El juez Pedraz imputa a la gerente del PSOE y apunta al 'número dos' de Santos Cerdán en un nuevo frente contra el partido con una decena de investigados

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a Ana Fuentes, gerente del PSOE, al exsecretario general del partido que acabó en prisión por el caso Koldo, Santos Cerdán, y a otras seis personas, en un nuevo frente abierto contra el partido, que se ha conocido cuando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaban a primera hora de este miércoles, en su sede central, en la calle Ferraz de Madrid, para entregar un requerimiento de documentación en relación con una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que le afectaban al PSOE o al Gobierno.

El magistrado, además, apunta al exnúmero dos de Cerdán en la Secretaría de Organización socialista, el diputado por Jaén Juan Francisco Serrano -que al ser aforado solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo- y a Juan Manuel Serrano, que fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y luego presidente de Correos. Respecto a ambos fuentes de la Audiencia Nacional señalan que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en "la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan", pero se debe esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

El que fuera ex 'número dos' de Santos Cerdán y es el actual secretario de Política Municipal socialista, Juan Francisco Serrano, acudió al Senado, con motivo de la comisión de investigación que se celebra en el Senado sobre el caso Koldo, que participó en una reunión con Leire Diez en Ferraz. Se produjo en abril de 2024, cuando esta se presentó en la sede del partido como militante y periodista para mostrar "un audio del señor Villarejo que afectaba al PSOE".

Nuevos imputados

El magistrado dirige ya el procedimiento contra la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al considerarla, "al menos, cómplice" en la comisión de los delitos investigados de organización criminal, varios cohechos, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Sí la considera autora de uno de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces. La imputación de Santos Cerdán, la exmilitante socialista Leire Diez, el empresario Javier Pérez Dolset y el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías se produce por su presunta participación en los delitos anteriores.

El juez también incluye entre los integrantes de la presunta organización criminal a Ismael Oliver, el primer abogado de Koldo García en el caso de las mascarillas; al mismo tiempo que dirige la causa contra el letrado asturiano Jacobo Teijelo, que en la actualidad ejerce la defensa de Santos Cerdán, y contra el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, que formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO entre enero de 2008 y julio de 2022, y que está imputado en el caso hidrocarburos. El magistrado precisa que en el caso de los dos últimos la investigación se centra en los delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado, mientras que Oliver lo está por todos los investigados.

Resulta que Teijelo también defiende a Yepes, y en el marco del caso Gaslow denunció unas supuestas maniobras de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO): "El procedimiento incoado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 es un desglose del seguido en el Juzgado Central de Instrucción número 6 [...] sin conocimiento ni autorización de aquel juzgado. El instructor policial, que resulta ser el mismo en ambos procedimientos, decide, sin control judicial alguno, administrar y dosificar instrumentalmente la información obtenida entre ambos procedimientos", decía en un escrito de 16 de junio Teijelo, que fue grabado junto a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset tratando de obtener información comprometedora del teniente coronel Antonio Balas.

Requerimientos

El magistrado considera que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados, que se han concretado en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla en los tres autos que han sido notificados esta mañana a los representantes legales de los requeridos.

El requerimiento de documentación enviado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 se dirigía a la Gerencia del partido. Se ha llegado a pensar en que podría acabar produciéndose un registro porque de los dos agentes iniciales, que habrían llevado el requerimiento, se ha acabado pasando a seis, incluido el jefe del operativo, y una parte del equipo de policía judicial se personó con bolsas. Pese a que en un principio se informó de otros registros en el despacho y domicilio del exdirigente socialista Gaspar Zarrías, así como en inmuebles del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la vivienda del empresario Javier Pérez Dolset, finalmente las fuentes consultadas señalaron que en su caso también se trató de diligencias encaminadas a requerirles información.

Antecedentes

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investigaba hasta ahora en el caso SEPI a la exmilitante socialista Leire Díez; al empresario vasco Antxon Alonso -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán- y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública. El llamado caso Leire por el que Díez estaba imputada junto a Pérez Dolset por el intento de desprestigiar a investigadores de causas socialistas se estaba instruyendo hasta ahora en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.

Fue allí donde muchos de los ahora imputados como Teijelo o Zarrías declararon como testigos en la causa que se investigaba el presunto intento de desprestigiar al jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas y a varios fiscales Anticorrupción, entre ellos, su jefe, Alejandro Luzón, al considerar que investigaban judicialmente al PSOE o personas con él relacionadas, como la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para perjudicar al partido.

El caso SEPI, que se encuentra bajo secreto, correspondió por reparto a Pedraz después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, la asumiera inicialmente por estar de guardia en el momento de sus detenciones. Pedraz, además, instruye otro asunto de calado cuya investigación ha trascendido los últimos meses, el de fraude de hidrocarburos en el que está imputado el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama, así como el propio Yepes, por otro fraude de hidrocarburos.

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