El Gobierno marca distancias con Ábalos y reserva el 'lawfare' para los casos Begoña Gómez y David Sánchez

El Gobierno sigue dispuesto a resistir a la tormenta judicial, esperando a que escampe durante el parón estival, y la estrategia pasa por mantenerse bajo la coraza frente a la concatenación de golpes de los tribunales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por guardar silencio tras la sentencia condenatoria del caso mascarillas contra el exministro José Luis Ábalos y no se movió del guion previsto durante una comparecencia este lunes, rodeado de varios ministros, sobre los fondos europeos. En Moncloa se trataba de pasar página y desvincularse del exministro volviendo a marcar distancias, con el argumento de que en su día ya se le expulsó del grupo parlamentario y del partido, antes incluso de iniciarse el procedimiento judicial.

El varapalo de la condena a 24 años por mordidas en los contratos de mascarillas durante la pandemia sí ha obligado a acompañar su valoración del reconocimiento sobre el daño por la “corrupción” y a defender que durante estos años se habría “impulsado numerosas leyes y regulaciones” para atajarla. No obstante, en privado se considera que la condena es “desproporcionada”, en línea con lo expresado únicamente en público por el ministro de Transportes, Óscar Puente. Sobre todo por la rebaja al nexo corruptor, Víctor de Aldama, quien tras colaborar con la justicia vio suspendida su ejecución de pena, reducida a cuatro años y medio. Además, fuentes del Ejecutivo no se resisten a comparar este caso con el del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien fue absuelto por su actividad como comisionista en contratos de mascarillas.

Para no engordar la presión ejercida por la oposición, con Alberto Núñez Feijóo reclamando la dimisión de Pedro Sánchez tras la sentencia y la convocatoria de elecciones, el jefe del Ejecutivo esperará 24 horas más para dar explicaciones. Lo hará, como estaba previsto, en una comparecencia a petición propia este miércoles en el Congreso para dar cuenta de los casos de corrupción que cercan al PSOE y al Gobierno y normalizar su intervención informando también de la última reunión del Consejo Europeo. En Ferraz ya se adelantaron este lunes intentando neutralizar la petición de Feijóo cuestionando que “antes de lanzar su propia moralina barata, debería explicar por qué es incapaz de exigir una sola explicación a Isabel Díaz Ayuso”.

Con una acumulación de casos, investigados y ahora ya sentencias sobre la mesa, en el Ejecutivo se reservan el comodín del ‘lawfare’ como último recurso para contener la desmovilización en sus filas a los casos Begoña Gómez y David Sánchez. Tanto en público como en privado se refieren a una persecución política en estas instrucciones y algunos ministros hablan abiertamente de prevaricación por parte del juez Juan Carlos Peinado, quien ha tomado medidas cautelares contra Begoña Gómez con la retirada de su pasaporte al considerar riesgo de fuga con la posible connivencia para ello de sus escoltas policiales.

“Cuestionamos toda la instrucción”, arremeten en el Ejecutivo para asegurar que estaría “llena de disparates”. Un procedimiento del que acusan al juez tanto de “ensañamiento” como “acoso con intenciones políticas” a la mujer del presidente. Visiblemente indignados, apuntan a que “este atropello se debería haber parado hace mucho tiempo”, recordando que están pendientes de resolver diversos recursos contra la instrucción.

Sin asunción de responsabilidades políticas

El Ejecutivo utiliza el argumento de que ya actuó con contundencia contra José Luis Ábalos, al igual que contra su sucesor en la secretaria de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para negarse a asumir responsabilidades políticas. Ni siquiera ‘in vigilando’ y tras la sentencia del Supremo, como tampoco ante la investigación sobre la presunta trama del caso Leire Díez. Se recuerda asimismo que en su día, el jefe del Ejecutivo pidió perdón a la ciudadanía.

En la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno se mueve en una posición intermedia. Si bien se aleja esta causa de una supuesta guerra sucia judicial, cómo en el caso de las causas contra Begoña Gómez y David Sánchez, se mantiene la confianza en la inocencia del expresidente, plegándose a su estrategia de defensa. En lo que tiene que ver con el rescate a la aerolínea Plus Ultra, como en las joyas encontradas en su despacho y tasadas en 1,3 millones de euros.

El jefe del Ejecutivo también intentará poner en valor durante su comparecencia este miércoles ante el Congreso el impulso legislativo y regulatoria frente a la corrupción. A nivel orgánico, se defiende asimismo el endurecimiento de los controles internos. Desde el compromiso “a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada”, argumentaban en el Ejecutivo tras el terremoto de la sentencia por el caso de las mascarillas.

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