La trama del PSOE preparó 300.000 euros para intentar extorsionar al fiscal de Anticorrupción que les investigaba

La presunta trama del PSOE liderada por el ex secretario de Organización Santos Cerdán preparó 300.000 euros para intentar extorsionar al fiscal de Anticorrupción que les investigaba, José Grinda. Precisamente, este funcionario público denunció ante su jefe en Anticorrupción, Alejando Luzón, un intento de extorsión por parte de Leire Diez. Así consta en el auto del juez Santiago Pedraz en el que se desvela la "Operación PSOE" llevada a cabo por la "fontanera" de los socialistas.

"A dicha trama se unió, por intereses particulares, Javier Pérez Dolset, investigado en distintas causas en la Audiencia Nacional en las que José Grinda era el encargado". Y lo hizo, prosigue el juez, "intentando aportar información comprometida de dicho fiscal", completa el auto. La resolución de Pedraz detalla que este empresario también se hizo con "información reservada" de diferentes causas judiciales en busca de datos "comprometedores" de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil --entre los que se encontraba el teniente coronel Antonio Balas--, del fiscal jefe de la Anticorrupción, Alejandro Luzón, y del propio Grinda, que sentó en el banquillo de los acusados a Pérez Dolset por el caso de corrupción Zed Worldwide.

En el propósito de desprestigiar a Grinda también participó el abogado Ismael Oliver, cuyo cliente Nervis Villalobos, exviceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, fue investigado en los casos Duro Felguera y Columbus por este fiscal. El nombre de Villalobos aparece en el caso Zapatero como uno de los ciudadanos venezolanos que utilizaron la presunta red de blanqueo destapada en la causa contra el expresidente del Gobierno.

Nervis Villalobos

Según el juez, Pérez Dolset intentó sin éxito "condicionar la actuación del fiscal en dichos procedimientos" utilizando el testimonio de una persona con la que mantenía un pleito. "En el marco de esa colaboración entre Leire Díez, Ismael Oliver y Nervis Villalobos" estos investigados apuntaron "la posibilidad de abonar 300.000 euros al fiscal Grinda por, entre otras cosas, archivar sus procedimientos", aunque debía reconocer que habían "sido fruto o consecuencia de actuaciones abusivas".

En concreto, Leire Díez informó al resto de integrantes de la trama de que la mujer que mantenía un pleito con Grinda se iba a reunir el 25 de octubre de 2024 con "el número tres del partido", un encuentro que según los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "tuvo lugar en la sede del PSOE". En particular, Henry Molano Moreno mantuvo una conversación con Leire Díez en la que este le agradeció el trato prestado a Miriam extendiendo la gratitud a 'Santos y a Juan", dicen los agentes en su oficio policial, que prosiguen: "Constan reflejados en el atestado toda una serie de mensajes intercambiados entre Leire Díez y el citado Nervis Villalobos para facilitar el contacto con Miriam Serrano en la sede del PSOE entre el 24 y 25 de octubre de 2024".

Leire Díez informó después al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero de que "Santi" le había dicho "a la chica de Jaén cosas bonitas sobre mí (...)". A partir de esa fecha se sucedieron los contactos con la citada mujer, Miriam Serrano, haciéndole saber que se encontraba "preparando cosas contra el tiparraco", en alusión al fiscal Grinda, a quien ha denunciado en varias ocasiones. Todas las causas han sido archivadas. En una entrevista, la mujer que mantenía el pleito con el fiscal reconoció que las acciones legales que había emprendido contra Grinda "no le había costado nada" porque le estaban ayudando "varios abogados y periodistas".

Pere Rusiñol

Pedraz asegura en su resolución que la organización le hizo llegar a Grinda “un ofrecimiento para que llevara a cabo determinadas cuestiones, entre ellas el archivo de diversas causas judiciales de él dependientes o la aportación de información sobre Alejandro Luzón, todo ello a cambio de un puesto de trabajo en el extranjero o, incluso, un ofrecimiento con trascendencia económica, existiendo anotaciones que aluden a la cifra de 300.000 euros.

En una de las agendas intervenidas a Leire Díez, prosigue el magistrado, se localizó una anotación manuscrita que recoge: “300.000 euros xra ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor”. Y para llevar a cabo este ofrecimiento, “la organización contó con una persona ajena a la misma, Pere Rusiñol, que se habría reunido con el fiscal Grinda y trasladado el ofrecimiento, lo cual tuvo lugar el día 27 de febrero de 2025”.

Pedraz dice después que, “más allá del propio testimonio de Grinda, se tiene constancia de que Pérez Dolset remitió a Leire Díez el contacto de Rusiñol durante la noche anterior al encuentro, así como que, tras producirse el mismo, Rusiñol remitió a Leire Díez un mensaje en el que, utilizando un lenguaje velado, le daba cuenta del resultado del mismo: 'No había agua, al menos de momento”.

El fiscal declaró en los juzgados de Madrid que en un encuentro con el periodista Pere Rusiñol este le entregó dos folios en los que se le solicitaba archivar varias causas "reconociendo o diciendo que han sido fruto o consecuencia de actuaciones abusivas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". Concretamente, se refería a los casos "Pujol-Draco y otros relacionados"; "3%, Sumarroca y otros"; Aguas de Girona; y ZED; así como los de Banca Privada de Andorra, Banco de Madrid, Duro Felguera y Caranjuez.

Grinda explicó que se le aseguró que esa oferta "ya no tenía vuelta atrás y que se debía realizar todo en la más estricta confidencialidad, sin acudir al auxilio de terceras personas y sin acudir al fiscal general del Estado". Pero este funcionario de Anticorrupción contestó que no actuaría "en contra de la ley o del principio de legalidad". Y lo primero que hizo fue denunciar los hechos a Alejandro Luzón, que pidió que se abrieran diligencias por estos hechos.

José Luis Escrivá

Por otra parte, en el oficio de la UCO se informa de que a finales de 2024 Leire Díez intercambió "diversos escritos con el letrado Ismael Oliver en relación con la tramitación de la solicitud de la nacionalidad de Nervis Villalobos". Y los agentes consideran que la "fontanera" habría intentado, a petición del abogado Oliver, que el exviceministro venezolano "lograra una pronta resolución de un expediente de concesión de nacionalidad española y la titularidad de cuentas bancarias en España, valiéndose de sus contactos".

Oliver, concluye el juez, pidió ayuda para que Villalobos obtuviera la nacionalidad española "reiteradas veces iniciado el año 2025, incluyendo en una de sus conversaciones, entre sus peticiones, una entrevista con el gobernador del Banco de España y exministro José Luis Escrivá o alguien de su confianza". Para tratar de hacer este contacto Leire Díez habló con "Hana', que según el juez podría corresponderse con Hana Jalloul Muro, en ese momento eurodiputada por el PSOE y miembro de la Ejecutiva del PSOE, "de lo que informó a Ismael Oliver".

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