El Govern alarga a 2029 la fecha en que la hacienda catalana estará preparada para recaudar el 100% del IRPF

El Govern ha aprobado este martes una hoja de ruta que prevé que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) esté preparada para recaudar el 100% del IRPF en 2029, un objetivo que admite que está condicionado a que se logren las mayorías necesarias en el Congreso para poder materializarlo. Se trata de una fecha que alarga en un año el calendario inicialmente anunciado por el president de la Generalitat, Salvador Illa, que hace nueve meses fijó en 2028 el momento en que la hacienda catalana estaría capacitada para gestionar este impuesto, una aspiración fruto del acuerdo de investidura con ERC que hizo embarrancar el primer intento de aprobar los presupuestos.

El contrato programa que ha aprobado el Govern este martes, fruto del pacto para las cuentas con los republicanos sellado hace una semana, supone una inversión global de 527 millones de euros en los próximos tres años para afrontar un incremento de plantilla y el proceso de transformación tecnológica de la ATC, con el objetivo de robustecer su estructura y estar en disposición de recaudar tributos como el IRPF. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha precisado que en 2028 la ATC empezaría a "asumir funciones" de gestión, inspección, recaudación y potestad sancionadora sobre este impuesto y que sería en 2029 cuando se alcanzaría el "despliegue total" de la agencia para hacerse cargo por completo de su cobro.

Es evidente que requerimos de mayorías más amplias

Sílvia Paneque

— Portavoz del Govern

Eso sí, la consellera ha dejado claro que esta pretensión está supeditada a las mayorías que se logren en el Congreso para aprobar el nuevo modelo de financiación -la previsión es someterlo a votación antes de que finalice el año- y las modificaciones legislativas necesarias para que la Generalitat pueda recaudar el IRPF. Hasta ahora, tanto el PP como partidos como Junts han rechazado el sistema de reparto económico pactado entre socialistas y republicanos y el Gobierno ha cerrado la puerta a la recaudación del IRPF, pese a que Paneque ha asegurado que existe "el compromiso" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Es evidente que requerimos de mayorías más amplias", ha reconocido.

Tres fases a la espera del Congreso

El contrato programa establece un escenario gradual de asunción de competencias en materia de IRPF dividido en tres fases. La primera encajaría con la situación actual, que es una etapa de "colaboración" con la Agencia Tributaria estatal en la que la ATC desarrolla funciones de información y asistencia en las campañas de la renta. En la segunda, empezaría a asumir la gestión parcial de actos administrativos y a ejercer funciones de gestión, inspección y recaudación en ámbitos delimitados, así como de potestad sancionadora. Y, por último, la tercera, sería el momento en que se convertiría en la hacienda catalana integral al asumir la gestión total del IRPF.

Pasar de una fase a la otra irá en paralelo a la aprobación o no de los cambios normativos pertinentes en Madrid que se traduzcan en competencias delegadas, algo que, además de depender de las mayorías actuales en el Congreso, puede estar condicionado por si el Gobierno de Pedro Sánchez continúa en la Moncloa. El Govern de la Generalitat no contempla otro escenario que ese para dar cumplimiento al principal acuerdo con ERC que hizo posible la investidura de Illa.

Primeros pasos tras el acuerdo de presupuestos

En el que ha sido el primer encuentro del Consell Executiu tras aprobar el proyecto de presupuestos, el president también se ha puesto manos a la obra para impulsar otros acuerdos alcanzados con Oriol Junqueras, así como con los Comuns. Por un lado, ha creado ya el programa para el impulso de contenidos audiovisuales en catalán en las redes sociales y el entorno digital, adscrito a la Conselleria de Política Lingüística y que tendrá una duración de tres años. Por otro lado, se ha aprobado también la segunda convocatoria de la ley de barrios, dotada de nuevo con 200 millones de euros y a la espera de que, con los presupuestos en vigor en julio, pueda ampliarse hasta los 400 millones de inversión, como está pactado con el grupo de Jéssica Albiach.

El compromiso que debería haber arrancado su tramitación este martes, y que fue, de hecho, la clave de bóveda del 'sí' de los Comuns a los presupuestos, es la ley para limitar la compra especulativa de vivienda. Por ahora, la Mesa continúa sin haber tramitado la iniciativa de los Comuns por la vía de urgencia -algo para lo que necesitan que ERC esté de acuerdo-, por lo que empiezan a ser ajustados los plazos para que la norma esté en vigor antes del 31 de julio, como convinieron las dos partes.

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