El exconseller y diputado Joan Ignasi Elena rechaza ante el juez un favor político en una contratación investigada

El diputado de ERC y exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha rechazado ante el juez que el Ayuntamiento de Altafulla contratara a su despacho de abogados entre 2011 y 2019 por afinidad política, ya que no conocía al alcalde, el también investigado Fèlix Alonso Catorné, cuyo partido político, los Comuns, ha añadido, era un rival, según fuentes jurídicas presentes en la declaración. El parlamentario catalán ha declarado como investigado, asistido por el abogado Josep Riba, ante el magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Carlos Ramos.

Elena ha declarado este lunes durante más de una hora y ha respondido a las preguntas de todas las partes: juez, fiscalía y defensas. El exconseller ha relatado que, cuando se contrató a su despacho de abogados, él no ejercía ninguna responsabilidad política y se dedicaba en exclusiva a su profesión de letrado. En su interrogatorio ha negado la comisión de cualquier "ilegalidad" y ha precisado que desde el Ayuntamiento de Altafulla nadie le avisó de que los contratos menores de servicios no podían renovarse automáticamente, como ocurrió, sino que debía convocarse un concurso público. Todos los trabajos encargados, ha defendido el diputado en su interrogatorio, se realizaron.

En todo caso, según la defensa, no se trataría de un delito, sino de una cuestión de responsabilidad administrativa que comportaría que el despacho del diputado tendría que devolver unos 600 euros. Elena, según las mismas fuentes, ha explicado que ese tipo de contratación menor es frecuente en los municipios y son servicios que, por una y otra razón, el ayuntamiento no puede cubrir, como es el caso de Altafulla, donde faltaba un técnico en urbanismo. Elena no tuvo ninguna actividad política del 2014 a 2021 y solo ejerció de abogado. El cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Altafulla provocó, incide la defensa, que se dejara de pagar la última factura por eses servicio de asesoramiento. La contratación, precisa, fue controlada e informada favorablemente por el secretario del ayuntamiento y la interventora municipal.

También ha declarado este lunes como imputado el exdirigente de ICV, Joan Herrera, que durante una época estuvo como administrador de la sociedad que gestionaba el despacho donde estaba el diputado Elena. En este sentido, Herrera, defendido por la abogada Laia Tejada ha precisado que estuvo como administrador "formal", pero "no material", a la vez que ha añadido que cuando se produjo la prórroga del contrato bajo sospecha él ya no estaba en esa firma, pues fue nombrado director del Institut para la Diversificación y Ahorro de la Energía, un organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

La apertura de esta causa se debe a los “indicios” existentes respecto al diputado de ERC en la exposición razonada remitida por la jueza de El Vendrell, que hasta ahora se había hecho cargo de la instrucción. Según la resolución del TSJC, "una de las conductas investigadas consistiría" presuntamente en que los investigados se habrían concertado “en su propio interés” y “violentando los principios y las reglas que regían” en materia de contratación pública, que exigirían una licitación pública y no discriminatoria.

La adjudicación

Los encausados, según los investigadores, se habrían aprovechado de la figura administrativa del contrato menor para contratar supuestamente un servicio de asesoramiento jurídico externo que venía prestando un despacho de abogados y que pasó a desempeñar la firma Sinergia Energia Dret i Medi Ambient —Sinergia EDM—, de la que serían socios y administradores solidarios, entre otros, Joan Ignasi Elena y Joan Herrera. Esa contratación se habría realizado presuntamente de forma irregular.

En este sentido, el auto, que recoge la exposición razonada de la jueza de El Vendrell, precisa que los encausados se habrían aprovechado de la figura administrativa del contrato menor para contratar supuestamente un servicio de asesoramiento jurídico externo, que venía prestando un despacho de abogados y que pasó a desempeñar la firma Sinergia Energia Dret i Medi Ambient -Sinergia EDM-, de la que serían socios y administradores solidarios, entre otros, Joan Ignasi Elena y Joan Herrera. Esa contratación se habría realizado presuntamente de forma irregular.

Según el TSJC, los servicios de asesoramiento habrían sido facturados por la mercantil Sinergia de forma mensual por un importe de 1.300 euros más IVA, mediante la emisión de 13 facturas con el concepto de asesoramiento. Además, fuera de contrato, se habrían emitido otras nueve facturas más por igual importe y por labores similares, que habrían sido pagadas, salvo dos de ellas, en 2019. La suma de las 22 facturas emitidas entre el 11 de noviembre de 2017 y el 31 de julio de 2019, que fueron pagadas por el Ayuntamiento de Altafulla, ascendió a un total de 25.046,67 euros, más 5.259,80 euros de IVA, una cantidad que superó el precio del contrato, que era de 15.600 euros más 3.276 euros de IVA.

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