Radiografía de los delitos que el juez Calama imputa a Zapatero: conversaciones, pagos e indicios por confirmar

La 'operación Tíbet' desarrollada por la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) el pasado 19 de mayo, tanto en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero como en hasta tres empresas --una de ellas la de sus hijas, Whathefav S.L.--, por orden del juez que investiga un uso indebido del rescate del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra permitió a los agentes incautarse de abundante documentación, cuyo análisis será clave para confirmar o descartar los indicios conocidos hasta el momento.

Mientras estas diligencias se desarrollan, las acusaciones por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental que encabezan el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama parecen sustentarse en el contenido de las conversaciones mantenidas por los supuestos pagadores de las mordidas, que deberán ser ahora corroboradas. A falta de conocer estos análisis ya se han producido las primeras decisiones de carácter cautelar, y las cuentas del expresidente han sido bloqueadas hasta un límite de medio millón de euros.

El juez cuenta también con las valoraciones de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sobre los pagos realizados desde la empresa de Julio Martínez Martínez (Análisis Relevante) y otras sociedades de su órbita tanto a Rodríguez Zapatero como a la mercantil de sus hijas por un total cercano a los dos millones de euros. Se pagó por servicios de consultoría o maquetación sospechosos según los investigadores de ser falsos, por lo que defensa deberá ahora desacreditar esta posibilidad a partir de la declaración del expresidente el próximo 2 de junio.

Ahí también radicaría el delito de falsedad documental, al que se une el blanqueo de capitales, que también se conecta con otros mensajes que apuntan a la creación de una offshore en Dubái. Estos son los indicios y las zonas grises que aún quedan por acreditar en este momento de la investigación con respecto a cada uno de los delitos:

Organización criminal

La resolución del juez Calama no es un auto de procesamiento y tampoco de imputación sin más, pues se dictó nada más levantarse el secreto de las actuaciones y para justificar una actuación gravosa para los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, como es el registro de unas oficinas y la incautación de documentación o dispositivos con datos personales que pudieran encontrarse, como son ordenadores y teléfonos móviles.

No obstante, el juez adelanta la presunta existencia de una trama estructuralmente organizada. Dice expresamente que "José Luis Rodríguez Zapatero ejerce funciones de dirección y control", en la cúspide de "una estructura estable y jerarquizada", seguido de Julio Martínez Martínez (su amigo y propietario de la consultora Análisis Relevante) "quien actúa como lugarteniente principal y figura visible".

En el segundo escalón, junto a Martínez, según se desprende de los mensajes interceptados --cuyo contenido no traslada en su integridad en el auto-- estarían Manuel Aarón Fajardo García, hijo de un senador socialista y según los investigadores el 'hombre de ZP' en Venezuela. Un tercer escalón, a nivel operativo, lo integrarían la secretaria del expresidente María Gertrudis 'Gertru' Alcázar y Cristóbal Cano, gestor del entorno de Martínez.

El auto no tiene por qué contener la integridad de los mensajes que obran en el sumario, que ocupa varios tomos, pero su detalle, cuando el sumario se haga público, servirá para que pueda verse de forma más clara si puede sustentarse esta acusación de organización criminal que el juez defiende en varias páginas de su resolución. Otra pieza fundamental para acreditarla será el contenido las agendas y el volcado de los dispositivos móviles que hayan sido incautado a personajes claves como es 'Gertru', que según informó la Cadena Ser ya están en poder de los agentes de la UDEF.

Tráfico de influencias

Se trata del delito principal, cuya acreditación puede ser la más complicada si la investigación no llega a poner negro sobre blanco qué funcionarios o personalidades de relevancia en el Gobierno habrían sido las contactadas por Rodríguez Zapatero para lograr los objetivos por los que habría sido presuntamente compensado por los empresarios. El juez Calama alude a la jurisprudencia del Supremo para recordar que para que exista tráfico de influencias basta con que el sujeto intente influir en un funcionario y tenga la "capacidad objetiva" de hacerlo, sin ser necesario que la resolución buscada llegue jamás a dictarse.

