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Caso Zapatero

Seis indicios apuntalan en el sumario la imputación de Zapatero: de los dos millones de euros de "nuestro pana" a las 'off-shore'

La causa deja al descubierto los indicios existentes contra el expresidente del Gobierno por los que declarará como imputado los días 17 y 18 de junio

El juez Calama desvela que casi 16 millones del rescate de Plus Ultra se transfirieron a la red de blanqueo del oro venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo.

José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. / José Luis Roca

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Madrid
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Cuando se destapa un caso de corrupción, siempre se pretende disponer desde el primer momento de todas las pruebas que conducirán a la condena o absolución del imputado, como si la instrucción ya hubiera terminado y se estuviera en la fase de juicio oral. Y cuando el principal investigado es nada menos que un expresidente del Gobierno, el primero en España en verse en estas circunstancias, la búsqueda de los indicios que apuntalan su imputación adquiere un interés especial.

Conocido el sumario, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, estos son los indicios en los que, de momento, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama basa la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, por los que le tomará declaración entre los días 17 y 18 de junio, después de que accediera a su petición de aplazamiento para que su defensa pueda estudiar con más detenimiento la causa.

La investigación llegó al expresidente Rodríguez Zapatero a partir de varias denuncias fiscales y una petición de ayuda de las autoridades francesas y suizas sobre los dirigentes de la aerolínea Plus Ultra, a los que se consideraba "clientes de una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales", que habría "orquestado un plan desde 2020 para apoderarse de dinero limpio proveniente de subvenciones públicas".

En octubre de 2024 los investigadores interceptan el chat "Danilo-España" en el despacho del entonces abogado del venezolano en busca y captura Danilo Diazgranados Manglano. De él se desprende que "mantiene una relación personal y económica con alguien denominado 'Zorro' o 'Z' o 'ZZZZ', al que se identifica como José Luis Rodríguez Zapatero". Los agentes consideran que los mensajes "ponen en evidencia actos concretos a lo largo de varios años que sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, por parte de una organización jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia", así como "la influencia de Rodríguez Zapatero ante los altos ejecutivos de Repsol para que Danilo Diazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela, lo que constituiría el delito de corrupción", extremo negado taxativamente por la compañía.

Los investigadores comprobaron que a través de Análisis Relevante, propiedad uno de los investigados en esa causa, el expresidente del Gobierno y sus hijas, con su empresa Whathefav, cobraron 490.780 y 239.755 euros, respectivamente. Se trata de Julio Martínez Martínez, un empresario alicantino amigo del político socialista, que entre 2020 y 2024 tuvo como clientes a Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Aldeasa.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) descubrió que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante -procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa- terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, otras mercantiles como Gate Center habrían enviado 352.980 euros al expresidente del Gobierno y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, le habrían remitido 681.318 euros a él y 12.297 euros a la empresa de sus hijas.

Imagen de Roberto Roselli

Imagen de Roberto Roselli / EL PERIÓDICO

Si los pagos o una referencia como "Z" o el "zorro" podía no ser suficiente para imputar a un expresidente del Gobierno, la justicia española tuvo acceso al teléfono de uno de los directivos de la principal cliente de Julio Martínez, Plus Ultra. EE.UU. a través de la Homeland Security Inves.tigations, la principal agencia federal de investigación encargada de los delitos transfronterizos que amenazan la seguridad del país norteamericano, puso a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción española los datos extraídos del móvil de Rodolfo Reyes Rojas, un exconsejero de Plus Ultra.

Gracias a él se comprobó el interés que los responsables de la compañía aérea mostraban en resultar beneficiarios de ayudas del Gobierno español. Para ello intentaron dos vías: la del exministro de Transportes José Luis Ábalos a través de su mano derecha, Koldo García, y la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que les autoriza seis vuelos, y la de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta última fue la que triunfó a juzgar por el mensaje intervenido en el teléfono de Reyes: "Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

Entre las evidencias recabadas por la UDEF en los distintos registros, en el del domicilio de Julio Martínez Martínez, "Julito", aparecieron anotaciones manuscritas en una agenda de color negro, con la serigrafía Plus Ultra líneas aéreas, que "trascienden notablemente del ámbito de influencia o de las relaciones institucionales que pudiera ostentar un empresario". Según los agentes, se trata de "asuntos de Estado de máximo nivel, ajenos por completo al marco normal de una actividad mercantil", y van desde comentarios relacionados con la intervención del CNI para la "repatriación" del opositor venezolano Edmundo González a la liberación de presos en aquel país, actividad en la que Zapatero ha destacado. En la vivienda del empresario se encontraron también 286.070 euros en efectivo repartidos en sitios tan dispares como una bolsa de golf o un radiador.

La Policía constata "el liderazgo de la red de influencia investigada" por parte de Rodríguez Zapatero, aunque no sea visible en la estructura formal, "a partir de diferentes indicios, como son la selección o validación por su parte de los potenciales clientes de la red de influencia, la impartición de instrucciones para la creación de sociedades fuera de España, en territorios off shore, o la adopción de estrategias para tratar de desvincularse de la propia red que lidera", afirma una de las resoluciones incluidas en la causa.

Para ello contaba con una ayuda fundamental: la de su secretaria de toda la vida, Gertrudis Alcázar, "Gertru", quien repartía instrucciones a otros miembros de la presunta organización criminal a través del correo corporativo "presidentezapatero@presidentezapatero.com", que el magistrado ha ordenado analizar desde marzo de 2020 hasta la actualidad.

Entre los mensajes enviados por "Gertru" figura uno sobre una comida en el restaurante Portonovo, en el que reserva un escolta, dados los problemas que se producen para poder comunicar. Los agentes creen que a ella asistieron el expresidente y su amigo Julio y que trataron la constitución de una sociedad en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco), cuyo plan de negocio preveía ingresos de 3 millones de dólares en cinco años y que estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Martínez. Dada la proximidad temporal entre su constitución y la firma del contrato por el que Idella debía percibir 530.000 euros (1% del rescate público de Plus Ultra), se sospecha que se creó para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español.

El sumario del caso Zapatero, además, vincula la 'offshore' que Martínez creó en Islas Vírgenes Británicas con el negocio del oro venezolano. Con esta mercantil, el "lugarteniente" de Zapatero representó en 2020 y 2021 al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) "ante la negociación que se producirá con la sociedad Noor Capital, PSC". 

La UDEF también aprehendió a los investigados documentación en la que "se identifican numerosas referencias a altos cargos del Estado venezolano (ministro de Desarrollo Minero y viceministro de Seguimiento y Control de Desarrollo Ecominero) o de empresas estatales (como CVM, PDVSA, CVG) que están directamente vinculadas a actividades de extracción de recursos naturales del país como son, carbón, GAS, petróleo, oro o níquel".

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