El Gobierno ya ha dado más de 91.500 permisos de trabajo en la regularización de migrantes: recibe 549.506 solicitudes antes de llegar a su ecuador

El Gobierno ha recibido 549.506 solicitudes en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes en los primeros 35 días, desde el pasado 16 de abril que se inició el proceso, cuyos plazos están abiertos hasta el próximo 30 de abril y del que aún no se ha cumplido el ecuador. De este volumen de solicitudes, el Ejecutivo ha dado ya permisos a un total 91.505 solicitantes cuyos expedientes han sido admitidos a trámite, lo que conlleva la concesión automática de estos permisos provisionales, tal como establece el decreto pactado entre el Gobierno y Podemos. Es decir, el 16,6% de los solicitantes ya han obtenido los derechos, en un proceso que ha acumulado una media de 15.700 solicitudes diarias, a falta de 39 días para que concluya el plazo.

Estos datos los trasladó este viernes la Abogacía del Estado al Tribunal Supremo, donde tuvo lugar la vista de los recursos que solicitan la suspensión cautelar de la regularización de migrantes, entre ellos la Comunidad de Madrid -que pide una suspensión parcial-, Vox o la asociación Hazte Oír, entre otras. Aunque otras comunidades del PP han recurrido la regularización, como los gobiernos de Aragón, Murcia, Comunitat Valenciana y Baleares, no comparecieron este viernes por no haber solicitado las cautelares de suspensión. El Tribunal Supremo, finalmente, rechaza suspender la regularización de migrantes, como pedían Vox y la Comunidad de Madrid.

A lo largo de las tres horas de sesión, el Gobierno a través del abogado del Estado se opuso a estas peticiones. Uno de sus argumentos consistió precisamente en detallar el número de solicitudes recibidas y admitidas a trámite a fecha de este jueves 21 de mayo, apelando a que la concesión de permisos de residencia y trabajo "no es automática", tal como defendían las partes, sino que responde a un "chequeo" previo y una "comprobación de requisitos esenciales para su concesión".

Respondía así uno de los principales argumentos que atravesaron toda la sesión, donde las varias de las partes que solicitaban la suspensión cautelar justificaron esta medida en el riesgo de generar "derechos consolidados" durante el proceso de regularización, al considerar los "efectos inmediatos" que tiene el proceso.

Ayuso pide suspender la concesión "automática"

Así, desde la Comunidad de Madrid destacaron que "los efectos son absolutamente inmediatos", puesto que "la mera admisión a trámite de la solicitud produce efectos automáticos", como la concesión de permisos provisionales. Así, el representante del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destacó que "la producción de efectos inmediata debe ser paralizado", al considerar que los efectos generados serían difícilmente reversibles en caso de que el Tribunal Supremo termine tumbando alguna parte de la norma que lo regula.

"Una vez que se produzcan estos efectos, creemos que la sentencia que pueda dictarse tiene difícil retrotraer los efectos ya consolidados. Es más perjudicial que una vez reconocidos los efectos jurídicos de la regularización, estos dejen de tener vigencia", señaló el representante de la comunidad de Madrid.

El representante del Gobierno madrileño advirtió que no solicitan suspender todo el proceso de regularización, sino únicamente las disposiciones que regulan la concesión de permisos provisionales con la mera admisión a trámite, con esos "efectos inmediatos".

El representante también apeló a un segundo argumento: la necesidad de dimensionar sus servicios públicos en base a los nuevos residentes: "El alcance es de una solicitud muy relevante y esto va a incidir en los servicios públicos de Madrid y es lo que invocamos en esta cautelar", detalló el representante, que señaló que "se va a obligar a adaptar los servicios públicos", apuntando a sistemas de becas y la emisión de tarjetas sanitarias.

El abogado del Estado replicó que no habría efectos en los servicios públicos, asegurando que en medidas como la renta mínima vital ya se exige un año de estancia previa para su obtención, y la estancia previa exigida -deben estar en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar cinco meses de estancia continuiada- hacía ya fueran usuarios del resto de servicios.

La asociación Hazte Oír fue otra de las partes que apeló al argumento de los efectos inmediatos de la norma, advirtiendo de que "si no se paraliza la ley, generará una situación que luego derivará en derechos consolidados", al tiempo en que criticaba la "habilitación provisional anticipada", a su juicio difícilmente revertible.

Vox apela al voto

El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, defendió la posición del partido y pidió suspender el proceso, entre otras cosas, en base al argumento de que que modificaba el derecho de sufragio. En primer lugar en cuanto a derecho de sufragio pasivo, al considerar que "la incorporación de un millón de nuevos residentes legales" deberán corresponderse con un cambio en la estructura de las administraciones, así como el Congreso y el Senado, que deberían ampliar su representación.

También se refirió al derecho de voto, el sufragio activo, en la medida en que podrá afectar al censo de las elecciones municipales, donde sí pueden votar ciudadanos no nacionales que provengan de países con los que haya acuerdos -la mayoría latinoamericanos-. "Casi dos millones de personas tienen derecho de voto en las elecciones municipales, a los que habrá que sumar los que ahora tengan residencia legal", defendió. Además, apuntó a que el permiso de residencia pone en marcha el reloj para obtener la nacionalización, que es de diez, cinco o dos años en función del país de origen.

La réplica sobre este punto la dio Patricia Fernández, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), que detalló que el voto en estos comicios no es automático y que en los últimos comicios municipales sólo solicitaron el voto 12.000 migrantes.

Normativa europea

Uno de los argumentos recurrentes de los recurrentes es que la norma vulnera el Pacto europeo de migración y asilo que entra en vigor a mediados del mes de junio, además de una directiva europea que exige un tratamiento individualizado a la hora de fijar este tipo de procesos. Así, Vox aseguró que el Gobierno había acelerado los plazos "para eludir el pacto europeo", que según detalló "impide" la suspensión de procesos de expulsión o sancionadores abiertos que se contemplan en el decreto de regularización.

La Abogacía del Estado rechazó este argumento y defendió que directiva "no aborda la situación de residencia de extranjeros en territorio nacional"; puesto que esta competencia "corresponde exclusivamente a los estados", especificando que el estado donde el extranjero recibe un permiso "será el estado responsable", rechazando también que el proceso de regularización tenga afectación en otros países de la Unión Europea, puesto que -defendió- solo tiene derecho a circulación dentro del país donde tiene permiso.

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