Vox fuerza una nueva votación en el Congreso sobre la 'prioridad nacional' en plena negociación con el PP en Andalucía

La polémica 'prioridad nacional' que PP y Vox han imprimido a los acuerdos autonómicos alcanzados en Extremadura, Castilla y León y Aragón llegó al Congreso hace un mes y medio. Y, curiosamente, fue el PP quien, en un intento por controlar el debate, trató de apropiarse del término, vinculándolo a la "legalidad vigente" y marcando cierta distancia con los de Santiago Abascal. Ahora, en plenas negociaciones para conformar gobierno en Andalucía, la formación de extrema derecha echa un nuevo pulso a los populares con una iniciativa en la que exige aplicar la prioridad nacional al acceso a la vivienda.

Tras enfrentarse esta semana a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el pleno del Congreso, Vox impulsará la semana que viene una moción en la que piden "garantizar que los españoles siempre vayan primero para comprar, alquilar o recibir una vivienda social". El texto no saldrá adelante, pero servirá para forzar una vez más al PP a posicionarse ante esta cuestión, pese a que ya ha asumido el término en los acuerdos autonómicos.

Los populares aseguraron hace unas semanas que se sienten "cómodos" con este concepto, aunque no como lo entiende Vox. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, explicó que su formación lo ve "como el arraigo que hay que tener para acceder a determinados servicios públicos". Es decir, tratan de desvincular la idea de si una persona es extranjera o no y enlazarla con el tiempo que alguien lleva en un territorio y los vínculos que mantiene con esto. Aquí está la principal disputa entre ambas formaciones.

La nueva propuesta

A finales de abril, el PP ya votó en contra de una iniciativa de Vox que planteaba imponer la prioridad nacional en el Sistema Nacional de Salud. El problema surgió porque los ultras también pedían la "remigración" de todos los extranjeros que estaban en España sin contribuir a la economía nacional. En la moción que se debatirá el próximo martes, antes de entrar a hablar de la cuestión de la vivienda, ponen el foco en la necesidad de frenar la llegada de migrantes a España, cuestión que señalan como una de las causas de la crisis de vivienda.

"Detener de raíz todas las políticas migratorias de efecto llamada, fronteras abiertas, regularizaciones masivas y concesión abusiva de la nacionalidad que han incrementado extraordinariamente la demanda de vivienda en España", solicitan. Acto seguido, plantean "la repatriación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en España y la deportación de los que, al margen de su situación administrativa, cometan delitos o traten de imponer costumbres o valores ajenos a la cultura occidental". Aquí, una vez más, vuelven a hablar de "remigración".

Después, ya entrando en materia de vivienda, exigen aplicar la prioridad nacional para la adquisición o alquiler de vivienda de una vivienda, llegando a plantear modificaciones legales para que las personas que se encuentren en situación irregular no puedan firmar un contrato de arrendamiento. Por último, proponen un sistema fiscal diferenciado que favorezca a ciudadanos o empresas españolas frente a extranjeros, con independencia del nivel de renta o de si se trata de un gran tenedor.