Las acusaciones en el juicio a Julio de España: “Los tactos rectales fueron un paripé para dar rienda suelta a sus instintos libidinosos”

Visto para sentencia en la Audiencia de Alicante el juicio al médico y exdirigente del PP provincial Julio de España. Las acusaciones han mantenido las peticiones de hasta ocho años de prisión por los delitos de abuso sexual y trato degradante mientras que desde la defensa se ha pedido la absolución. Para las acusaciones, el tacto rectal al que fueron sometidas las dos denunciantes ni estaba justificado, ni se les informó previamente de ello ni hubo un consentimiento válido para practicar la prueba. Desde la defensa se negaron tocamientos libidinosos y se incidió en que se trataba de una prueba "proporcional, eficaz e inocua" para descartar patologías de manera inmediata, lo que cuestionan los dos peritos judiciales. El propio Julio de España, que fue presidente de la Diputación de Alicante y de las Cortes Valencianas, aprovechó el turno de última palabra para poner en valor sus más de cuarenta años de experiencia médica. "Siempre he tenido un trato exquisito con mis pacientes", ha recalcado.

La Fiscalía reclama penas que suman hasta ocho años de prisión por trato degradante y abusos sexuales tras la denuncia de dos pacientes que acudieron a la consulta del médico para someterse a pruebas de intolerancia alimentaria. Los dos casos están separados por un lapso de dos años de diferencia y, aunque las mujeres no se conocían entre sí, hacen un relato prácticamente idéntico del modus operandi del acusado, a quien tampoco conocían hasta el día que acudieron a su consulta en un centro privado ni tenían ningún interés en perjudicarle.

La primera acudió a la consulta en noviembre de 2021, pero decidió no denunciar. Sin embargo, cambió de parecer cuando en agosto de 2023, a través de una amiga común, supo que había otra mujer que había vivido la misma experiencia desagradable que ella. En ambos casos, en un momento dado de la consulta, el procesado les dijo que se pusieran “a cuatro patas” en la camilla porque las iba “a castigar”.

En el caso de la primera mujer, dijo que en la exploración llegó a palparle la vagina. También que, en el transcurso de la prueba, dijo que «el presidente ha dicho que los heterosexuales tenían que mantener relaciones sexuales anales porque era sano para las enfermedades». Las acusaciones sostienen que ni la prueba estaba justificada para los síntomas que presentaban y que este tipo de comentarios estaban totalmente fuera de lugar.

El fiscal Ángel Luis Meana puso el énfasis en la formación sanitaria de una de las denunciantes. "Una enfermera sabe distinguir lo que es una prueba médica de un tocamiento libidinoso", dijo, para incidir en que en ambos casos el tacto rectal ni estaba justificado, ni era una prueba imprescindible ni ninguna de las dos pacientes recibió la información previa preceptiva.

Para el fiscal, el hecho de que las mujeres se quedaran paralizadas “no implica un consentimiento expreso”, al tiempo que señaló que el acusado ni siquiera les explicó cuál era el sentido de la prueba. "Consentir no es obedecer", aseguró el representante del Ministerio Público que insistió en la situación de “humillación y desconcierto” que vivieron las dos víctimas en la consulta donde, además, no había personal auxiliar presente.

Manipulación de los informes

Por su parte, la acusación particular que ejerce en nombre de una de las víctimas el abogado Antonio Lacava subrayó que el polémico reconocimiento rectal tuvo “una connotación sexual en la que el acusado se aprovechó de su condición de facultativo para efectuar tocamientos libidinosos”. "El tacto rectal fue un paripé del acusado para dar rienda suelta a sus instintos con una prueba invasiva y especialmente humillante”.

Las dos acusaciones aseguraron que hubo una manipulación de los informes médicos, que se aportaron a posteriori para tratar de buscar una justificación al tacto rectal. En este sentido, la abogada María Jesús Álvarez, que representa a la segunda víctima, subrayó que en los citados expedientes se justificaba la prueba porque la paciente tenía antecedentes de rectorragia (presencia de sangre en las heces). "El acusado no pudo saberlo en ese momento, porque ella no se lo dijo durante la consulta. Se trata de un dato que apareció después cuando se aportó todo el historial a raíz de que se presentara la denuncia". La letrada ha incidido en que "acudir a una consulta no implica el aceptar exploraciones íntimas no explicadas. El médico no es dueño del cuerpo del paciente para practicar lo que le viene en gana". Ambas acusaciones reclaman seis años de prisión por sus respectivas víctimas.

Una prueba no proscrita

Mientras que las acusaciones se basan en los informes de los peritos del juzgado para sostener la tesis de que no había síntomas que justificaran el tacto rectal, desde la defensa, la abogada Begoña Fernández Planelles ha incidido en que "estos peritos no han sido testigos de los hechos y dan por cierto todo lo que ellas les han contado". La letrada se apoyó en los informes de los peritos de la defensa, que tampoco los presenciaron, para sostener la idoneidad del tacto rectal. "No es un procedimiento proscrito en España", ha dicho, añadiendo que no hubo intención alguna por parte del facultativo acusado de humillar a las pacientes con dicho reconocimiento.

Tras el informe de la abogada, intervino el propio De España, que hizo uso de su turno de última palabra para proclamar su inocencia con un relato de su trayectoria profesional como médico. "He pasado los días más amargos de mi vida después de la muerte de mis padres", ha confesado al tribunal. El doctor ha esgrimido sus 40 años de carrera y los más de 20.000 enfermos atendidos sin una sola queja previa para defender su honorabilidad: "Siempre he tenido un trato exquisito y humano con mis pacientes".

Respecto a la falta de información denunciada, el acusado ha dado una explicación singular: señaló que no suele comentar qué enfermedad busca "para no preocupar" a los pacientes. Sobre la reacción de las víctimas, apuntó a un choque generacional: "Ellas querían un test y vieron que les atendía un médico viejo... yo no percibí esa sensación violenta de incomodidad, las traté con total normalidad". El exdirigente popular concluyó asegurando que, cuando supo de la denuncia, pensó que se trataba de una "broma" y finalizó reafirmando su confianza en el tribunal.

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