El Gobierno acota la nueva trama investigada a Santos Cerdán: “Lo que hay son personas concretas con nombre y apellido”

El Gobierno ha salido al paso del nuevo frente judicial que cerca al PSOE con una airada estrategia que combina el ataque y la defensa. Mientras se vuelve a utilizar el comodín de la guerra sucia judicial o ‘lawfare’ se erige un escudo de protección tratando de encapsular en el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, la supuesta trama para “desestabilizar” causas contra el partido. Una peligrosa pendiente que abona la conspiración al referirse a un intento “derribar” a un Gobierno “con métodos no democráticos”, como aseguró el ministro de Transportes, Óscar Puente. Al mismo tiempo, se aísla la trama para descargar de cualquier responsabilidad al PSOE como persona jurídica o al presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, como beneficiado o conocedor de sus gestiones.

“Lo que hay son personas concretas con nombres y apellidos”, zanjaba un ministro del núcleo duro del jefe del Ejecutivo para descartar incluso que los investigados puedan apuntar más arriba o la propia organización. “Llevamos años con que alguien tira de la manta y no hay manta ni cuerda”, ironizaba. En la misma línea, un dirigente federal socialista deducía que la presunta operativa habría sido llevada a cabo en solitario por Cerdán y a su cuenta y riesgo para exculpar a la gerente, Ana María Fuentes, una de las personas imputadas por gastos de la trama.

En circunstancias normales, se escudan estas mismas fuentes, si un superior te dice que hay un gasto “te fías y lo haces”. Lo normal en una estructura jerárquica, abunda. Por otra parte, señalaba que en si en su caso nunca ha visto a la exmilitante Leire Díez, la conocida como “fontanera” de Ferraz implicada en estas presuntas actividades, lo lógico sería pensar que el secretario general tampoco. La primera reacción pública del PSOE, casi un día y medio después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrase en Ferraz, se centró en afirmar “con rotundidad que este partido no ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas que se podrían desprender del auto conocido ayer”.

Las explicaciones en detalle, sin embargo, tendrán que esperar. “Somos los primeros interesados en esclarecer todas las cuestiones relativas a este caso. Una vez se levante el secreto de sumario y analicemos en profundidad todos los detalles, daremos todas las explicaciones pertinentes”, aseguraba a través de la red social X la secretaria de Organización, Rebeca Torró, calcando las palabras del comunicado enviado a la prensa.

“Llevamos años con que alguien tira de la manta y no hay manta ni cuerda”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en el Congreso a petición propia, pero no lo hará hasta dentro de un mes. Su pretensión es dar cuenta de las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la próxima reunión del Consejo Europeo, que se celebrará el 19 de junio. La comparecencia, por tanto, tendrá lugar después de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ofrezca sus propias explicaciones en sede judicial.

Un silencio en la dirección del partido que entre algunos cargos socialistas no estaba sentando bien, al verse en la tesitura de tener que asumir la reacción o hacerlo a ciegas sin una línea argumental clara. Los socios más afines también han dejado caer su preocupación ante la falta de reacción en público por parte del PSOE. Otros en el Ejecutivo dejan entrever diferencias al contrastar que en su caso, ante una crisis sobrevenida, priorizan las explicaciones inmediatas y las ruedas de prensa.

El ‘lawfare’ “existe”

Mientras tanto, se sube el tono entre miembros del Ejecutivo y se agitan dudas sobre los procedimientos como la salida más rápida para combatir la desmovilización en el electorado progresista ante la sombra de la corrupción. Si hasta hace poco en el Ejecutivo ponían en valor que el concepto ‘lawfare’ no formaba parte de su vocabulario, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, lo hacía suyo y el de Transportes lo definía más claramente para asociarlo al actual contexto de tormenta judicial sobre el PSOE.

Los socios más afines también han dejado caer su preocupación ante la falta de reacción en público por parte del PSOE

El ‘lawfare’ “existe”, respondía Torres durante un desayuno informativo este jueves para poner como ejemplo la petición de imputación del ministro Bolaños por parte del juez Peinado, que luego rechazó el Supremo. Puente, por su parte, estallaba para explicar como un acoso y derribo el “calendario”, en referencia a los tiempos marcados por la justicia y la concatenación de causas, las “filtraciones” de causas que están bajo secreto y, finalmente, la “utilización” política de estas por parte de la oposición.

Los socialistas se atrincheran tras la llamada de Sánchez a apretar filas y pasan de forzarse dimisiones ante la presentación de indicios en una investigación a exigir pruebas concluyentes según una valoración subjetiva. De hecho, uno de los señalados en el auto, apuntando indicios de colaboración en la presunta trama, es el diputado y miembro de la ejecutiva del PSOE, Juanfran Serrano. En el momento de los hechos investigados era el número dos de Cerdán en Ferraz.

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