El Govern crea una oficina para denunciar discriminación lingüística y ultima un plan para el catalán en las empresas

"Estamos cumpliendo con el catalán". Así lo ha defendido el president de la Generalitat, Salvador Illa, durante el acto de celebración del primer aniversario del Pacte Nacional per la Llengua, que ha servido para anunciar dos nuevas medidas. El Executiu ha acordado este martes la creación de una Oficina de Protecció de Drets Lingüístics para luchar contra la discriminación, y también está ultimando un plan con patronales y sindicatos para fomentar el catalán en el ámbito empresarial. "Es un paso importantísimo y una medida muy necesaria", ha afirmado el president. Las dos iniciativas formaban parte del plan presentado el 13 de mayo de 2025, pero aún no se había logrado ponerlas en marcha.

Un año después de la firma del acuerdo con partidos, entidades y sindicatos, el balance que hace el Govern es "positivo". De las más de 200 iniciativas a impulsar durante estos 12 meses, un 62% ya están completadas, según cifras facilitadas por el Executiu. Del resto, un 14% están "avanzadas", un 22% están "en marcha" y solo un 2% "no se han iniciado". También se ha alcanzado el presupuesto previsto de más de 250 millones de euros, a pesar de la prórroga presupuestaria.

Durante el acto, el Govern ha reconocido que queda "mucho trabajo por hacer", pero también que el pacto ha permitido "avanzar suficiente en algunas áreas como para hablar de transformación". Lo ha defendido de esta manera el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que destacado como una de las principales mejoras la ampliación de cursos de catalán para adultos. Una de las mayores polémicas que tuvo que afrontar Illa al llegar a la Generalitat fueron, justamente, las largas listas de espera de este tipo de enseñanza en los niveles más básicos.

Más cursos para migrantes

Hace dos años había un 20% de alumnos sin plaza, mientras que ahora son solo un 5% de los solicitantes y, además, se ha incrementado el número absoluto de asistentes a estas clases. Esto se ha conseguido expandiendo los cursos a muchas más comarcas y ampliando los horarios, lo que era una de las principales demandas de los solicitantes. Así, en un contexto de alto crecimiento demográfico por la llegada de personas extranjeras, se han dedicado 8,8 millones a un plan de choque para revertir la situación y se ha logrado alcanzar más de 135.000 plazas.

También se ha creado un nuevo certificado de nivel A1 de catalán, el más básico, para facilitar el aprendizaje de la lengua y su acreditación entre la población migrante. En paralelo, el Govern está elaborando una norma para que el catalán se tenga en cuenta en la renovación de papeles tras la regularización actualmente en marcha. La normativa vigente ya tiene en cuenta el conocimiento de catalán en algunos casos -especialmente cuando no hay un contrato laboral fijo-, pero hasta ahora, al no disponer de materiales ni exámenes de A1, era suficiente con haber asistido a un curso de 45 horas.

Más allá de esta cuestión, el president Illa ha querido poner en valor algunas de las partidas de los presupuestos de la Generalitat, que están en plena tramitación parlamentaria. Illa ha destacado los 21 millones destinados a ampliar las "aulas de acogida acelerada e intensiva" en las escuelas o los 50 millones dedicados al ámbito digital con tal de garantizar la presencia de la lengua en todas las pantallas y plataformas. "Cada euro destinado al catalán es una inversión", ha señalado el president.

Asimismo, el Govern también ha sacado pecho de otras medidas como el impulso de una "política lingüística municipal", la firma de un convenio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) u otras iniciativas en el ámbito sanitario.

Deberes pendientes

En cambio, como principales asignaturas en cola, el jefe del Executiu ha reconocido que aún no se ha podido avanzar en la oficialidad del catalán en la Unión Europea, pero se ha mostrado convencido de que será posible en un futuro y ha acusado al PP de haberlo boicoteado. Lo que no ha mencionado es que, un año después, no se ha logrado articular un frente común entre todos los partidos que defienden el catalán. Junts y la CUP, que se desmarcaron desde el inicio, siguen lejos de sumarse al acuerdo impulsado inicialmente por el Govern de Pere Aragonès y que fue una de las condiciones impuestas por ERC en la investidura de Illa como president.

Posconvergentes y anticapitalistas consideran que al pacto le falta "concreción" y acusan al Govern de usar la lengua castellana "frecuentemente". Además, los dos partidos ya denunciaban en su momento la inexistencia de un plan para blindar la lengua en la escuela ante una eventual sentencia del Tribunal Constitucional pudiera imponer un 25% de castellano en las aulas, algo que también sigue pendiente.

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