Sumar trabaja en una reforma del estatuto de expresidentes del Gobierno tras estallar el caso Zapatero

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha desatado un terremoto en la arena política, donde algunos ya sacan las primeras conclusiones. Y una de las que ha sacado Sumar, socio minoritario del Gobierno, es que debe limitarse la labor de los expresidentes del Gobierno para evitar posibles situaciones de conflictos de interés o de tráfico de influencias, uno de los delitos que se le imputan a Zapatero junto a blanqueo de capitales, organización criminal o falsedad documental. El grupo parlamentario ya estudia el diseño de una reforma del estatuto de expresidentes que regula su figura, con el objetivo de fijar un perímetro de actuación para una vez que dejen el cargo.

El auto judicial dejó en una situación especialmente incómoda a los socios de Gobierno que en un primer momento habían apoyado al expresidente socialista y que tuvieron que dar marcha atrás. Pero también dejó una cuestión en el aire que verbalizó Gabriel Rufián, portavoz de ERC, durante la sesión de control este miércoles en el Congreso: "¿Dónde acaba el lobbismo y empieza el tráfico de influencias?". Un asunto que ahora Sumar propone delimitar. Este mismo miércoles, la dirección del grupo parlamentario abordó este asunto, y los portavoces de los distintos partidos acordaron estudiar opciones para impulsar una reforma del decreto que regula el estatuto del expresidente.

El plan, destacan fuentes del grupo, pasa por establecer nítidamente los límites de las relaciones laborales de quien haya ocupado la máxima posición en el Gobierno, planteando la posibilidad de que no puedan realizar labores de asesoría política, al considerar que se valen de una posición preferente derivada precisamente del cargo que han ocupado, y "porque conocen a personas en el otro lado, en la Administración". Este planteamiento también aseguraría que los expresidentes tengan unas asignaciones económicas que puedan compensar esta actividad.

La idea es plantear esta reforma en un texto específico e independiente del proyecto de ley de lobbies que impulsó el Gobierno en enero del año pasado y que se encuentra en el limbo parlamentario, dentro de la Comisión de Hacienda. Esta fórmula de reforma se ceñiría únicamente a modificar el estatuto de expresidentes, agilizando así su posible aprobación.

Pensión vitalicia

El estatuto de los expresidentes del Gobierno se aprobó en 1983, bajo el mandato de Felipe González, y regulaba las percepciones económicas y materiales de los expresidentes durante los siguientes cuatro años a su cese, aunque sin hacer alusión alguna a límites en su actividad profesional. En 1992 -también bajo el Gobierno de González-, el decreto se modificó para hacer vitalicios los privilegios adheridos al cargo, e incluyendo nuevos apartados.

Así, los expresidentes tienen derecho a una pensión vitalicia que se fija en los Presupuestos Generales del Estado -actualmente ronda los 80.000 euros anuales- y tienen a su disposición medios materiales, con una oficina de apoyo y personal a su cargo -dos trabajadores eventuales sufragados por el Estado-, además de medidas de seguridad, con coche oficial y chófer y protección policial. El decreto establece también que pueden disfrutar de un pasaporte diplomático y apoyo del Ministerio de Exteriores en sus viajes internacionales. En 1992 se incluyó un artículo para garantizar que la cónyuge o persona con relación de "afectividad" del expresidente disponga de un coche oficial con conductor y servicio de seguridad una vez fallecido éste.

Desde entonces, sólo ha sufrido una leve modificación en 2008, para incorporar a los expresidentes como consejeros natos del Consejo de Estado, de manera que ahora pueden optar a ocupar un cargo en el órgano -remunerado con 100.000 euros anuales, o percibir la pensión vitalicia. Sólo Zapatero optó por esta última opción, accediendo al Consejo de Estado tras su salida del Gobierno. En 2015, el expresidente salió del órgano consultivo y comenzó a percibir la asignación económica.

"Regular bien las actividades"

La idea de reformar el estatuto fue planteada públicamente por primera vez este martes, tras conocerse la imputación de Zapatero. Fue el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, quien señaló el estatuto de los expresidente, planteando que "regular mejor la funciones de los expresidentes y qué negocios y relaciones laborales pueden tener ayudaría a la democracia, te llames Zapatero, Rajoy o Aznar", resumió.

Este miércoles abonaron este planteamiento otros dirigentes de Sumar, como el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que señaló la necesidad de "regular bien todas las actividades” de los expresidentes del Gobierno, advirtiendo de que “cobrar por gestiones políticas es delito”. También la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, defendió la necesidad de desarrollar normas específicas que permitan “clarificar hasta dónde llega el límite de los lobbies y de otros supuestos que sí que están tipificados en el Código Penal”. Algo que, a su juicio, “ya toca desde hace tiempo” y que ahora Sumar trabaja en darle forma.

Suscríbete para seguir leyendo