La UCO detalla que Begoña Gómez hizo pagos "desde su esfera personal" para el desarrollo del 'software" de la cátedra que codirigía en la Complutense

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica en el último informe que ha entregado al juez Juan Carlos Peinado, que imputa cuatro delitos de corrupción a la esposa del presidente del Gobierno, la existencia de pagos realizados "desde la esfera personal" de Begoña Gómez a una persona vinculada a la fase final --pruebas funcionales y difusión-- del 'software' creado en relación con la cátedra de Trasformación Social Competitiva que codirigía en a Universidad Complutense de Madrid.

Concretamente, según el informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se emitieron dos transferencias a una persona Sandra A.A, adscrita en ese momento a la Cámara de Comercio, derivada de un supuesto gasto de taxi, y otra vinculada a la empresa creada por la propia Gómez (Transforma TSC SL) por valor de 3.570 euros de la que "se desconoce la motivación". Este último se realizó el 10 de abril de 2024, apenas quince días antes de que se conociera la apertura de diligencias por parte del juez Peinado.

La UCO apunta a estas transferencias en un capítulo en el que trata de aclarar si existió o no un posible aprovechamiento personal por parte de Gómez de la herramienta desarrollada y la vinculación ajena a la Universidad. Sobre otros aspectos de la investigación que le encargó el juez Peinado, el resultado es exculpatorio, como la inexistencia de cuentas opacas y la creación de la cátedra conforme a la legalidad vigente.

Agrega que sobre la empresa que creó la esposa de Pedro Sánchez "no es posible precisar con exactitud cuáles eran sus aspiraciones comerciales dado que su periodo de actividad abarcó desde noviembre de 2023 hasta junio de 2024, tras la apertura de este procedimiento judicial". Para la UCO, en apariencia, las actividades de esta empresa "se vieron frustradas de manera temprana".

Tampoco ha encontrado la UCO otros elementos que vinculen oficialmente la empresa con la cátedra, tales como adendas o algún otro mecanismo de colaboración. En todo caso, para los investigadores "las analogías de denominación, objeto y figura visible de ambas, unidas a la ausencia de aviso legal en el portal web que identifique plenamente la/s entidades responsables detrás de la Plataforma, pueden derivarse dudas razonables sobre si Transforma TSC S.L. es una de ellas".

Ingresos en la empresa de Begoña

Además, la UCO desvela que la empresa de Gómez, Transforma TSC, “llegó a tener ingresos derivados de facturación, concretamente a la entidad Innovación Hexagonal SL, por un valor total de 6.687,85 euros”con fecha del 14 de marzo de 2024 . El administrador de esta empresa a la que se emiten facturas, “Raúl Oliván Cortés, es uno de los usuarios de la plataforma Transforma TSC SL, de igual forma que otras dos personas vinculadas a la firma Hexagonal LAB asociada a esta mercantil”.

Añaden, en todo caso, que con la información disponible en este momento procesal, "no resulta posible determinar el objeto de esta facturación ni, tampoco, la posible vinculación que esta pudiera tener con la actividad que se podría haber desarrollado a través o como consecuencia de su registro en la Plataforma". Sí consideran reseñable "la coincidencia entre los usuarios de la plataforma y el único cliente de la sociedad".

El informe de la UCO resalta igualmente que Begoña Gómez asumió también otros gastos como por ejemplo el abono de los registros de dos marcas “por valor de 127,88 euros y 206,57 euros, respectivamente --esta última desde una cuenta que comparte con su marido, Pedro Sánchez-- así como un pago adicional de 23,19 euros relacionado con una modificación introducida en esta última”. También asumió dos costes derivados del registro del dominio www.transformatsc.org por valor total de 118,58 euros.

Estos pagos “difieren de lo observado con respecto a otros de cuantía similar o mayor, derivados de asuntos diversos relacionados con la Cátedra o la Plataforma y que, al contrario de lo que sucede con los antedichos, son asumidos con fondos de la Complutense”, prosigue el documento policial. La defensa siempre ha señalado que estas gestiones de registro se hicieron por indicación de la propia universidad, como se hacía por responsables de otros cursos de carácter similar.

Propiedad intelectual

El informe explica, no obstante, que “se identifican elementos de que el resultado del trabajo —el entorno de producción de la Plataforma una vez desarrollado— habría sido puesto a disposición de una unidad interna de la Universidad Complutense con posibles competencias en la materia, concretamente, a su Servicio de Sistemas.

Sin embargo, los agentes detallan que en relación con la propiedad intelectual, “a pesar de haberse llegado a promocionar y hacer público el acceso a la herramienta, no se identifican elementos de los que se desprenda que por los responsables del proyecto se siguió el protocolo establecido" por el centro académico "para el registro de productos susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual". En este caso, la competencia recaería sobre la Cátedra, órgano interno de la UCM promotor del proyecto, y cuya dirección era asumida por Begoña Gómez”.

En otro momento del informe, concluye que la plataforma creada con este software "estaría en disposición de haber sido reconocida como producto susceptible de protección de su propiedad intelectual". Sin embargo, desde la cátedra, como responsables del proyecto, no solo no habría seguido el proceso establecido por la titular de los derechos (la propia universidad) sino que además se llevaron a cabo acciones de divulgación que ya habrían afectado a la propiedad intelectual de este sistema operativo.

Contratación de Deloitte

Asimismo, los agentes de la Guardia Civil llaman la atención en la contratación de los servicios necesarios para el desarrollo de la Plataforma abonados por la Complutense, concretamente a Making Science Group SA y a Deloitte Consulting SLU. En concreto, En el caso de Deloitte Consulting SLU, se tramitaron dos expedientes “que se habrían elaborado como un mero marco administrativo conformado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad a la contratación de estos servicios, la cual se habría llevado a cabo nuevamente al margen del procedimiento establecido en la normativa.

Pese a que los pagos a esta consultora sí se sustentaron en un contrato menor y en una posterior contratación mediante procedimiento abierto, la UCO desvela que las adjudicaciones a Deloitte “no solo estaban premeditadas sino que la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad a la adjudicación del primer contrato”; al mismo tiempo que “la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos”.

Finalmente, el informe sostiene que los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos “se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la Cátedra, incluido el precio, e incluso, se deduce de la secuencia de hechos analizada que se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte”.

En lo que respecta a la firma Making Science Group SA, su contratación se llevó a cabo, concluye la UCO, “sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto, pese a corresponderle por razón de su importe (20.000 euros sin IVA). Sin embargo, dado que la unidad interventora competente detectó esta disfunción una vez prestado el servicio, el pago fue liberado en aras de evitar un enriquecimiento injusto de la Complutense”.

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