La concreción sobre quiénes son exactamente esas personas ante las que Rodríguez Zapatero habría mediado para conseguir el rescate de la aerolínea es algo que no aparece en el auto de imputación de forma explícita, y por ello es la acusación que ha motivado más recelos en ámbitos políticos de la izquierda, que han llegado cuestionar las decisiones de Calama bajo la sombra de un supuesto 'lawfare'.

De lo que se conoce por el momento, el posible delito se apunta en las conversaciones que han sido interceptadas entre los empresarios de Plus Ultra y sus contactos en Venezuela, siendo uno de ellos Rodolfo Reyes Rojas, un ex directivo a quien, tal y como informó este diario, la exfiscal general de Venezuela vinculó en su con negocios irregulares del Gobierno de Nicolás Maduro.

Es el que habla del "pana Zapatero" detrás de una reunión con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. El auto también hace mención a una reunión el 7 de septiembre de 2020 del expresidente con el entonces titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá mientras Plus Ultra negociaba su deuda con la Seguridad Social, basada en un mensaje del exasesor de José Luis Ábalos en Transportes, Koldo García. El actual Gobernador del Banco de España únicamente reconoce un encuentro para hablar de las medidas por Covid y niega gestiones para un aplazamiento de la deuda.

Blanqueo de capitales y falsedad documental

La acusación del blanqueo de capitales centra el origen de la causa, una querella de la Fiscalía Anticorrupción fruto del auxilio judicial solicitado a España por las autoridades francesas y suizas en relación con operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela.

En esta querella inicial, el Ministerio Fiscal vincula el rescate de 53 millones de dinero público español que presuntamente consiguieron los directivos de la compañía con el movimiento de fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía --(fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela--.

Dos millones para Zapatero y sus hijas

Por lo que respecta a Zapatero, dicha operativa se habría visto presuntamente reflejada en pagos realizados por Análisis Relevante directamente al Rodríguez Zapatero o a través de la empresa de sus hijas, Whathefav, que alcanzarían los dos millones de euros disimulados como trabajos reales de asesoramiento o maquetación. En cualquier caso, el propio expresidente afirma que son encargos reales y que responden a asuntos de contenido igualmente legal por los que además ha tributado a Hacienda, una conducta poco habitual si se habla de comisiones irregulares. Su comparecencia del próximo 2 de junio será clave para aclarar estas cuestiones, sobre las que descansa la acusación de presunta falsedad documental

Igualmente, queda aún por lograr una prueba fehaciente de otros planes de blanqueo a través de una sociedad off shore en Dubái respecto a la cual el auto de Calama asegura tener "acreditado" que se constituyó a instancias del expresidente del Gobierno. Esta sociedad proyectaba en marzo de 2021 obtener "al menos 3 millones de dólares durante los próximos 5 años", con un negocio consistente en ofrecer consultoría a empresas de habla hispana interesada en hacer negocios en los Emiratos Árabes. Todo ello fuera del radar de Hacienda.

La intervención de 'Gertru', quien tenía un "control absoluto" sobre la oficina del expresidente, según el juez, a la hora de transmitir mensajes concretos de su jefe sobre la creación de esta 'offshore' puede ser definitiva sobre este asunto, pero en el auto no se hace constar ninguno de ellos. Hay que tener en cuenta que Calama no autorizó la entrada en el domicilio de Zapatero y, por lo tanto, la UDEF no ha podido tener acceso al teléfono móvil del expresidente del Gobierno.

Por otro lado, el auto alude a otros negocios que apuntan al blanqueo en negocios de venta de petróleo y oro entre Venezuela, China y Emiratos cuya inclusión en el auto también parece ser fruto de comunicaciones detectadas por la UDEF, pero que también deberán ser corroborados por documentación u otras evidencias. Según el juez, de esas comunicaciones "se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero".

Así, tras el análisis de la documentación incautada esta semana, los investigadores deberán cotejar, por ejemplo, si las reuniones que figuran en las agendas incautadas coinciden con las citas detalladas en las conversaciones de los directivos de Plus Ultra, y también si existen en los dispositivos incautados rastros de más conversaciones. No obstante, Calama ya advierte en su auto que tanto Zapatero como su amigo Martínez adoptaron conductas dirigidas a "evitar que se establezca una vinculación directa con la actividad ilícita" como el borrado de las cadenas de correos electrónicos entre los asistentes personales de uno y otro.

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