Sumar amenazó a Sánchez con abrir un frente en el Gobierno si no comparecía en el Congreso 'motu proprio': "O lo hacía él o lo pedíamos nosotros"

Moncloa y Sumar pactaron la comparecencia de Pedro Sánchez en el Gobierno tras la amenaza de que el socio minoritario de coalición la solicitase formalmente. La presión sobre el Ejecutivo y el PSOE ha ido en aumento en las últimas horas, tras el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por el caso SEPI, la entrada de la UCO en la sede socialista y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Una presión que se traslada también a sus socios, que empezaron a distanciarse del PSOE y exigieron más explicaciones, llegando a registrar una solicitud formal de comparecencia del presidente de Gobierno. Una iniciativa a la que Sumar amagó con unirse y que acabó llevando a que Sánchez precipitara su anuncio de comparecencia.

Los ánimos se fueron caldeando este jueves, cuando distintos partidos de la mayoría de investidura fueron endureciendo el tono. El propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reclamó a primera hora "explicaciones" por parte del partido de Gobierno, criticando que hasta ahora habían sido "absolutamente insuficientes" y reclamando también "acciones contundentes". Pero no fue el único. El diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, se declaró con la "confianza bajo mínimos" hacia el PSOE y reclamó comparecer al líder del Ejecutivo.

También Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, aseguró que "la situación se ha vuelto absolutamente insostenible", o el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, que pidió abiertamente una comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para dar "explicaciones detalladas con nombres y apellido", afeando que "el silencio solo le servía a Mariano Rajoy". Sin embargo, Aitor Esteban, líder del PNV, fue el que más lejos fue y reclamó abiertamente elecciones, asegurando que "la legislatura ha llegado a su fin".

El malestar se terminó concretando al mediodía del miércoles, cuando los socios de izquierdas del Gobierno -ERC, Podemos, BNG y Compromís- plantearon una iniciativa conjunta en el Congreso donde pedían abiertamente la comparecencia de Sánchez en sede parlamentaria. La propuesta también fue trasladada a Sumar, que valoró unirse a la solicitud, pero que en primer lugar advirtió a sus socios de Gobierno. Y es ahí cuando comenzaron las "conversaciones" con Moncloa a través de la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, y del ministro de Cultura e interlocutor habitual con el PSOE, Urtasun.

En esas conversaciones, el ala minoritaria del Gobierno amenazó con abrir un frente dentro de la coalición. "Trasladamos que lo hacía él o no teníamos problemas en pedirlo nosotros", relatan fuentes conocedoras de estas comunicaciones, donde Moncloa se avino a solicitar una comparecencia de presidente a petición propia. Un "pacto", tal como lo describen en Sumar, que evitaba un choque frontal dentro del Ejecutivo que proyectaría la soledad de los socialistas frente al resto de aliados. El acuerdo pasaba por que fuera Moncloa quien anunciara esa comparecencia, aunque en las filas de Sumar hay quien criticó la tardanza de los socialistas a la hora de anunciarla. El anuncio se produjo pasadas las seis de la tarde.

La comparecencia de Sánchez no tiene aún fecha, y aunque entre los socios parlamentarios corre cierta urgencia, lo cierto es que apuntan a que tendrán que esperar hasta finales del mes de junio, después de que aprovechara su petición de comparecencia también para informar el Consejo Europeo, que se celebrará los días 18 y 19 de junio de 2026 en Bruselas. Será también después de la declaración de Zapatero el próximo 17 de junio. En el ala minoritaria del Gobierno hay quien apunta a que será el último miércoles del mes, 24 de junio, ya que las últimas comparecencias del presidente se han celebrado los miércoles, antes de la sesión de control.

Asumen también a que la idea del presidente es esperar unas semanas para que baje el souflé de la actualidad. Un margen temporal que Sánchez también empleó el pasado verano, cuando compareció por el caso Cerdán más de tres semanas después de la imputación y dimisión del exsecretario de Organización del PSOE.

Los socios dudan del 'lawfare'

Los nervios crecen entre los aliados parlamentarios de Gobierno, que miden las distancias con el PSOE, conscientes del riesgo de prestar apoyo a un partido envuelto en causas judiciales. Este mismo miércoles, cuando se produjo la entrada de la UCO en Ferraz, en Sumar abogaban por que las explicaciones llegaran motu proprio y sólo se planteaban formalizar estas peticiones en caso de que les desoyeran.

Pero conforme avanzaban las horas, los ministros del Gobierno daban pocas muestras de voluntad de dar explicaciones, denunciando "lawfare", como hizo el ministro Ángel Víctor Torres, o como hizo Óscar Puente, que señaló la existencia de una operación para "derribar al Gobierno con métodos no democráticos", apuntando a medios de comunicación y jueces. Un marco discursivo del que se descolgó el resto de socios.

Urtasun sí hizo referencia a la existencia de una "operación para acabar con el Gobierno', pero defendió que "no es excusa" para justificar lo que consideró un episodio "grave". Así, reclamó al PSOE "que dé mayores explicaciones porque las de ayer fueron absolutamente insuficientes". También la dirigente de Compromís, Águeda Micó, defendió que a su juicio "esto no es lawfare" y desde Podemos apuntaron también a la gravedad de lo denunciado. En Junts también rechazaron la existencia de lawfare: "Hay indicios, no es un invento".

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