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CASO LEIRE DÍEZ

Un juzgado desestima la demanda de 30.000 euros de la mujer que se concertó con Cerdán y Leire Díez para perseguir al fiscal Grinda

El juez concluye "que no hay título imputacional válido para desplegar la responsabilidad civil extracontractual que se reclama, bien entendido, como acción u omisión culposa"

La Fiscalía admite que García Ortiz fue informado de las reuniones de Leire Díez con su ‘número dos’

Leire Díez en la rueda de prensa que ha ofrecido y ha aparecido Víctor de Aldama.

Leire Díez en la rueda de prensa que ha ofrecido y ha aparecido Víctor de Aldama. / José Luis Roca

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MADRID
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El titular de la Plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Majadahonda (Madrid) ha desestimado la demanda que interpuso Miriam Serrano, la mujer que se reunió con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para atacar al fiscal de Anticorrupción José Grinda, quien investigaba a varios integrantes de la trama de presunta extorsión de la 'fontanera' de los socialistas Leire Díez. También impone a Serrano el pago del abogado del representante del Ministerio Fiscal.

La resolución, de 22 de abril, recuerda que ya el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcalá la Real había dictado un auto el 3 de abril de 2013 acordando el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al no quedar debidamente acreditada la perpetración del delito. De esta forma, daba la razón al fiscal José Grinda en el pleito penal.

El fiscal José Grinda a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El juez titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, toma declaración como testigos en el ‘caso Leire Díez’ a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa, quienes denunciaron intentos de soborno para acceder a información confidencial de la Fiscalía y de la Guardia Civil, así como Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil investigado en el ‘caso Koldo’. La ex militante del PSOE Leire Díaz está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. 05 NOVIEMBRE 2025;JUICIO Gustavo Valiente / Europa Press 05/11/2025. JOSÉ GRINDA;Gustavo Valiente

El fiscal José Grinda a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El juez titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, toma declaración como testigos en el ‘caso Leire Díez’ a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa, quienes denunciaron intentos de soborno para acceder a información confidencial de la Fiscalía y de la Guardia Civil, así como Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil investigado en el ‘caso Koldo’. La ex militante del PSOE Leire Díaz está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. 05 NOVIEMBRE 2025;JUICIO Gustavo Valiente / Europa Press 05/11/2025. JOSÉ GRINDA;Gustavo Valiente / Gustavo Valiente / Europa Press

"Ya no es solo que las principales diligencias de instrucción se practicaran ante aquel juzgado y llegase a esta conclusión, sin verse rebatidas en este procedimiento (nada diferente a lo dicho allí aporta la madre de la actora; reproduce en sede civil el testimonio que aparecía reflejado en la jurisdicción penal) así como a su valor probatorio cualificado, sino que el contenido de la documentación va en esta dirección", destaca la resolución civil.

Pedía 30.000 euros

En la demanda, Serrano solicitaba los mencionados 30.000 euros más los intereses legales correspondientes y que condenaran al fiscal a pagar a su abogado. Pero el juez de Madrid sostiene "que no hay título imputacional (sic) válido para desplegar la responsabilidad civil extracontractual que se reclama, bien entendido, como acción u omisión culposa".

Archivo - El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Cerdán comparece ante la comisión casi un mes después de salir de prisión

Archivo - El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Cerdán comparece ante la comisión casi un mes después de salir de prisión / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Además, prosigue el magistrado, "tampoco hay prueba completa de la relación de causalidad y del importe cuantitativo que se reclama", al mismo tiempo que resalta que el hermano de la demandante se hizo "pasar por ella", por lo que "los 30.000 euros, en concepto de daño moral, tampoco tienen una base o asiento sólido derivado de datos objetivos".

Miriam Serrano logró iniciar el pleito civil al alegar que ni el auto de sobreseimiento provisional de 2013 ni el auto de 18 de julio de 2017 que declaraba prescrito el delito le fueron notificados debidamente. "Tras un peregrinaje por la jurisdicción ordinaria sin éxito, el Tribunal Constitucional le garantizó el acceso al expediente completo del procedimiento penal", explica el juez.

Esta sentencia es firme, por lo que Miriam Serrano tendrá que abonar todas las costas generadas en el pleito.

Decisión de Pedraz

El pasado lunes, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó librar un exhorto a la Plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Majadahonda (Madrid), para pedir testimonio completo del procedimiento seguido en el marco de la responsabilidad civil derivada siendo las partes José Grinda y Miriam Serrano, en el que se habría acordado señalamiento para la vista en abril de 2025.

Para salvaguardar la intimidad del fiscal, el magistrado ordena que, una vez sea recibido dicho testimonio, se forme una Pieza Separada Restringida denominada 'Documentación Juzgado de Majadahonda' "a fin de no incorporar a la causa aquello que afecte a los derechos fundamentales de las partes (honor, intimidad, propia imagen ...), quedando solo aquello que pueda tener interés para la misma".

Declaración ante la UCO

Precisamente, en su declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Miriam Serrano reconoció que se reunió en la sede del PSOE en la Calle de Ferraz de Madrid con el ex secretario de Organización de esta formación política Santos Cerdán. Y al ser interpelada sobre si conocía al diputado Juan Francisco Serrano y si este intervino en el proceso de su contratación por parte de la empresa Residuos Urbanos de Jaén SA, la testigo relató que le conoció "en la reunión mantenida en Ferraz".

Después explicó que dos personas que le ayudaron en el procedimiento judicial contra el fiscal Grinda y un periodista "hablaron con Juan Francisco Serrano" para tratar de que ella tuviera "una situación económica más estable". Fue contratada por la empresa Residuos Urbanos de Jaén.

Santiago Pedraz

Por eso, Pedraz también se ha dirigido a la empresa Residuos Urbanos de Jaén para que le informe de la relación laboral que esta firma ha mantenido con Miriam Serrano. Y también que aporte "la documentación o información relacionada con el proceso de selección seguido por la empresa para su contratación".

En este sentido, Leire Díez alardeó en un mensaje interceptado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de su intermediación para que el diputado del PSOE por Jaén buscara trabajo a Miriam Serrano: "Juanfran ha sido obediente", se vanaglorió de forma literal la "fontanera", en alusión al resultado de las gestiones que le habría encargado al que fuera número dos del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Ismael Oliver (i) y Nervis Villalobos en el Congreso de los Diputados

Ismael Oliver (i) y Nervis Villalobos en el Congreso de los Diputados / EL PERIÓDICO

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) requisaron 258.000 euros en efectivo al registrar, a petición de la Fiscalía de Zúrich (Suiza), la vivienda en Madrid y las oficinas profesionales del exviceministro venezolano de Energía Nervis Villalobos, según explican fuentes del caso a esta redacción. Según Pedraz, este excargo del Gobierno de Hugo Chávez, en colaboración con su abogado, Ismael Oliver, habría anunciado a la "fontanera" del PSOE "la posibilidad de abonar 300.000 euros al fiscal José Grinda por, entre otras cosas, archivar sus procedimientos".

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