Una sentencia abre la puerta a aumentar la indemnización a decenas de afectados por derrumbe de viviendas por la ampliación del Metro de Ayuso

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid abre la puerta a la esperanza de casi 70 vecinos de San Fernando de Henares, que podrían ver incrementada la indemnización inicial que obtuvieron por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras perder sus casas a causa de la ampliación de la línea 7B de Metro. La resolución judicial, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, acoge un incremento en las compensaciones al apreciar un mayor valor de una vivienda concreta que tuvo que ser derruida, pero también acoge otras indemnizaciones que alcanzan a los enseres que perdieron y los daños morales sufridos.

Aunque los vecinos fueron indemnizados, consideran que las cantidades que se les otorgaron, que van desde los 150.000 a los 270.000 euros eran a todas luces insuficientes para comprar en el municipio una nueva casa con las mismas o similares características a la que perdieron, dada la situación del mercado de la vivienda y tampoco tuvieron en cuenta otros conceptos que reclaman en los tribunales.

Victoria parcial

La resolución, con fecha de este pasado lunes, afecta concretamente a una pareja que residía en la calle Rafael Alberti de la localidad y que ya fue indemnizada con 272.000 euros, pero ellos recurrieron al cuantificar que deberían haber sido compensados con 163.000 euros más por diversos conceptos. Acudieron amparados por la Asociación de afectados metro Rafael Alberti y Presa de San Fernando de Henares y la justicia les ha dado finalmente una victoria parcial, al serles concedidos 89.000 euros más.

Desde la asociación esperan que esta sentencia abra la puerta a muchas más. "Hemos sido por ahora treinta valientes que hemos hecho un esfuerzo económico brutal y personal, no todos lo harán aunque ahora es más fácil por esta sentencia, pero de la asociación a la que pertenezco otros cincuenta están en proceso de demanda", señala Juan, presidente de la asociación, a este diario.

Otros vecinos no han tenido la misma suerte, a finales del pasado mes de abril este mismo tribunal falló en contra de Nieves, otra vecina que en 2021 perdió la vivienda que su padre había construido con sus manos, en la que aún residía en el momento del hundimiento, y en el que ella mantenía abierta una escuela de danza con 30 años de actividad. Su reclamación fue por la vía del lucro cesante, una estrategia legal diferente a la de los vecinos que han obtenido ahora una estimación parcial a sus pretensiones.

Sufrimiento "intenso"

En el caso de esta nueva sentencia la justicia acepta incrementar en 77.607 euros por los conceptos de pérdida de vivienda, 7.719 por los muebles y bienes que no pudieron sacar a tiempo y 12.000 más para cada miembro de la pareja por el "sufrimiento psíquico, la zozobra, la incertidumbre y el temor por el devenir de su vivienda familiar que les ha provocado la actuación administrativa", que el propio tribunal califica de "muy intensos". No acepta otras peticiones relativas a la falta de disponibilidad del inmueble ni los gastos de gestoría y notario que desembolsaron cuando adquirieron su casa en 1990.

Reclamaron al considerar que el dinero que les otorgó inicialmente el Gobierno de Ayuso no había tenido en cuenta el precio medio real de mercado en la fecha de la demolición de la misma, ni tampoco el valor del suelo sobre el que se asentaba. En cuanto a los daños morales, les parecieron también escasas las compensaciones iniciales por ignorar "la estrecha vinculación de los demandantes con la vivienda donde establecieron su domicilio familiar y desarrollaban su proyecto vital", según señalaban en su demanda.

'Guerra' de periciales

Para resolver sobre este asunto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia integrada por los magistrados María del Camino Vázquez, Francisca Rosas y Rafael Botella y Guillermina han tenido en cuenta los diferentes informes periciales presentados: El de Tinsa de la Comunidad de Madrid y los elaborados por VALUM Instituto de Valoraciones, Aquilia Arquitectos y otro perito independiente aportados por los demandantes, discriminaron el valor unitario aplicado a cada vivienda y analizaron otros conceptos, otorgando"mayor fuerza de convicción" a los de los vecinos.

"En definitiva, de la precedente valoración de la prueba se concluye que, pese al apreciable esfuerzo realizado por la Comunidad de Madrid, los recurrentes han logrado cumplir con la carga probatoria de acreditar que el valor de mercado de la vivienda (....) asciende a la cantidad de 242.188,45 euros", señala la sentencia. Este concepto, sumado al dinero por los enseres y los daños morales, elevan la cifra total a 89.000 euros más para esta familia.

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