El juez sitúa en la carta a la ciudadanía de Sánchez el inicio de la trama del PSOE para "desestabilizar" las causas judiciales contra el Gobierno

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz incluye en el auto en el que ha autorizado la operación desarrollada este miércoles en la sede nacional del PSOE una mención a la 'carta a la ciudadanía' en la que el presidente Pedro Sánchez se planteaba su permanencia en el Gobierno tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.

"Es precisamente en ese periodo de reflexión cuando por parte del Santos Cerdán --- ex número dos del PSOE-- se señala una reunión en la sede que el PSOE posee en la calle Ferraz, la cual tuvo lugar el 26.04.2024", agrega el magistrado en el auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, sobre una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

"Así se lo hace saber Leire (la exmilitante socialista Leire Díez) a Vicente Fernández (expresidente de la SEPI) cuando le comunica "me voy de urgencia a Madrid (...) me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", continúa la resolución. En su auto, el juez detalla que en esa reunión del 26 de marzo participaron también la ex militante socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el que por entonces era director de comunicación del PSOE, Ion Antolín.

Para el instructor, estos hechos resultan “penalmente relevantes” pues se “desarrollaron con el objetivo de obstaculizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del gobierno o del PSOE, al frente de las cuales se sitúa al que en ese momento era su Secretario de Organización, Santos Cerdán”.

El magistrado ha imputado a Ana Fuentes, gerente del PSOE, al exsecretario de Organizacion del partido que acabó en prisión por el caso Koldo y hoy en libertad, Santos Cerdán, y a otras seis personas, en este nuevo frente abierto contra el partido, que se ha conocido cuando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaban a primera hora de este miércoles, en su sede central, en la calle Ferraz de Madrid, para entregar un requerimiento de documentación en relación con esta investigación.

Imputados y delitos

Así, además de Fuentes y Cerdán, ostentan la condición de investigados en este procedimiento la exmilitante socialista Leire Diez, el empresario Javier Pérez Dolset y el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, a los que se suman Ismael Oliver, el primer abogado de Koldo García. Completan esta lista Jacobo Teijelo, que en la actualidad ejerce la defensa de Santos Cerdán, y el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, que formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO entre enero de 2008 y julio de 2022, y que está imputado en el caso hidrocarburos. Y aunque sin imputarles formalmente, el magistrado señala indicios contra el que fuera mano derecha de Cerdán y diputado por Jaén Juan Francisco Serrano -que al ser aforado solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo- y a Juan Manuel Serrano, que fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y luego presidente de Correos. 

Los delitos que se atribuyen indiciariamente a los investigados en este nuevo frente judicial contra el PSOE, que varían en función de las actividades desarrolladas por cada uno de ellos, son la organización criminal, varios cohechos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil (por emisión de facturas falsas), prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

Injerencias de Leire

Sobre el inicio de los contactos de esta trama, agrega el juez que el 'exnúmero 3' del PSOE era conocedor de que Leire Díez, "movida por intereses del ámbito personal, en algún momento previo había desarrollado ciertas actividades que tenían por objeto la injerencia en diversos procedimientos judiciales". En esta actividad de injerencia la entonces militante actuaba conjuntamente con el empresario Pérez Dolset y la periodista ya fallecida Patricia López.

Por el momento, esta investigación se integra en el denominado 'caso Sepi' que asumió este magistrado el pasado mes de diciembre, y que ya tenía como imputados a Leire Díez y también al empresario vasco Antxon Alonso, -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-, y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública. Fuentes jurídicas explican a este diario que se trataría de hechos anexos muy similares a los que ya investiga un juez ordinario de Madrid y que previsiblemente pasarán a formar parte de una pieza separada al asumirse las pesquisas ya realizadas.

En ejecución del plan, que según el auto habría incluido el ofrecimiento a funcionarios de la guardia civil, investigados y fiscales de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos, “se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores”, en concreto con las juezas Beatriz Biedma (Hermano de Sánchez) y Mercedes Alaya (ERE de Andalucía); y con el instructor Juan Carlos Peinado (Begoña Gómez).

Por ejemplo, continúa el juez, se dirigieron “sucesivas denuncias infundadas contra la magistrada encargada de la instrucción de la causa en la que está imputado David Sánchez Castejón (hermano del Presidente del Gobierno), la Fiscalía o la UCO”. Para ello, Leire Díez “habría contado con el impulso y el soporte intelectual y/o financiero del resto de los investigados”.

4.000 euros al mes

Así, cita expresamente a “Santos Cerdán (que habría acordado remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido), Gaspar Zarrías (que prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica), Ismael Oliver (letrado de parte de los implicados y vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire Díez a través de sus sociedades), Jacobo Teijelo (letrado de Cerdán) y Sánchez Yepes; quien también factura sus servicios al PSOE) y Javier Pérez Dolset”.

Para articular dichos pagos “sin revelar el ordenante de los mismos se habrían utilizado sociedades de los investigados (Zarrías, Oliver y Teijelo) con el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez”.

La investigación realizada hasta el momento ha permitido apreciar, según el juez, que la organización desplegó una actividad continuada y estructurada, articulada a través de diversas líneas de actuación coordinadas entre sí y orientadas a la consecución de sus fines.

En el seno de tales actuaciones, habrían llevado a cabo distintas acciones susceptibles de revestir relevancia penal. Como muestra de ello, apunta a que funcionarios públicos fueron objeto de ofrecimientos de diversa índole con posible trascendencia en su desempeño profesional "y se materializó al menos un ofrecimiento, en este caso de naturaleza meramente económica, a un testigo en un procedimiento judicial y con el objetivo de adecuar su testimonio a sus intereses". Además, continúa el juez, se recabaron informaciones calificadas como secretas posteriormente utilizadas para sus fines y se pretendió "influir en determinados cargos públicos para la obtención de resoluciones acordes a sus pretensiones".

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