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Solo seis presupuestos de la Generalitat se han aprobado después de junio desde la restauración de la democracia
Si las cuentas públicas de este año salen adelante después del 20 de julio, Illa será el president del siglo XXI que más tarde haya logrado aprobarlas
El Parlament prevé aprobar los presupuestos el 2 de julio
Más recursos en vivienda, ayudas al alquiler y límites a la especulación: las claves del pacto Govern-Comuns para los presupuestos

El president del Parlament, Josep Rull, y la consellera de Economia, Alícia Romero. / Toni Albir

Salvador Illa se convirtió en marzo en el primer president de la Generalitat en retirar unos presupuestos del Parlament, pero, de momento, no cargará con el hito de haber sido quien los apruebe más tarde. Si el Govern cumple su previsión y logra sacar adelante las cuentas antes del 31 de julio, los presupuestos de este año serán los sextos aprobados después de junio desde 1980, cuando se restauró la Generalitat. Tres se aprobaron en julio, uno en agosto y otros dos en diciembre del mismo año. Si se toma como referencia la verbena de Sant Joan, fecha que marca el inicio del periodo estival, todavía hubo un año en que salieron adelante el 27 de junio.
El Govern tiene margen para evitar la medalla de oro de la demora, pero no para esquivar el ranking de los presupuestos más tardíos. La marca continúa en manos de Jordi Pujol (CiU), que aprobó las cuentas de 1984 el 21 de diciembre de aquel mismo año, apenas 10 días antes de cerrar el ejercicio. Fue una aprobación más simbólica que operativa, porque el 31 de diciembre también dejó listas las cuentas de 1985. La explicación es que 1984 fue un año electoral bisagra entre legislaturas. Pujol venía de gobernar con mayoría simple gracias a apoyos puntuales de ERC y la UCD, pero las elecciones de abril le dieron la primera de sus tres mayorías absolutas. Con ese nuevo escenario, el Govern se propuso ordenar el cierre del año y dejar encarrilado el siguiente.

El expresident de la Generalitat, Jordi Pujol y el entonces conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, conversan durante la votación sobre los presupuestos de la Generalitat para el 2002. / ALBERT OLIVE
La segunda anomalía también pertenece a los primeros compases de la autonomía recuperada. Los presupuestos de 1980 se aprobaron el 12 de diciembre, en un contexto excepcional porque eran las primeras cuentas de la Generalitat después de las elecciones al Parlament tras el franquismo y todavía se estaba definiendo el marco competencial de Catalunya. Pujol logró atar los apoyos de ERC y la UCD para alumbrar los primeros presupuestos, que solo sirvieron cuatro meses y medio. En abril de 1981, aprobó los de ese año.
Los presupuestos en verano
A partir de ahí, los precedentes verdaderamente comparables son pocos. Pujol aprobó unas cuentas el 2 de agosto de 1983 y volvió a hacerlo muy tarde en 1996, el 25 de julio. Pasqual Maragall (PSC) sacó adelante sus primeros presupuestos el 13 de julio de 2004; José Montilla (PSC), el 27 de junio de 2007, y Artur Mas (CiU), el 20 de julio de 2011. Si el actual jefe del Govern agota el plazo hasta finales de julio, sus cuentas se situarán en la parte alta de esa lista. No serán las más tardías de la historia, pero si Junts y PP fuerzan un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, se abrirá la puerta a una posible aprobación más allá de agosto -mes inhábil que se debería habilitar- o ya en septiembre. Illa podría convertirse en el president del siglo XXI que apruebe sus cuentas más tarde.
Si los presupuestos se aprueban después del 20 de julio, Illa será el president del siglo XXI que más tarde haya logrado aprobarlos.
En el Palau de la Generalitat no cuentan con este escenario y solo ven posible unas cuentas públicas antes de agosto. Pese a que el historial confirma que los presupuestos que llegan más allá de Sant Joan son una rareza en la historia presupuestaria catalana, sí es verdad que la mitad de presidents han aprobado al menos una de sus cuentas públicas en periodo estival. De los ocho jefes de Govern desde la restauración de la democracia, lo han hecho cuatro -Pujol, Maragall, Montilla y Mas-, mientras que Carles Puigdemont estuvo a punto de hacerlo también en verano en 2017, pero aquel proyecto presupuestario cayó por la negativa de la CUP a dar los votos necesarios. Quim Torra y Pere Aragonès aprobaron sus cuentas durante el primer trimestre del año -o antes- o las prorrogaron.
Una década marcada por las prórrogas
De hecho, la falta de entendimiento ha obligado en varias ocasiones a continuar con las cuentas heredadas durante todo el año -el 1 de enero se prorrogan automáticamente los presupuestos meidante una firma técnica en el Consell Executiu-, una práctica que, sin embargo, se empezó a normalizar en la última década, coincidiendo con legislaturas más inestables, mayorías más frágiles y negociaciones presupuestarias cada vez más condicionadas por la aritmética parlamentaria. Desde 1980 ha habido siete ejercicios prorrogados todo el año: 2013, con Mas; 2016, con Puigdemont; 2018 y 2019, con Torra; 2021 y 2024, con Aragonès; y 2025, bajo la etapa de Illa.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, junto a la consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero. / Andreu Dalmau / EFE
De la hemeroteca también se desprende que hay un patrón en los presupuestos que llegan más tarde. Varios corresponden a presidents recién aterrizados o a legislaturas recién estrenadas. Maragall aprobó en julio de 2004 sus primeras cuentas tras relevar a Pujol en diciembre de 2003; Montilla hizo lo propio en junio de 2007 después de asumir la presidencia a finales de 2006; y Mas llegó a julio de 2011 tras ganar las elecciones y formar Govern a finales de 2010. En esos casos, el retraso no solo habla de negociación parlamentaria, sino también de falta de margen material, ya que un Executiu nuevo necesita tiempo para rehacer prioridades, redactar el proyecto y buscar apoyos.
¿Qué dice la ley?
El mes que más veces ha visto aprobarse unos presupuestos de la Generalitat es diciembre, con mucha diferencia. Según la serie histórica, 22 de los 39 presupuestos aprobados desde 1980 se validaron en el último mes del año para entrar en vigor al inicio del ejercicio siguiente. La ley de finanzas públicas de 1982, de hecho, fijaba un plazo obligatorio para llevar las cuentas al Parlament, una vez aprobadas en el Consell Executiu, antes del 10 de octubre del año anterior para dar margen a que entraran en vigor el 1 de enero. Pero en 2021 el Govern de Aragonès eliminó esta obligación y cambió el redactado del texto para que incluyera que se deben empezar a tramitar "con suficiente antelación" para que empiecen a funcionar el primer día del año. Año tras año, en cualquier caso, y desde esa modificación legal, se ha incumplido.
Si Illa logra, como está previsto, sacar adelante estos presupuestos, pondrá fin a tres años de prórrogas y evitará el récord histórico de la tardanza. Pero no podrá impedir que sus primeras cuentas nazcan con una etiqueta incómoda, ya que posiblemente serán las únicas que logre aprobar en toda la legislatura, pues 2027 será año electoral -municipales y generales-, lo que complicará la negociación. Si es así, pasará a formar parte de la lista de presidents que solo han aprobado unas cuentas públicas en toda la legislatura, junto a Puigdemont y Torra, que no llegaron a agotar los cuatro años de mandato.
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