Feijóo opta por una oposición de perfil bajo ante la crisis del PSOE pese a las presiones internas

Alberto Núñez Feijóo es acusado, desde que desembarcó en Madrid en 2022 tras trece años seguidos gobernando la Xunta de Galicia con mayoría absoluta, de una cosa y de prácticamente su contraria. Muy duro para muchos en ocasiones, y muy blando para otros, en lo que sin duda es el sino de todo aquel que ocupe un despacho en la séptima planta de Génova. En las dos últimas y tumultuosas semanas, después de la imputación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha vuelto a poner patas arriba la vida pública española, a lo que siguió esta misma semana el registro en la sede del PSOE de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Feijóo ha medido más que nunca sus actos y sus palabras, sobre todo sus actos. Y pese a las presiones internas, y a las de las órbitas intelectuales de la derecha, ha hecho y dicho más bien poco, comparado sobre todo con lo que se le reclama o con lo que él mismo dijo e hizo, esto último sobre todo, el año pasado, cuando el estallido del caso Cerdán ya puso en solfa como nunca antes a Pedro Sánchez, quien sin embargo decidió seguir adelante.

La consigna que ha dado a su equipo es la de tranquilidad y normalidad, a diferencia de lo ocurrido en 2025, donde se reaccionó ante los escándalos que salpicaban al PSOE con una severa reacción que incluyó manifestaciones (con gran éxito de convocatoria) con lemas como el de "mafia o democracia". Ahora, y cuando el cerco parece estrecharse sobre el PSOE y el Gobierno, tras los autos de dos jueces de la Audiencia Nacional, José Luis Calama y Santiago Pedraz, sobre Zapatero y sobre el caso Leire, ni se llama a la movilización, ni se pide siquiera la dimisión de Sánchez y ni se pronuncian tampoco palabras más altas que otras, sobre todo en comparación con otras veces. El jueves en un acto de partido en Leganés, una de las pocas ciudades del sur de la Comunidad de Madrid con un alcalde del PP, Miguel Ángel Recuenco, Feijóo afirmó que haría "todo lo posible" por un cambio de Gobierno, algo que copó titulares y comentarios. Muchos omitiendo las palabras que llegaron justo a continuación: "España necesita una reacción democrática y política".

Ajeno a las mencionadas presiones internas de quienes creen que la moción de censura, incluso para perderla, sería una maniobra audaz que daría impulso político al PP, y que obligaría a retratarse a todos los grupos parlamentarios, incluidos los aliados del Gobierno, Feijóo está empeñado en que no se perciba a su formación como centrada exclusivamente en la denuncia de esos casos de corrupción. Desde su equipo explican así una estrategia de largo aliento: "Nuestro mensaje tendrá entrada en los medios o no, pero nadie podrá culparnos ni de la crispación ni de la desatención de los problemas de la gente. Tenemos clara la lista de preocupaciones de los españoles y la haremos coincidir con la lista de prioridades del Partido Popular".

"Solo hablamos de autos"

Con esa lección interiorizada, la vicesecretaria de Organización, Alma Ezcurra, número tres del Comité de Dirección popular, compareció este viernes en rueda de prensa para lamentar que la corrupción estuviese centrando la conversación pública. "Ya no hablamos de vivienda, no hablamos de impuestos, no hablamos de inmigración... no hablamos ni de prioridad nacional; hablamos de tráfico de influencias, de cohecho, de apropiación indebida, falsedad documental, obstrucción a la justicia... no hablamos de leyes, solo hablamos de autos", señaló.

Los estrategas de Génova vienen apuntando desde hace semanas, antes incluso del caso Zapatero o de la reactivación tras el auto de Pedraz del caso referente a Leire Díez, la conocida como 'fontanera' del PSOE, que la abultada agenda judicial que salpica a Sánchez y a su Gabinete no alterará la agenda de propuestas del PP. "Nosotros, a lo nuestro, son ellos los que tienen un largo viaje", subrayan de manera gráfica. Y así, por ejemplo, los momentos álgidos del juicio del caso mascarillas, que sentó por primera vez en el banquillo al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, coincidieron con actos de Feijóo sobre vivienda, o sobre el acoso a los menores a través de las redes sociales, dos problemáticas ciudadanas fundamentales en las que el líder de la oposición quiere poner un foco especial.

Esta última semana, en la que el líder de la oposición pronunció su discurso más claro y nítido sobre la corrupción, el mencionado de Leganés, tampoco perdió su agenda otros acentos, como tampoco lo hará la semana entrante, como todas las primeras de mes sin pleno en el Congreso de los Diputados y donde el martes Feijóo visitará el Cercle de Economía en Barcelona. El mismo jueves, Feijóo presidió en Génova un acto de discreta relevancia política en la coyuntura actual, pero de enorme valor simbólico de puertas adentro. Recibió a la ex líder del PP vasco, María San Gil, cuya ruptura con Mariano Rajoy hace más de una década provocó que un joven pupilo suyo, un tal Santiago Abascal, abandonase el PP para liderar una escisión por su derecha, Vox, que hoy es la tercera formación política de España. El motivo fue la proyección de un documento sobre Gregorio Ordóñez, el político donostiarra asesinado por ETA en 1995 en San Sebastián precisamente en presencia de San Gil, entonces su principal ayudante. A la proyección de la cinta, dirigida por Iñaki Arteta, acudió también la viuda de Ordóñez, Ana Iribar, aunque no su hermana Consuelo, presidenta de Covite, hace tiempo distanciada del PP.

El mensaje que pretende trasladar Feijóo es el de un líder que, aun siendo todo lo severo que quepa ser con los casos de corrupción, no está preso de ellos para trazar su oposición durante el último año de legislatura, que comenzaría este próximo otoño, siempre y cuando Sánchez no rectifique su declarada intención de agotar el mandato. Y por ello, y pese al clima reinante, su única exigencia concreta ahora mismo es la de reclamar un adelanto electoral, ni siquiera la dimisión de Sánchez.

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