El juez de Koldo se abstuvo de investigar el caso Zapatero por su relación con uno de los abogados imputados en la trama

El actual instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, fue el juez al que correspondió inicialmente la querella presentada el 22 de octubre de 2024 por la Fiscalía Anticorrupción por presunto blanqueo de fondos venezolanos con el dinero del rescate concedido a Plus Ultra. Tan solo un día después, el titular del juzgado central de Instrucción se abstuvo, dado que entre la lista de denunciados se encontraba un abogado --que hoy sigue imputado en la trama que presuntamente tenía como jefe al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero--, con el que él había contactado por un asunto de tierras de sus hijos.

Así lo explica el propio Moreno en un auto que obra en el sumario del caso Zapatero al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 relata que conoció a este letrado sobre el mes de junio de 2023, con ocasión de haber asistido a una comida donde esta persona también estaba invitada. A partir de este momento, mantuvieron contacto porque en esas fechas los hijos del juez valorando la posibilidad de poner fin a un condominio de varias tierras pertenecientes a su madre y la hermana de esta, y buscaban a un abogado experto en la materia que pudiera prestar asesoramiento profesional acerca de las alternativas de viabilidad de extinguir dicho condominio, forma de hacerlo, repercusiones fiscales, etc.

"Ante esta petición de mis hijos, sobre septiembre de 2023, contacté telefónicamente" continúa Moreno, tras se le puso en contacto con un asesor fiscal con el que el juez se reunió acompañado con profesional del derecho que a día de hoy continúa imputado en presunta red de blanqueo.

"Con la finalidad reseñada tuvieron lugar, según creo recordar y salvo error, otras dos citas en dicho despacho profesional, con los mismos asistentes -añadía el juez en su auto-. Sobre octubre del referido año, el profesional del citado despacho me trasmitió verbalmente su opinión respecto a la consulta planteada, sin emitir dictamen formal al respecto porque no se interesaba, pues simplemente se pretendía obtener una opinión de persona experta en la materia".

Pago del servicio y un café

A partir de ese momento, Moreno asegura que "solicitó repetidamente, en varias ocasiones", tanto a este abogado como al profesional del despacho que emitió su opinión que le fuera enviada la correspondiente factura relativa a los honorarios devengados por la referida consulta. "De hecho, ante esa falta de respuesta a mis peticiones, concretamente el 12 de diciembre de 2023, remití un mensaje", añade, en el que se decía "...No me habéis dicho nada sobre los honorarios..", tras lo cual se le comunicó que no se emitiría ninguna factura y quedaba saldada dicha cuestión con una invitación a comer para ambos, "invitación que efectivamente tuvo lugar, concretamente el día 22 de enero de 2024 en un restaurante de esta capital".

Posteriormente, el abogado le mandó un mensaje peguntando al juez si tenía disponibilidad para comer, a lo que Moreno respondió negativamente aduciendo razones de trabajo y, ante esta negativa por mi parte, dos días después le invitó a tomar un café. "Posteriormente, en este mismo mes de octubre, recibí una llamada telefónica del antes citado, en la que me proponía asistir a una comida con otras personas; invitación que decliné, indicándole que no tenía disponibilidad", concluye el magistrado su relato.

Se da la circunstancia de que, según el auto del pasado mes de marzo el que el juez Calama acepta la inhibición de esta causa --que había sido anteriormente remitida a un juzgado ordinario de instrucción-- se dice que este abogado había recibido en diciembre de 2020 el encargo de otro de los investigados, el financiero Felipe Baca, de repartir cantidades de dinero con la presunta finalidad de “cuidar a jueces, policías y funcionarios". también según la investigación, la organización maneja "cantidades de dinero de distintas procedencias ilícitas, y que estas, según la investigación de la Fiscalía francesa, son invertidas en bolsa, siendo posteriormente reintegradas como lícitas a sus clientes, actuando como un pseudobanco".

En su resolución, el juez Moreno alude a jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para señalar que "las garantías de independencia e imparcialidad deben permitir excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad ante los intereses en litigio".

Teoría de las "apariencias"

Agrega que el mismo tribunal ha elaborado la teoría de las apariencias, aceptada como estándar de enjuiciamiento en los instrumentos internacionales sobre el estatuto del juez, con la pretensión de reforzar la confianza de los ciudadanos en sus tribunales "y propiciar la imagen sobre la ausencia de prejuicio del juez del caso".

De ahí que él no analizara si en su caso podría haberse perdido la imparcialidad, "sino la apariencia" de la misma. "Estima este Instructor la concurrencia de la referida causa de abstención (en atención a un concepto amplio de amistad) esencialmente en aras a garantizar que no pueda existir dato, elemento o circunstancia alguna, de los que pueda cuestionarse, siquiera sea aparentemente, la independencia judicial". Por esta razón, la Sala de lo Penal consideró ajustada la abstención de Moreno, y el caso pasó a ser asumido por su compañero del Juzgado Central Número 4, José Luis Calama, que años después ha sido el primero en imputar presunta corrupción a un expresidente el Gobierno.

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