El Congreso aprueba la ley que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad

Los partidos del Gobierno -PSOE y Sumar- y todas las formaciones de la derecha -PP, Vox, Junts, PNV y UPN- han aprobado este jueves en el Congreso la reforma de la Ley General Penitenciaria para reconocer a los funcionarios de prisiones el carácter de agentes de la autoridad. Con esta extraña aritmética parlamentaria y con una medida largamente demandada, todos los partidos han tratado de erigirse como muñidores del acuerdo en un pleno que, por momentos, ha tenido más de campaña electoral, con los funcionarios de prisiones como únicos votantes, que de debate legislativo.

Tras años con iniciativas sobre la mesa, algunas impulsadas por populares y otras por socialistas, en el último mes ambos partidos lograron un acuerdo a tres bandas con Junts, que después han avalado Vox, Sumar y Junts. Fuera solo se han quedado ERC, EH Bildu, Podemos y el diputado del BNG. La proposición de ley, que aún deberá obtener el visto bueno del Senado, pasa a considerar a los funcionarios públicos de prisiones "agentes de la autoridad" y les habilita a identificarse como tales en procesos administrativos y judiciales. En Catalunya, que tiene transferida la competencia en prisiones, ya se aprobó este cambio en enero.

No obstante, lo más relevante es que ante procedimientos disciplinarios sancionadores, su testimonio constituirá "base suficiente para adoptar la resolución que proceda". Además, con esta reformar, la administración deberá "resarcir económicamente" a los funcionarios cuando "sufran daños personales o materiales en acto o con ocasión del servicio" y, por último, en caso de que un funcionario de prisiones se vea envuelto en un procedimiento penal se le garantizará la separación del resto de los detenidos. Estas dos últimas prerrogativas se aplicarán también al personal laboral.

Debate electoral

Con la tribuna de invitados repleta de funcionarios de prisiones, el debate ha tenido tintes de mitin electoral. El diputado de Vox David García ha dirigido casi todo su discurso a las alturas del hemiciclo. "Damos un paso más hacia las justas reivindicaciones que lleváis reclamando una época", les ha dicho a los funcionarios presentes antes de asegurar que seguirán trabajando para lograr más mejoras. Solo se ha dirigido a los diputados cuando, mirando hacia la bancada del PSOE, les ha avisado de que deben ir "aprendiéndose la jerga taleguera".

No se quería quedar atrás el parlamentario socialista David Serrada, que ha reivindicado que la ley se ha hecho sobre la base de una proposición de ley socialista, obviando que la Mesa del Congreso -con mayoría de PSOE y Sumar- bloqueó otras iniciativas similares del PP. También reconociendo el trabajo de los funcionarios de prisiones, ha aplaudido que garanticen la "seguridad", la "convivencia" y el "mandato constitución de la reinserción". Por último, y sin dejar pasar la rareza de los socios en esta votación, ha puesto en valor el "diálogo" y el "consenso" logrados.

La tercera en discordia en esta pugna electoral ha sido la diputada del PP Ana Belén Vázquez: "Créanme que no era fácil un acuerdo entre el PSOE, el PP y el PNV. No estamos en el mejor momento para llegar a un acuerdo con el Ministerio del Interior. En el momento en el que el Ministerio del Interior está salpicado de corrupción hasta las cejas, he priorizado la dignidad de los trabajadores por encima de cualquier voto o interés político". Todo ello pese a haber agradecido el trabajo a los diputados socialistas.

El rechazo de ERC

Fuera del acuerdo han quedado ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. Sin embargo, solo la diputada republicana catalana Pilar Vallugera ha subido a la tribuna de oradores para denunciar los "aires regresivos" de esta reforma. Pese a estar de acuerdo con buena parte del texto, ha dicho no compartir que la palabra de los funcionarios de prisiones vaya a ser determinante en los procedimientos sancionadores. Así, ha reprochado que se apueste por las "medidas coercitivas" y no por mejorar la vida de los trabajadores con la jubilación anticipada, con incrementos de plantilla, mejoras en las instalaciones o la reducción del número de presos por funcionario.

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