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Partido Socialista

Los barones del PSOE marcan distancias con Zapatero mientras Ferraz trata de aparentar normalidad

La acumulación de evidencias hace que el cierre de filas inicial se diluya entre los candidatos autonómicos y municipales.

El alcalde de León muestra su "decepción profunda" y una "preocupación extrema": "Hay cuestiones que parecen muy feas".

José Luis Rodríguez Zapatero, en León con el secretario general de los socialistas castellanoleoneses, Carlos Martínez, durante la campaña electoral.

José Luis Rodríguez Zapatero, en León con el secretario general de los socialistas castellanoleoneses, Carlos Martínez, durante la campaña electoral. / Fernando Otero / Europa Press

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Luis Ángel Sanz

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Madrid
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Crece la preocupación en el PSOE. Ni era lawfare, ni son todo conjeturas. Es cierto que siguen sin aparecer conversaciones o correos electrónicos que incriminen directamente a José Luis Rodríguez Zapatero, pero las evidencias acumuladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional son muchas y cada vez más dirigentes socialistas prefieren tomar distancia con el caso. Especialmente en el ámbito autonómico y municipal, donde tendrán elecciones dentro de un año.

La acumulación de pagos, empresas y conversaciones de terceros que citan a Zapatero ya ha hecho que gran parte de los socios de legislatura se alejen del Gobierno o pidan abiertamente elecciones, como el PNV. Pero no solo arrecian las críticas fuera del partido o desde dirigentes muy críticos desde hace tiempo, como Felipe González, que pidió también ayer elecciones anticipadas. Cada vez hay más desmarques internos, la mayoría todavía en privado.

La dirección socialista y el Gobierno tratan de aparentar normalidad, pero son varios los candidatos municipales y los barones -que se examinan dentro de un año en las elecciones municipales y autonómicas en 10 comunidades- que se están poco a poco desmarcando de la adhesión cerrada mostrada por Pedro Sánchez y por la dirección en los primeros días. Como ya dijo hace unos días el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, hay que evitar las "condenas anticipadas", pero también la "adhesión ciega". El barón castellanoleonés reclama la presunción de inocencia y defiende a Zapatero, que procede de León, pero muestra también criterio propio tomando distancia con Ferraz, como ha hecho otras veces pidiendo "una reflexión autocrítica" tras varias debacles electorales.

Viendo el auto, evidentemente hay cuestiones que parecen muy feas

Desde esta comunidad, el alcalde de León y secretario general en la capital, José Antonio Diez, ha sido públicamente el más duro, expresando una "decepción profunda" y una "preocupación extrema" ante el caso. Tras leer el auto, Diez se mostró "sumamente sorprendido, pero viendo el auto, evidentemente hay cuestiones que parecen muy feas".

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, se desmarcaba de Madrid este fin de semana en una entrevista con EL PERIÓDICO cuando dijo que quiere "hablar menos de Madrid y más de Extremadura". "No me preocupa que me respalde o no Pedro Sánchez, me preocupa más que me apoye un vecino de Cachorrilla, de Mérida o de Zalamea", afirma.

Más que críticas, de muchos territorios ha salido distancia y frialdad. Una reacción que se aleja de la defensa cerrada de Moncloa y Ferraz, también hoy más matizada que cuando estalló el caso. El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, por ejemplo, ha sido aséptico. Ha dicho que "es el momento de que la justicia haga su trabajo" y ha asegurado esperar que Zapatero tenga "argumentos suficientes para su absolución". La imputación de Zapatero ha caído como un mazazo entre los socialistas vascos por la vinculación del expresidente con esta comunidad y con el fin de ETA.

Como es habitual, el PSOE de Castilla-La Mancha ha sido el más claro y transparente en sus críticas. Fuentes de la dirección prefieren destacar la proximidad que Zapatero tiene con Sánchez y que el PSOE de Emiliano García-Page "se siente mucho más identificado con Felipe González". Además, fuentes del entorno del presidente castellano-manchego critican abiertamente las iniciales acusaciones de lawfare que salieron de Ferraz: "Es de una irresponsabilidad enorme que el partido del Gobierno denunciara lawfare o una cacería judicial cuando ni siquiera se habían leído el auto".

Zapatero no hizo campaña en Asturias; no sé de dónde sacan eso

El otro presidente autonómico del PSOE, Adrián Barbón, jefe del Ejecutivo asturiano, ha sido más cauto. Pero también ha querido rechazar de forma contundente que su triunfo electoral se debiera al apoyo del expresidente socialista, como aseguró Vox: "Zapatero no hizo campaña en las autonómicas de Asturias, yo no sé de dónde sacan eso; todo lo embarullan".

Un barón autonómico en la oposición es también muy crítico con la situación y con la reacción de Ferraz en conversación con EL PERIÓDICO. "Cuanto más nos atemos a él, más nos podrá arrastrar en su caída", asegura, "toda la presunción de inocencia y todo el respeto a la justicia, así como el reconocimiento al legado de Zapatero". Pero ese respeto, añade, también implica "no acusar a los jueces de perseguir al PSOE cada vez que se conoce un auto que nos perjudica". En su opinión, "la marca PSOE ahora mismo no ayuda" y tras la imputación, "se confirma que estamos ante un cambio de ciclo".

Los ministros candidatos

Una parte de los dirigentes autonómicos del PSOE -hasta seis- son también ministros del Gobierno o acaban de dejar de serlo. Es el caso de los secretarios generales socialistas en la Comunidad de Madrid, el ministro Óscar López; Comunidad Valenciana, Diana Morant; Canarias, Ángel Víctor Torres; o las de Andalucía, María Jesús Montero; o Aragón, Pilar Alegría, que dejaron recientemente el Gobierno. A ellos habría que añadir a la presidenta del Congreso y líder de los socialistas de Baleares, Francina Armengol. En estos casos, se ha defendido más abiertamente la línea oficial de cierre de filas con Zapatero.

Como apunta un barón que no ha pasado por el Gobierno de España, "se confirma que la operación de mandar a los ministros como candidatos tiene el objetivo orgánico de controlar la organización, no de ganar las elecciones o aumentar el poder territorial".

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