El Tribunal Supremo rechaza suspender la regularización de migrantes como pedían Vox y la Comunidad de Madrid

El Tribunal Supremo rechaza la suspensión cautelar el decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno el pasado en abril tras el pacto con Podemos. La Sala Contencioso-Administrativa del Alto Tribunal ha rechazado la petición realizada por la Comunidad de Madrid y Vox, al tiempo en que inadmite las solicitudes de tres asociaciones -Hazte Oír, Asociación por la Libertad y Justicia y Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica- al considerar que no están legitimados para presentarla.

El tribunal presidido por Carlos Lesmes ha tardado poco más de tres horas resolver la cuestión después de celebrarse este viernes por la mañana la vista oral, donde se expusieron los argumentos de una y otra parte. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, se opuso a la suspensión cautelar de la regularización. Finalmente el Supremo ha considerado la falta de legitimidad de las asociaciones, al tiempo en que ha rechazado las peticiones de Vox y Comunidad de Madrid. El fallo se ha adelantado en una nota informativa, aunque de momento se desconoce la motivación, puesto que los autos serán trasladados a las partes en los próximos días.

Uno de los principales argumentos esgrimidos para pedir la suspensión ha sido en los efectos "automáticos" e "irreversibles" que conlleva el proceso regulatorio, que contempla en su articulado la concesión temporal de permisos de trabajo y residencia cuando la solicitud de regularización sea admitida a trámite. La Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso, a través de su letrado, rebajó su posicióin inicial y solicitó al Supremo la suspensión únicamente de las disposiciones que regulaban la concesión de permisos provisionales, apelando a las "consecuencias inmediatas" que suponían para la administración regional. "Proponemos que la medida, en lugar de ser la mera suspensión de la norma, se limite a suspender el la producción del efecto inmediato de la solicitud", detalló el recurrente a lo largo de su exposición.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, rechazó el argumento de los efectos irreversibles, alegando que en caso de que la solicitud no sea aprobada, esos permisos serían revocados. Hasta ahora, el Gobierno ha otorgado 91.505 permisos provisionales de trabajo a migrantes, de las casi 550.000 solicitudes presentadas en los primeros 35 días, en un proceso que aún no ha llegado al ecuador del plazo de presentación, que culmina el 30 de junio.

Entre las causas que alegó la Comunidad de Madrid para pedir la suspensión estaba la dificultad para dimensionar los servicios públicos que ahora debían ofrecer de acuerdo a su nueva población, poniendo como ejemplo la emisión de la tarjeta sanitaria personal para cada uno de los nuevos residentes. "Se obliga manera inmediata a adaptar, planificar todos los servicios públicos contando con que según las estimaciones más prudentes que tenemos se regularían en la Comunidad de Madrid por lo menos 255 000 personas", detalló el letrado.

Hizo también alusión al posible "colapso" de algunos servicios, apelando concretamente a la renta mínima de inserción, donde "ahora mismo apenas hay 1800 beneficiarios en la Comunidad de Madrid", asegurando que "con esta medida se estima que podrían presentar acerca de 80.000 nuevas solicitudes en los próximos meses", teniendo en cuenta que uno de los requisitos es que los solicitantes de regularización se encuentren en situación de vulnerabilidad. La Abogacía del Estado rechazó estos argumentos asegurando que los solicitantes ya deben haber pasado cinco meses en España, de manera que ya tienen acceso a los principales servicios, como la sanidad o la educación.

Vox apela al voto

El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, defendió la posición del partido y pidió suspender el proceso, entre otras cosas, en base al argumento de que que modificaba el derecho de sufragio. En primer lugar apuntó al derecho de sufragio pasivo, al considerar que "la incorporación de un millón de nuevos residentes legales" deberán corresponderse con un cambio en la estructura de las administraciones, así como el Congreso y el Senado, que deberían ampliar su representación.

También se refirió al derecho de voto, el sufragio activo, en la medida en que podrá afectar al censo de las elecciones municipales, donde sí pueden votar ciudadanos no nacionales que provengan de países con los que haya acuerdos -la mayoría latinoamericanos-. "Casi dos millones de personas tienen derecho de voto en las elecciones municipales, a los que habrá que sumar los que ahora tengan residencia legal", defendió. Además, apuntó a que el permiso de residencia pone en marcha el reloj para obtener la nacionalización, que es de diez, cinco o dos años en función del país de origen.

La réplica sobre este punto la dio Patricia Fernández, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), que detalló que el voto en estos comicios no es automático y que en los últimos comicios municipales sólo solicitaron el voto 12.000 migrantes. Además, señaló que el Código Civil establece plazos de residencia más largos para poder acceder a la nacionalización, de manera que el derecho a voto tampoco será efectivo en las próximas generales.

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