El Gobierno asume que está al albur de "los tiempos judiciales" y adapta su estrategia tras el sumario de Zapatero

El Gobierno trata de recuperarse del ‘shock’ tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y trazar una estrategia que le permita volver a sacar cabeza. Lo hace, sin embargo, consciente de que son los tribunales quienes marcarán la pauta. El Ejecutivo, reconocen en Moncloa, tiene que “adaptarse a los tiempos judiciales”. De ahí que el aplazamiento de la declaración de Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, tras pedirlo su abogado, haya trastocado aún más sus planes. Los colaboradores de Pedro Sánchez se aferraban a su declaración, inicialmente prevista para el 2 de junio, para agarrarse a sus explicaciones, contar con algo a lo que acogerse y a partir de ahí recuperar pie. Ahora, tras concederse un aplazamiento hasta el 17 y 18 de junio, se prolonga la agonía del primer golpe y deberán seguir ganando tiempo.

En el Ejecutivo respiraron con agrado cuando Zapatero aseguró que daría explicaciones a los medios en su primera y única comunicación pública tras conocerse su imputación. Se especuló incluso con una rueda de prensa. Tras descartarse por indicaciones de su abogado, se optó por ganar tiempo hasta el 2 de junio. Finalmente, serán quince días más en negro. Con resentimiento, se deja sentir el trastorno aun trasladando el respeto sobre la decisión de que acuda primero al juez que a dar explicaciones a los medios y ejerza como más le convenga su derecho de defensa.

De ahí que en el Gobierno y ante un abrumador sumario de cerca de 4.000 páginas que refuerza los indicios sobre la imputación del expresidente, hayan optado por evitar cualquier comentario sobre su contenido. Un cambio de estrategia tras bajar al detalle del auto para desgranar las razones por las que consideraban que no tenía pruebas incriminatorias. El viraje se justifica desde la lógica de no entrar a comentar una instrucción en marcha. “No voy a pronunciarse sobre un procedimiento judicial abierto”, zanjaba este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, preguntada por cuestiones como las joyas encontradas en una caja fuerte en el despacho como expresidente de Zapatero.

Algo que contrasta con los comentarios sobre otras causas, como la que instruye Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En privado, se respeta la orden de no entrar a los detalles, aun sin dejar de trasmitir que en términos generales, y tras un primer análisis preliminar del sumario, el Gobierno sigue creyendo que no hay pruebas delictivas contra Zapatero. Con todo, se apela también a la “prudencia”, a la espera de las explicaciones del expresidente ante el juez

Pedro Sánchez comparecerá este miércoles ante los medios de comunicación tras una audiencia con el Papa León XIV. Como ya hizo la pasada semana en el Congreso, sus colaboradores avanzan que seguirá trasmitiendo su apoyo al expresidente y defendiendo su presunción de inocencia. El mensaje en el que está alineado todo el Ejecutivo como se encargaron de hacer ver varios ministros este martes en el Senado, aunque en privado se dejen entrever algunas dudas en voces del Gobierno al realizar una defensa con menos énfasis que durante los primeros días. Otras fuentes, por su parte, tratan de contrarrestarlo apuntando que su posición no ha cambiado.

El desmarque de los socios a un año de municipales

Como ya ocurrió el pasado año con la dimisión y posterior entrada en prisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, los socialistas asumen una presión total durante los meses de junio y julio y se marcan la meta de llegar al verano para que todo se pause. Además del caso Plus Ultra, que asumen que será largo, más allá de lo que le queda a esta legislatura, este mismo jueves arranca el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y el 9 de junio ha sido citada Begoña Gómez a una vista previa al juicio ante un jurado popular, lo que supone la activación formal del trámite para llevarla al banquillo.

A “los tiempos judiciales” de los que depende el Gobierno se le suma el calendario electoral, con las municipales y autonómicas a un año vista. Una diferencia sustancial con la presión que sufrió el Ejecutivo en la recta final del pasado curso político y por la que explican los avisos de socios como el PNV. El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, tildó de “irresponsabilidad” prolongar la legislatura más allá de 2026 “con una agenda descontrolada y desjudicializada”.

Dentro del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, está agitando la bandera del adelanto electoral para que la debilidad del Ejecutivo no arrastre a los candidatos municipales y autonómicos en los comicios del próximo año. Este mismo martes, subió el tono al alertar de que "es el momento de mayor riesgo para el PSOE de toda la democracia". Elecciones o cuestión de confianza, reclamó, cuando falta un mes para el comité federal donde se prevé dar luz verde a las candidaturas del PSOE para municipales y autonómicas.

Sin referirse directamente a ninguna formación política, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, rebajaba este martes el órdago al enmarcar dentro de la “normalidad” que a un año de las elecciones municipales y autonómicas desde algunos espacios políticos se desplieguen “diferentes estrategias”. En Moncloa descartan que una moción de censura promovida por PP y Vox pueda tener los apoyos suficientes, como ya han anticipado tanto los nacionalistas vascos como Junts.

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