Los alcaldes del PP en la zona de la dana también cuestionan el relato de Mazón y su equipo

La transmisión de la información se ha revelado como uno de los principales problemas de la gestión de la emergencia de la dana junto a la escasa coordinación entre autoridades, pese a la reunión del Cecopi de aquella fatídica tarde del 29 de octubre. Los alcaldes que hasta ahora han pasado a declarar por el juzgado de Catarroja, todos del Partido Popular, han dibujado un escenario de la emergencia en el que las corporaciones locales actuaron por iniciativa propia cancelando clases o enviando a los trabajadores a sus casas sin instrucciones de la Generalitat Valenciana más allá de los avisos por correo o fax. Incluso fueron algunos de ellos los que habrían avisado del desbordamiento del barranco del Poyo a autoridades superiores que estaban presentes en el Cecopi. Sin éxito, porque nadie allí habló del barranco que convirtió l'Horta Sud en la 'zona cero' de la catástrofe.

Quizá la comparecencia más reveladora fue la del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, porque fue el dirigente que optó desde primera hora de la mañana por cancelar las clases en su municipio. Tomó la decisión, según dijo, sobre las siete de la mañana sin haber recibido comunicación alguna de ninguna institución y tras el aviso de las dificultades que estaba atravesando la empresa de transporte, tres horas antes de que se activara la alerta roja en su municipio. Entonces, y a raíz de las noticias que iba recibiendo -citó al periódico Levante-EMV- convocó la reunión de emegencias municipal para la una de la tarde, "consciente de que se podía desbordar el río".

Una hora después, ya en plena inundación, llamó a la consellera de Interior, Salomé Pradas, y a partir de ahí, al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompo, la delegada del gobierno, Pilar Bernabé; y el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset. "Hasta ese momento nadie pensaba en venir a Utiel", declaró el alcalde ante la jueza. Gabaldón aportó el listado de llamadas salientes pero se desconoce si habló con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, porque no figuran las llamadas entrantes. Mazón dijo en primera instancia que sí habló con el munícipe pero en su listado, Gabaldón tampoco aparece.

En cualquier caso, lo que las comunicaciones entre el ayuntamiento y Emergencias parecen indicar es que no era demasiado fluida la coordinación entre el departamento autonómico de Emergencisa y los entes locales. En una llamada a las 12.40 horas, una hora antes de que el desbordamiento del Magro desatara el caos en la localidad, una funcionaria municipal pedía hablar con el centro de emergencias. "Para coordinarnos", explicó. "¿Para coordinarme? No nos coordinamos en nada, no sé yo...", fue la respuesta de un técnico autonómico, que recordaba que "cada ayuntamiento" el que "monta sus estructuras", en referencia a los Cecopal.

Cabe recordar que Gabaldón era el diputado provincial de Personal en la Diputación de Valencia. Allí, los técnicos del área decidieron enviar a la plantilla a casa a las 14 horas de la tarde sin ninguna instrucción política al no poder contactar con el diputado ni con el presidente provincial. Se hizo, según un informe de la corporación, "a la vista de la preocupación detectada por parte de las personas trabajadoras y consultadas las previsiones de la Aemet, que indicaban una clara alerta roja”.

En Requena, su homóloga entonces Rocío Cortés confirmó haber informado a la población y haber actuado sin instrucciones de la Generalitat Valencia, suspendiendo las clases con alerta amarilla y naranja a las 7.20 horas de la mañana. A las 13 horas convocaron el Cecopal para acordar la solicitud de intervención de la UME y contactar con medios de comunicación. Cortés fue a media mañana a una entrevista radiofónica, donde, según un informe redactado por ella misma, hizo "un llamamiento público por antena para que la población vuelva a sus casas".

No fue hasta las 15.17 horas, cuando habló con la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, y con el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. La UME se había activado. Los 'whatsapps' aportados a la causa por la exalcaldesa exponen cómo fue la toma de decisiones entre los concejales desde el alba, cerca de 13 horas antes de que la administración autonómica avisara a la población a través del sistema ES Alert.

Los avisos del desbordamiento del Poyo

Amparo Fort, la que fuera alcaldesa de Chiva, municipio ubicado en la cabecera del barranco del Poyo, también negó haber recibido indicaciones de Emergencias: "Ese día nada. Y nada de prevención. Nada de nada de nada". Aunque admitió que desconocía lo que era un Cecopal, sí insistió en que estaban pendientes de Aemet y que en el consistorio no recibieron "ningún email, ni ese día ni en días anteriores". Le llamaron de la Diputación sobre las 17 horas para saber cómo estaba el barranco y entonces iba "bien", pero tan solo media hora después ya había llamadas al 112 "con problemas muy graves". Entre las 18.30 y las 19 horas, según dijo, tuvo que llamar al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, que estaba presente en la reunión de emergencias autonómica, el Cecopi, para advertirle de las inundaciones. Allí no dijo nada.

No fue la única que avisó a alguien que estaba en el Cecopi. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, llamó a las 18.38 horas al presidente de la Diputación para alertarle de las inundaciones aguas abajo, en l'Horta Sud, por el desbordamiento del barranco de l'Horteta, tributario del Poyo. Mompó negó en su momento hablar con ningún alcalde de la 'zona cero' pero el listado de llamadas de Folgado acredita un contacto de 39 segundos, así que la jueza ha vuelto a citar al dirigente provincial para que aclare esta incongruencia.

Tras todas estas declaraciones, uno de los dos investigados en la causa, el que fuera 'número dos' de Emergencias, Emilio Argüeso, que hasta las siete de la tarde de aquel era el responsable en muchas comarcas, ha emprendido una batalla para que se tengan en cuenta las alertas de Emergencias enviadas por correo electrónico y fax a los ayuntamientos, y ha pedido a la jueza que investigue si los ayuntamientos de Utiel, Requena y Chiva efectivamente recibieron dichas comunicaciones, donde se declaraban los diferentes niveles de emergencia.

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