaciones habría obtenido rédito el grupo de Leire Díez/Cerdán, según se señala en el documento que ya obra en poder del juez Pedraz.

En todas ellas, además, Anticorrupción identifica un esquema común según detalla el escrito firmado por las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen. Así, los investigados principales, Vicente Antxon, Leire y Santos Cerdán, a los que se sumaría el expresidente de la SEPI Fernández Guerrero, "habrían actuado como nexo de influencia entre intereses privados y decisores públicos, incidiendo en la adopción de resoluciones administrativas, el resultado de procedimientos de contratación pública o la canalización de ayudas financieras".

Mercasa

En cuanto a Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa), se trata de una sociedad del sector público estatal, participada en un 51 % por la SEPI y en el 49 % restante por el Fondo Estatal de Garantía Agraria. Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, en la operativa presuntamente irregular relacionada con esta sociedad estaría involucrada el exdirectivo José Ramón Sempere y la directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales María Teresa Castillo Pasalodos o el arquitecto Mikel Arrarás.

Dicha operativa habría consistido en la articulación de diversas contrataciones irregulares o, en su caso, en la simulación de servicios de intermediación vinculados a una supuesta operación de adquisición o arrendamiento de una nueva sede, lo que habría permitido la obtención de un beneficio económico en favor de los investigados. En concreto, se cita un expediente adjudicado a Servinabar con fecha 12 de noviembre de 2021, por un importe de 18.119 euros. Asimismo, se habría concertado la posible formalización de un contrato de arrendamiento de un nuevo inmueble, destinado a albergar provisionalmente la sede de Mercasa mientras se ejecutaban unas supuestas obras de reforma por 2 millones de euros en la sede de Paseo de la Habana, en Madrid cuyo coste sufrió un incremento justificado.

Enusa

Este expediente sospechoso estaría relacionado con Acciona, que habría manifestado previamente su interés en adquirir las participaciones que la empresa Enusa (cuyo presidente José Vicente Berlanga ahora es investigado junto con la también directiva Rosario Arévalo) ostentaba tanto en la incineradora de Melilla (a través de EMGRISA) como en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Cervera del Maestre (UTE). Como consecuencia de esta operativa, los investigados habrían obtenido un enriquecimiento económico, derivado de los pagos efectuados por la mercantil SDP Carrillo y Montes, cuyos directivos han sido también imputados, a favor de la sociedad instrumental Mediaciones Martínez, por un importe conjunto de 17.545 euros.

Se da la circunstancia de que Leire Díez desempeñó el cargo de responsable de Comunicación de Enusa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021. Igualmente, estaría presuntamente implicado Francisco Javier López Buciega, director de Servicios Urbanos y Medio Ambiente de Acciona, del que se han encontrado mensajes remitidos a Antxon Alonso en los que ponía de manifiesto las dificultades existentes para la venta de las participaciones, proponiendo como alternativa la constitución de un usufructo sobre las mismas. Para acreditar la operación se contó con los informes de un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Juan Antonio Carrillo, que ha sido igualmente imputado en la causa.

Tubos Reunidos

En el informe de Fiscalía consta la cronología de la solicitud y los trámites seguidos para lograr el rescate de esta empresa por 112,8 millones euros -- a cambio de pagos por valor de 114.950 euros a la trama-- así como el seguimiento posterior y una segunda actuación dirigida a aplazar el pago de uno de los plazos del crédito. Es en esta actuación en la que aparece citada expresamente la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, concretamente por su " compromiso" con el CEO de la compañía igualmente investigado, Francisco Irazusta, "para que su solicitud fuera aprobada por el consejo gestor del fondo", a pesar de las dudas expresadas desde el Ministerio de Economía.

Ha resultado también imputado el director ejecutivo, Carlos López de las Heras, y el directivo Jesús Pérez Rodríguez. La investigación en torno a las ayudas a esta empresa implican a Ángel Santiago, entonces director corporativo de la Sepi -- por reunirse con el presidente ejecutivo de Tubos-- y a la directora de participadas de la sociedad estatal y responsable de la tramitación del expediente, Rosario 'Charo' Martínez Manzanedo. Otra de las personas del entorno de la Sepi con la que el expresidente Fernández Guerrero se habría comunicado en relación con la tramitación del expediente de Tubos Reunidos Miguel Ángel Figueroa Teva, director de participadas III entre 2018 y 2021, quien aparece igualmente en la lista de imputados. En relación con esta operativa, y como ya informó este diario, el expresidente de SEPI interrogó a Figueroa acerca de la relación existente entre el Partido Nacionalista Vasco y Tubos Reunidos.

Parque de la PEPA en Asturias

Igualmente, se investigan los pagos recibidos por la empresa pantalla del grupo (Mediaciones Martínez) y también por parte de Servinabar (empresa de Alonso de la que el 45 por ciento habría sido adquirido por Santos Cerdán) por parte del grupo Erri Berri, que habrían ascendido a un importe total de 575.857 euros. Una parte significativa de dichos pagos se vincularía a diversas actuaciones desarrolladas por el grupo 'Hirurok' en el marco del expediente de contratación del Parque Empresarial Principado de Asturias.

Esta constructora, se encuentra administrada por Beyol Gestión, propiedad de otro de los ahora imputados, Félix Azcona, participando igualmente en Reciclajes y Derribos Olite. De la información incorporada por la Unidad CentraOperativava (UCO) de la Guardia Civil se desprende, según recuefiscalíaíaía que Erru Berri habría resultado adjudicatario de un contrato en UTE (con Afesa Medio Ambiente) por un total de 2. 854.466 euros (para la demolición de las baterías de coque de Avilés). En esta operativa los investigadores implican al también investigado Fernando AlbAragónagon ,secretario general Sepides y, por su valoración de los Criterios Evaluables Automáticamente y de Valoración Global, los trabajadores públicos Antonio José Sánchez Campos y Marcos López Domínguez y la presidenta del Tribunal de Contratos María de la Concepción Ordiz.

Forestalia

Con respecto al promotor de energías renovables dirigido por Fernando Samper (ahora imputado) Anticorrupción señala que el grupo 'Hirurok' a través del expresidente Fernández Guerrero habría realizado determinadas actuaciones ante responsables de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) aún no identificados para aprobar una inversión de 17,32 millones en Arapellet, integrada en este grupo.

Como consecuencia de estos contactos se pagaron 200.000 euros en a los integrantes de trama de Leire y Cerdán (Hirurok), si bien, en el momento de emisión del informe, según la Fiscalía "no constaba acreditada la concreta forma de materialización del pago". Se investiga una segunda operación que habría beneficiado a los ahora también imputados Roberto Eduardo Pérez Águeda, presuntamente para la obtención de un relevante beneficio económico en favor de la estructura controlada formalmente por Antxon Alonso. Se trataba de adquirir de forma indirecta participaciones en Energías renovables de Quirón y Energías Renovables de Satet, mediante un desembolso de 141.404 euros. Posteriormente, ambas fueron transmitidas por 6,8 millones en valores una entidad que correspondía a la esposa e hijos de Samper.

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