Movimientos tras el caso Zapatero

La resaca de las elecciones autonómicas del domingo pasado en Andalucía estaba llamada a marcar la agenda política de esta semana. Pero como ocurre cada vez más asíduamente en la política actual un asunto tapa a otro y pocos perduran más allá de un par de jornadas. Sin embargo, el hito que ha eclipsado los resultados electorales en Andalucía no ha sido cosa menor y va a traer cola. La necesidad de Juanma Moreno de pactar -presumiblemente con Vox- para revalidar en el gobierno de la Junta de Andalucía tras perder la mayoría absoluta, la debacle encabezada por María Jesús Montero llevando a los socialistas a su peor resultado en una comunidad que fue durante cuatro década feudo del PSOE, quedó completamenete eclipsado el martes por la mañana. Un juez autorizó el registro policial de la oficina de un expresidente del Gobierno y José Luis Rodríguez Zapatero era citado como imputado ante José Luis Calama en la Audiencia Nacional.

Este hecho, -desde la derecha llevaban tiempo vaticinando que iría "Zapatero va Pá’lante", por usar lo dicho ya el 10 de febrero por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso- ha trastocado los esquemas en los partidos y en el Ejecutivo. En el PSOE, ha dejado al partido en "shock"; en el Partido Popular, "viéndolas venir y dejando al Gobierno y al PSOE cocerse en la olla de la corrupción"; y al presidente del Gobierno intentando marcar distancia, continuar con su agenda, mostrar "todo su apoyo" a Rodríguez Zapatero, y con todos los ojos sobre sí y si tomará medidas.

Los socialistas se tomaron esta imputación como un ataque a su ideología: "no atacan a nuestros presidentes y sus familias, sino al PSOE. Nos atacan a todos", expresó la secretaria de Organización del PSOE en un mensaje a la Ejecutiva del partido animándoles a poner "pie en pared", mientras Sánchez reclamaba "defender el buen nombre del presidente Zapatero". Los socialistas se lanzaban a defender el legado político de Rodríguez Zapatero. Pero el juez atribuye indiciariamente al expresidente socialista los delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental en relación con una operativa derivada del cobro del rescate de 53 millones de euros concedido a esta compañía en marzo de 2021, para paliar las pérdidas originadas por la pandemia de coronavirus.

De ahí que haya voces en el PSOE -ninguna públicamente- que cuestionen la estrategia -incluso quién afea que no supieran nada pese que por dos veces el juez pospuso los registros, la última por la decencia democrática de evitar interferir en la campaña electoral- y echen en falta "mayor contundencia" de Pedro Sánchez si cree en la absoluta inocencia del expresidente. Una creencia que, tras el auto y más después de los episodios de José Luis Ábalos y, especialmente, Santos Cerdán, deja de ser confianza ciega en el PSOE. "Qué duro es la razón de seguir militando", admitía un dirigente socialista con trienios. "Colaboración con la justicia y seguir", decía un líder socialista tras el estallido del ya conocido como caso Zapatero. Se acrecenta la demanda a Sánchez de más gestos y separación con lo que pueda salir cuando se conozca el sumario y la declaración ante un juez, por primera vez, de un expresidente del Gobierno como imputado. Gestos como que la abogacía del Estado cambie de postura y, lejos de defender el rescate dado a Plus Ultra, abogue por investigar si la trama engañó al Gobierno y se ha producido, por tanto, daño patrimonial (o menoscabo al erario público) con el desembolso de dinero para ayudar a esa compañía.

De los primeros en reaccionar al estallido del registro fue el líder de Vox demandando al Partido Popular una moción de censura. Movimiento político rápido y obvio del que Alberto Núñez Feijoó quiso apartarse. "Voy a hacer todo lo posible por un cambio de gobierno cuando crea que ha llegado el momento", afirmó el presidente del PP. "La moción de censura nunca la hemos descartado pero queda camino" y ahora se abre un horizonte judicial todavía más complicado para Sánchez con el juicio de su hermano -se inicia en Badajoz el próximo 28 de mayo-, la fijación del de Begoña Gómez, y la propia declaración de Zapatero y los informes que se vayan conociendo, o la sentencia del primer juicio a José Luis Ábalos y Koldo García. "Hay tiempo", insistían fuentes de la dirección del PP. Pero en Génova nunca han dejado de contemplar la opción de usar este mecanismo constitucional que empleó Pedro Sánchez en 2018 y le valió para apear a Mariano Rajoy de La Moncloa. Un hito del que el próximo 1 de junio se cumplen ocho años.

Pero en la sede del PP son cada vez más las voces, y de ahí que la estrategia vaya cogiendo fuerza y forma, que apuestan por una moción de censura que sirva como "canalizador del descontento" que los populares perciben en la calle contra Sánchez por los diferentes casos juidiciales. Y a la vez obligue a los hoy socios parlamentarios a retratarse en respaldo a un presidente que cada vez tiene más casos a su alrededor.

Quien tiene más clara la estrategia es la presidenta de la Comunidad de Madrid que no deja de pedir elecciones generales. "Es imprescindible", dijo Isabel Díaz Ayuso este viernes en su particular 'cara a cara' político que mantiene con Pedro Sánchez. "No aceptan que la corrupción les obliga a convocar elecciones" porque, verbalizó, "quizás tiene miedo a convocar elecciones y pasar a ser vecino de Ábalos, de Koldo y de todos los que quedan". Ayuso vislumbra que el jefe del Ejecutivo terminará en prisión, como está ahora mismo el que fuera su ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

Ahonda en la misma idea que Abascal que ya vaticinó que Sánchez sería "el primer presidente de la historia en entrar en prisión". Una proximidad a postulados de Vox que la presidenta madrileña cuida y más ahora tras ser, con permiso de Alfonso Rueda en Galicia, la lideresa del PP que mantiene a raya a Vox, tras la pérdida de la mayoría absoluta de Moreno en Andalucía.

Suscríbete para seguir leyendo