El juez desvela que la trama del PSOE ofreció 50.000 euros a la empresaria que dijo llevar dinero a Ferraz para que cambiara su versión

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sostiene que los dirigentes socialistas imputados en la causa que tiene entre manos trataron de que la empresaria que ha asegurado varias veces ante la justicia haber llevado 90.000 euros a la sede socialista de la madrileña calle de Ferraz, Carmen Pano, cambiara su versión; para ello le ofrecieron 50.000 euros. En su auto, el magistrado también argumenta que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán desarrolló un “rol superior” en la trama que pretendía "desestabilizar" las investigaciones judiciales contra el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra las causas de los ERE de Andalucía, según consta en un auto de una causa que permanece secreta, en el que se afirma que la fontanera del PSOE Leire Díez, habría recibido por ello unos 4.000 euros mensuales.

En concreto, la resolución señala que Cerdán, “como secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos...) de algunos de sus miembros”. Para articular dichos pagos se habría valido de sociedades de los investigados "con el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez”.

En cuanto el intento de cambio de versión de Pano, según el juez, el primer abogado que tuvo el exasesor Koldo García, "Ismael Oliver, se puso en contacto con Leire, haciéndole ver que la declaración era importante y que era necesario negociar con ella", y se ofreció hacerlo él mismo. "Esta se vende. Debemos saber comprar", señaló el letrado durante la negociación que mantuvieron ambos para determinar qué se le podía ofrecer a la empresaria imputada en el fraude de hidrocarburos en el que que lo está el comisionista Víctor de Aldama. "Del conjunto de elementos obrantes en la causa, de forma indiciaria se desprende la materialización de este ofrecimiento, cuantificado en un importe de 50.000 euros y efectuado a través de Leticia de la Hoz", abogada que sustituyó a Oliver a la hora de defender al exasesor del exministro José Luis Ábalos. En su resolución, el juez destaca que ello demostraría que Leire Díez "disponía de fondos con esta finalidad delictiva", en la que el magistrado incluye lo que denominaban la "Uco patriótica", haciendo un juego de palabras con la policía que presuntamente actuaba con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Levantar el secreto

Leticia de la Hoz ha hecho un comunicado en el que califica de "completamente falso e infundado" haber "ofrecido, mediado o entregado la cantidad de 50.000 euros —ni ninguna otra suma— a doña María del Carmen Pano Sánchez con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical". Añade que expulsó a la empresaria de su despacho "por motivos graves que, de momento, no pueden ser revelados de manera pública por estrictas razones deontológicas y legales, de acuerdo con el deber de confidencialidad", pero solicitará al Colegio a la Abogacía Madrileña quedar exenta del secreto profesional para poder aportar toda la información y pruebas pertinentes ante la autoridad judicial.

Destaca, no obstante, que conoció a Leire Díez "con posterioridad a los hechos que se están investigando en la causa", por lo que resulta "material y cronológicamente imposible que existiera concierto o intermediación alguna entre ambas en las fechas a las que aluden las pesquisas iniciales". Cuando quede dispensada de la reserva que el secreto profesional le impone y que actualmente limita su derecho de defensa, se muestra dispuesta a colaborar con la justicia en todos sus extremos.

Prestar sociedades

Como responsables de la operativa investigada, el juez señala a “Cerdán [que habría acordado remunerar a Leire Díez por sus servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido], a Gaspar Zarrías (que prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica), a Ismael Oliver (letrado de parte de los implicados y vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire Díez a través de sus sociedades), a Jacobo Teijelo (letrado de Cerdán), al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes [quien también factura sus servicios al PSOE] y a Javier Pérez Dolset”.

Cerdán fue quien encargó a la fontanera, "en abril de 2024, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros de partido o de la familia del presidente del Gobierno".

Una cuarentena de reuniones

Pedraz desvela, además, que la presunta organización criminal habría mantenido al menos 22 reuniones en la sede de Ferraz. "Esta constante relación entre ambos [Cerdán y Díez] no se circunscribió a la mantenida en reuniones celebradas en la sede, sino que, además de estas, se tiene constancia de al menos otras 17 reuniones, fechándose la última de ellas el 21 de junio de 2025, días antes de Cerdán ingresara en prisión de manera preventiva".

El auto alude a una conversación entre Leire y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el también imputado en el caso SEPI Vicente Fernández, fechada el 12 de mayo de 2024 en la que la exmilitante manifiesta: “Estaba pensando que lo que me quiere pagar Santos lo podría hacer a través de Andalukadi directamente, ¿no?", para añadir que no sabía si le gustaba más esa posibilidad o que "que lo hagan a través del despacho de Gaspar", en referencia a la sociedad del exdirigente andaluz Zaño Consultora. Un mes después, Díez comenzó a recibir fondos de Zaño, un total de cuatro pagos de 4.000 euros.

El pasado 16 de abril, durante su declaración como testigo ante el juez que ya estaba investigando estos manejos, el histórico dirigente del PSOE reconoció haber contratado a la exmilitante socialista para que, en calidad de periodista, realizara una investigación sobre si el comisario jubilado José Manuel Villarejo estaba detrás del inicio de la investigación judicial por los ERE en Andalucía en el que él terminó implicado. El trabajo concluyó que el policía no tenía nada que ver con ese asunto, pero Díez cobró igualmente por él.

Implicación de la gerente

Tras el cese de los pagos desde la sociedad de Zarrías, el entonces secretario de Organización del PSOE y Díez articularon otra forma para que la colaboradora cobrara para lo que se recurrió a dos sociedades administradas por el abogado Ismael Oliver.

Para ello, según el juez, "falseando una nota de encargo" suscrita por la gerente Ana María Fuentes, el partido abonó a Estudio Jurídico I. Oliver& Partners un importe de 27.225 euros. Con el objetivo de romper la trazabilidad de los fondos, el abogado abonó esta misma cantidad a Leire desde una segunda sociedad también suya, Oliver Gruppe S.L.

Igualmente, desde el PSOE también se pagó a la otra periodista que colaboraba con Diez, la ya fallecida Patricia López, a la que el PSOE hizo llegar en mayo de 2024 una cantidad cercana a los 20.000 euros a través del digital Crónica Libre que ella dirigía. En esta ocasión, Cerdán se lo encargó al exjefe de prensa socialista Ion Antolín, quien en un mensaje a la informadora le dijo expresamente: "La orden está dentro ya del plan de medios. La agencia que nos lo lleva se pondrá en contacto para gestionarlo. Estará cerca de los 20K".

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