El cuñado del expresidente Quim Torra, a un paso de ingresar en prisión por fraude a Hacienda

Josep Morell Vázquez, cuñado del expresidente de la Generalitat Quim Torra, está a un paso de ingresar en prisión para cumplir una condena de cuatro años y seis meses por un delito de fraude a Hacienda y otro de insolvencia punible por la venta de unas parcelas El Tribunal Supremo confirmó a finales del año pasado la pena impuesta y el tribunal de la Sección 10 de la Audiencia de Barcelona, que fue quien lo juzgó en primera instancia, le ha denegado su petición de suspensión de la ejecución de la condena por motivos de salud y por la tramitación de un posible indulto, según las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO. La defensa ha presentado un recurso contra esta resolución-

En marzo de 2021, la Audiencia de Barcelona condenó a Josep Morell, a su hermano y a una tercera persona a un año de prisión como cooperadores necesarios de un fraude a Hacienda, además de una multa de 170.000 euros, y a otros tres años y seis meses de prisión, más otra sanción económica, por insolvencia punible, delito que consiste en realizar, estando en situación de insolvencia, actos que perjudican a los acreedores. Meses después, en noviembre de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) confirmó esta resolución y el pasado mes de octubre hizo lo mismo el Tribunal Supremo, que desestimó sus recursos. Ahora la Sección 10 de la Audiencia de Barcelona quien está tramitando la ejecución de esta sentencia, trámite en el que los condenados están haciendo todo lo posible para evitar el ingreso en prisión.

La sentencia del Supremo recoge los hechos probados por la Audiencia de Barcelona, que ratificó la tesis de la Fiscalía de Barcelona y declaró probado que, en 2009, Josep Morell y su hermano cerraron, por “la mala situación económica y financiera”, la empresa Piensos Suprem, de la que eran administradores y que se dedicaba a la producción de piensos, y decidieron vender las siete parcelas donde se ubicaba la fábrica, en Santa Coloma de Farners. Estos terrenos eran propiedad de otra sociedad, Can Roure SA, también de la familia, que se limitaba a ostentar los activos inmobiliarios aportados por el padre de los ahora condenados, fallecido en octubre de 2007.

El plan para engañar al fisco

Los jueces subrayan en la resolución que los dos hermanos, “sabedores” de que la operación generaría para Can Roure importantes plusvalías por las que deberían pagar impuestos, “decidieron ejecutar un plan encaminado, por un lado, a ocultar” a Hacienda la obtención de esos beneficios para no tributar y, en segundo lugar, a “desvincularse aparentemente de la mencionada sociedad para eludir cualquier tipo de responsabilidad en el eventual supuesto de que se descubriese un fraude” a la Agencia Tributaria. El tribunal añade un tercer motivo: “despatrimonializar la sociedad para frustrar los eventuales procedimientos administrativos o judiciales de ejecución de los créditos públicos por las deudas tributarias no satisfechas”.

Para “diseñar y ejecutar” este plan, en el que “se iban a utilizar diversas sociedades pantalla o instrumentales”, los hermanos Morell, relatan los magistrados, “contaron con la imprescindible y consciente colaboración” del tercer condenado, Jorge A. P., quien, por encargo suyo, “articuló y coordinó la estrategia defraudatoria”, utilizando para ello un testaferro, si bien este no era conocedor de que las operaciones “buscaban la finalidad fraudulenta perseguida” por los acusados.

Entramado de sociedades

La sentencia recoge las operaciones que se realizaron. El primer paso fue el “ilícito proyecto” de desvincular “aparentemente” a los hermanos Morell de Can Roure, valiéndose de un entramado de sociedades. Los jueces consideran que la desvinculación no se produjo realmente, “ya que ambos continuaron siendo dueños” de la empresa y tenían “el efectivo control de la misma”. Precisan, en este sentido, que no llegaron a cobrar los 62.550 euros fijados como precio de venta de sus acciones y que, además, se constituyó una hipoteca sobre fincas en las que se asentaba la fábrica para “garantizar las deudas por impago de salarios” a sus trabajadores, “en cuyo nombre y representación actuaron ambos acusados en calidad de dueños”.

El precio por cinco terrenos vendidos en julio de 2010 fue de 880.391 euros, más 158.410 euros de IVA. El tribunal subraya que, por el impuesto de sociedades, Can Roure debería haber pagado a Hacienda 169.957 euros y solo ingresó 34,07 euros. De los otros dos solares se desprendieron meses antes, en diciembre de 2009, por 238.963 euros, sin abonar 76.373 euros a la Agencia Tributaria. La resolución determina que los acusados también despatrimonializaron Can Roure mediante retiradas de fondos en efectivo y traspasos de dinero a otras compañías vinculadas a la citada empresa, entre otras operaciones.

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