El Gobierno se aferra a las explicaciones de Zapatero ante el juez: “Estamos deseando que declare”

Ni el auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, ni la revelación de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ni, finalmente, el primer análisis del sumario del caso Plus Ultra que investiga el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, han cambiado la posición del Gobierno sobre el expresidente. Se apela a su presunción de inocencia y, aunque cada vez con menos ímpetu, se cuestiona que haya pruebas incriminatorias concluyentes. En el Ejecutivo lo fían todo ahora a las explicaciones que Zapatero ofrezca al juez, confiando que aclare las acusaciones.

Un ministro del núcleo duro del jefe del Ejecutivo reconocía este lunes que en el Gobierno están “deseando que declare el día 2” de junio, cuando ha sido citado. Se esperaba que Zapatero diese antes explicaciones ante los medios de comunicación, como aseguró en un video difundido tras conocerse su imputación, pero su abogado se lo habría desaconsejado. Mientras tanto, en el Gobierno ganan tiempo y ponen en duda la existencia de pruebas suficientes.

Sobre los informes de la UDEF revelados en los últimos días, desde el Gobierno los tildaban de “muy endebles”. “Está todo muy cogido con alfileres”, analizaba un ministro socialista defendiendo que las actividades que se describen parecerían “completamente lícitas” en el caso de Zapatero por la falta de conversaciones que lo incriminen. En los registros practicados el pasado martes, la Policía Nacional encontró en una caja fuerte situada en su despacho de expresidente casi un centenar de joyas. Los investigadores de la UDEF apuntan a que sería en su domicilio particular, que el juez rechazó registrar, el espacio idóneo como lugar de “planificación” de las instrucciones “más sensibles” de una trama donde sitúan a Zapatero como líder.

En el Gobierno apuntan a que el proceso judicial que cerca al expresidente, figura de referencia para Sánchez, será largo y se muestran determinados en seguir adelante con su hoja de ruta. Esto es, agotar la legislatura, pese a las presiones que comienzan a elevar incluso “socios prioritarios” como es el caso del PNV. El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, calificó de “irresponsable” no adelantar elecciones en este contexto. Su principal competidor electoral, EH Bildu, apuesta por consumar la legislatura y hacer con un impulso a la agenda plurinacional y social.

Desde Moncloa rebajan el órdago de los nacionalistas vascos al considerar que no apoyarán una moción de censura cuya aritmética pasa por PP y Vox. Lo ven más como una estrategia electoral de desmarque de cara a las municipales del próximo año. En el caso de Junts, consideran que sería un suicidio electoral para los de Carles Puigdemont vincularse a la ultraderecha de Vox en una operación política de este calibre.

Guiños a los socios

El presidente del Gobierno hacía suyas las palabras de “máxima tranquilidad” que insisten en trasladar sus colaboradores. “Por supuesto”, zanjaba a este respecto preguntado ayer por los medios de comunicación tras participar en un acto público sobre emergencia climática. Mientras se gana tiempo, el Gobierno trata de recuperar pie reactivando su agenda. Antes de verano se pretende aprobar en Consejo de Ministros y posteriormente llevar al Congreso el proyecto de ley sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Para dar contenido a esta hoja de ruta se buscan también los gestos a los socios, para retenerlos y justificar el rechazo a un adelanto electoral que se sumó en demandar este lunes el expresidente socialista Felipe González. El primero de estos gestos se ha dirigido al BNG, desbloqueando uno de los principales compromisos del acuerdo de investidura. Los soberanistas gallegos arrancaron un principio acuerdo con PSOE y Sumar para aprobar la transferencia de la AP-9 a Galicia.

“Con el BNG, Galicia gana nuevas competencias. En esta ocasión, una reclamación y reivindicación histórica”, celebraba su diputado en el Congreso, Néstor Rego. Con el PNV hay varios compromisos pendientes, comenzando por las transferencias pendientes de las competencias recogidas en el estatuto vasco o la materialización del órgano bilateral de gestión aeroportuaria. Con Junts se tratan de acercar posturas en materia de fiscalidad, desgravando las hipotecas, mientras que la comisión bilateral Estado-Generalitat viene de cerrar acuerdos en autogobierno e infraestructuras para ratificar el acuerdo de presupuestos con ERC.

Suscríbete para seguir leyendo