Aldama se libra de entrar en prisión y de pagar la multa de 3,7 millones que pedía el fiscal

El Tribunal Supremo ha condenado a 4 años y medio de cárcel al comisionista Víctor de Aldama, pero suspende la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos cometidos por la organización criminal liderada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el asesor Koldo García. Para ello el fallo exige a este empresario la condición de no delinquir durante cinco años, presentar un informe semestral de actividades y hacer durante un año trabajos en beneficio de la comunidad, para que "de manera simbólica repare el mal causado a la sociedad española". Sí le impone una multa de 72.000 euros y le condena a devolver, de manera solidaria con Ábalos y Koldo García, los 430.298 euros provenientes de los cohechos que disfrutó la organización criminal.

La sentencia absuelve a Aldama del delito de aprovechamiento de información privilegiada. De esta forma, no tendrá que abonar una multa de 3.713.981 euros, que según la Fiscalía Anticorrupción es el beneficio generado por el comisionista por los contratos de mascarillas adjudicados por Puertos del Estado y ADIF a la empresa Soluciones de Gestión.

“La colaboración sirve”, ha afirmado Aldama tras conocer el fallo, que rebaja incluso los 7 años que reclamó la Fiscalía Anticorrupción. En declaraciones a la prensa, ha asegurado estar “satisfecho con la sentencia”. “Espero que los demás que vienen detrás colaboren”, ha completado. No obstante, el fallo recuerda que Aldama ha realizado "conductas de corrupción, a autoridades y funcionarios públicos lesionando, de esta manera, bienes jurídicos colectivos de máxima relevancia constitucional".

Pero los magistrados explican que el comisionista, "iniciada la instrucción judicial, [...] decidió colaborar en la investigación, proporcionando datos fácticos relevantes a la misma". En concreto entregó "documentación sobre viajes, ingresos económicos a los otros acusados y contratos de arrendamientos de inmuebles referenciados en los anteriores hechos, que han sido objeto de análisis y pericia para corroborar sus manifestaciones, reconociendo su participación en los hechos y afirmando las de los otros acusados". También aportó documentación que ha sido remitida "a otros juzgados para su investigación", en alusión a la Audiencia Nacional.

En el informe que se presente cada seis meses en el Supremo, Aldama deberá "informar de las actividades laborales, mercantiles o empresariales que desarrolle, justificándolas convenientemente, y así comprobar que el condenado, con la ejecución suspendida, observa la norma".

Suspensión extraordinaria

En la sentencia, los magistrados explican que la "cuantía de las penas individuales impuestas por cada delito, al no superar ninguna los dos años de prisión, abre la vía a la suspensión extraordinaria prevista en el artículo 80.3 del Código Penal". Además, no identifican "razones relacionadas con la trayectoria criminal" de Aldama "que impidan conceder la suspensión extraordinaria".

En concreto, las penas impuestas a Aldama son de un año de prisión por el delito de organización criminal; dos penas de un año y seis meses de prisión por dos delitos de cohecho y dos penas de tres meses de prisión por dos delitos de cohecho.

24 años para Ábalos y 19 años para Koldo

En sentido contrario, el Tribunal Supremo ha condenado de forma unánime al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de de cárcel --aunque cumplirá un máximo de 15 años y 8 meses-- por hasta nueve delitos derivados de la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes y cobro de mordidas relacionadas con diversas actuaciones junto al que fuera su exasesor ministerial, Koldo García, cuya condena se eleva a 19 años. En concreto, se les condena por organización criminal, varios cohechos, malversación y tráfico de influencias.

El juicio por la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes quedó visto para sentencia en mayo pasado con la última palabra de los acusados. Fue entonces cuando empezó la cuenta atrás para que el Tribunal Supremo dictara la sentencia conocida este lunes tras las deliberaciones desarrolladas por el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez-Arrieta, y los magistrados Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Susana Polo, Andrés Palomo, Javier Hernández y Eduardo de Porres.

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