Dos años de la ley de amnistía: ¿quién se ha beneficiado de ella y quién sigue pendiente?

La ley de amnistía ya ha llegado a su segundo aniversario y buena parte de los ideólogos de la norma siguen pendientes de que se les aplique. Es el caso de los líderes políticos del referéndum del 1-O que fueron condenados por el Tribunal Supremo, como el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras; pero también de los que tienen la causa abierta y que no llegaron a juicio porque huyeron de la justicia española, como el expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Todos ellos siguen a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, según las fuentes consultadas, llegará a partir de septiembre.

Pero, ¿cuál es el balance de la aplicación general de la ley? Por ahora, se han beneficiado de ella otros 64 políticos y cargos públicos, mientras que a otros 93 se les ha denegado o siguen pendientes de su resolución, al tiempo que han sido amnistiados miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Los dirigentes independentistas a los que el Tribunal Supremo condenó por el 'procés' y los que se encuentran fuera de España tienen la vista puesta en el Tribunal Constitucional, que deberá resolver sus recursos. Los magistrados del TC están esperando para decidir la sentencia que debe dictar sobre la amnistía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Supremo consideró en su día que el delito de malversación por el que se condenó a los líderes del procés y el procesamiento en rebeldía del expresidente Puigdemont entraban dentro de las excepciones de la propia ley, lo que impedía su aplicación.

Aunque la sentencia del TJUE llegara antes del mes de agosto, con toda probabilidad el TC no podría convocar los plenos para decidir sobre esta cuestión (uno para los condenados y otro para los procesados en rebeldía, como el exmandatario catalán) hasta el mes de septiembre. El debate se podría alargar, además, dependiendo de la posición que se adopte. Si la mayoría del pleno no está conforme con el ponenete y rechaza la propuesta, se nombraría a otro para redactar una nueva.

Aunque los principales líderes independentistas no han podido todavía verse beneficiados por la ley de amnistía, sí se ha aplicado a otros políticos y cargos públicos, manifestantes y policías. Según la plataforma de abogados de la izquierda independentista Alerta Solidària, la norma ha alcanzado ya a 64 políticos y cargos públicos, entre ellos el 'sottogoverno' de Puigdemont por organizar el referéndum del 1-O, mientras que a otros 25 se les ha denegado inicialmente y, en algunos casos, se ha elevado el caso a otros tribunales. Asimismo, 68 políticos y cargos públicos están pendientes de que se resuelva su amnistía por parte de diferentes tribunales, ya sea el TJUE, el TC, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) o el Tribunal Supremo. Así que la cifra de los políticos que siguen pendientes es un poco superior a la de los que ya han sido exonerados.

De los 1.225 manifestantes o activistas susceptibles de ser amnistiados, Alerta Solidària estima que a 880 no ha sido necesario aplicarles la ley porque, o bien han sido exculpados en el proceso judicial (800), o bien han sido condenados o procesados sin que estén dispuestos a solicitarlo. En el caso de los otros 345 casos amnistiables, se les ha reconocido ya el perdón a 181 (el 52%), mientras que se les ha denegado a otros 75. Unos 25 están a la espera de su resolución y otros 64 no lo han solicitado todavía.

El colectivo de abogados ha denunciado que la ley ha beneficiado a 158 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado investigados por las cargas durante las manifestaciones del 'procés', tanto policías nacionales como guardias civiles y mossos, muchos más que a los dirigentes independentistas encausados. Solo se les ha denegado la amnistía a cuatro policías nacionales procesados por lesionar en un ojo al activista independentista Roger Español con una pelota de goma en las cargas para impedir el referéndum. Alerta Solidària considera que, en el caso de los agentes, la concesión de la amnistía "siempre es automática" y subraya que, dos años después de su aprobación, la ley ha beneficiado "sobre todo al Estado, por el error previo del independentismo de desactivar la calle".

El líder de Òmnium Cultural, Xavier Antich, critica que la aplicación de la ley siga siendo "obstruccionista, lenta, injustificada y arbitraria". En declaraciones a EL PERIÓDICO, recalca que, "a pesar de que la norma es muy clara, la cúpula judicial -y en especial el Tribunal Supremo- sigue bloqueando la aplicación de la ley", lo que considera "una negligencia jurídica grave por parte del poder judicial, puesto que la misma naturaleza de la ley indicaba que se tenía que aplicar con urgencia y diligencia".

Los primeros amnistiados fueron el 'exconseller' de Interior Miquel Buch, que había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por malversación y prevaricación por fichar de asesor a un sargento de los Mossos, Lluís Escolà, que actuó como escolta del expresident Puigdemont en el extranjero y al que también se aplicó la exoneración. Ese mismo día, el 25 de junio de 2024, el TSJC puso la directa e hizo lo propio con 16 activistas condenados por protestas entre 2018 y 2019; a uno de ellos se le habían impuesto siete años de cárcel. Desde entonces, el goteo de personas amnistiadas por jueces y tribunales fue constante, sobre todo en los primeros meses de aplicación de la norma, pero ahora se ha enquistado.

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