Más recursos en vivienda, ayudas al alquiler y límites a la especulación: las claves del pacto Govern-Comuns para los presupuestos

Fortalecer los pilares del Estado del bienestar para que la ciudadanía "lo note". Con esta premisa encararon los Comuns la negociación con el Govern para los presupuestos de 2026, un pacto que se cerró en 11 días en febrero y que ha tenido que renegociarse dos meses después de que las cuentas fueran retiradas del Parlament por el rechazo de ERC. Con el apoyo de los republicanos garantizado, el president Salvador Illa ha cerrado este jueves el 'sí' del grupo de Jéssica Albiach mediante una actualización del acuerdo sellado, con lo que logrará tener sus primeros presupuestos y, previsiblemente, los únicos de la legislatura. Estos son los detalles del trato:

La piedra angular de la entente ha sido, de nuevo, la vivienda, carpeta en la que el Executiu se compromete a invertir 2.500 millones de euros y a impulsar una nueva ley para reconvertir oficinas y locales en vivienda protegida. Además de esa mayor inversión en vivienda para ampliar el parque público, rehabilitar y afrontar la emergencia habitacional, Albiach también se ha asegurado la creación de una dirección general "de disciplina de vivienda", una estructura con recursos y "con el mayor rango posible para que tenga una visión política y acabe con la barra libre de los fondos buitre". Su objetivo será aplicar con diligencia el régimen sancionador a los que incumplen la ley mediante el cuerpo de inspectores que se ha incorporado este año.

En estos momentos hay 60 inspectores trabajando y los 40 que faltan hasta los 100 prometidos están ya en fase de formación y contratación. Quién ocupará esa dirección general será lo acordarán las dos partes y, según fuentes de los Comuns, esa persona debería ser nombrada antes del verano. Para que tenga capacidad inspectora y sancionadora, se modificará la normativa de la Agència de l'Habitatge de Catalunya mediante enmiendas a la ley de medidas fiscales y financieras.

El paquete de vivienda alcanzará una inversión de 1.259 millones en recursos propios de la Generalitat, un crecimiento elevado si se tiene en cuenta que en los presupuestos de 2023 era de 750 millones. Unos 300 millones se destinarán a la compra de vivienda para protección oficial, otros 300 millones serán para ayudas al alquiler y otros 150 millones para la rehabilitación de 150.000 viviendas para destinarlas al parque público. A estos fondos se sumarán otros 600 millones del Institut Català de Finances (ICF) para viviendas y otros 50 millones para rehabilitación.

Las ayudas al alquiler llegarán hasta a 50.000 hogares más en Catalunya. También se subirá el límite de ingresos máximos que se fija actualmente para acceder a estas ayudas hasta los 36.279 euros por familia y se actualizará el precio máximo de los alquileres que podrán ser cubiertos con estas ayudas para que en Barcelona se sitúe en los 1.135 euros mensuales -ahora es de 900- y en el resto de Catalunya en los 855 euros mensuales -ahora es de 600-. En 2025 recibieron ayudas unos 95.000 hogares, que suponen el 13% del total de inquilinos. El plan es que en 2027 se llegue casi a 200.000, una cobertura del 25%.

Por otro lado, a partir de la semana que viene, se impulsará en el Parlament la limitación de la compra especulativa de vivienda, a través de la ley de urbanismo, en zonas con la demanda tensionada después de que los expertos recalcaran que la medida es "viable y constitucional". El objetivo es priorizar que la vivienda sea de uso residencial y que se deje de hacer negocio en las zonas declaradas como tensionadas con una norma que debería ser aprobada antes del verano. Los grandes tenedores, aquellos propietarios que cuentan con cinco inmuebles o más, no podrán comprar viviendas para especular. Sí podrán adquirir edificios enteros, pero deberán destinarlos a alquiler con el precio regulado. Incumplir la norma supondrá sanciones severas que alcanzarán los 1,5 millones de euros. Estará permitido que las personas físicas adquieran un piso si es para vivir en él, para un familiar directo o para una segunda residencia, así como para alquiler a precio asequible si se trata de un pequeño propietario.

Otro de los acuerdos alcanzados es duplicar la dotación de la ley de barrios para que cada convocatoria sea de 400 millones en lugar de 200. Así pues, en las próximas tres tandas se destinará un montante de 1.200 millones de euros con el fin de que se revitalicen 120 zonas degradadas de Catalunya. El plan transitará en paralelo a la Ley de Pueblos pactada con ERC y que se centrará en la revitalización de municipios pequeños.

La Generalitat invertirá 100 millones de euros en otorgar 100.000 nuevas becas comedor en los próximos dos cursos: 50.000 en el curso 2026-2027 y otras 50.000 en el curso 2027-2028. Según los Comuns, así se cubrirá hasta el 30% de los alumnos, un incremento notable si se tiene en cuenta que ahora llegan al 18%, pero no suficiente para cubrir a todos los que están en riesgo de pobreza, que son el 36%.

En las aulas, se incrementará en un 20% la plantilla de docentes destinados a los centros de máxima complejidad, se impulsará un "plan de choque" para mejorar la comprensión lectora de los alumnos y se contratará a 158 psicopedagogos más, al tiempo que se crearán 60 nuevos grupos de grado medio y básico de formación profesional.

El Govern elaborará un plan para reducir las listas de espera y lograr que las primeras visitas estén dentro del periodo establecido para el 70% de los usuarios y que no superen los 67 días. En las pruebas diagnósticas, al menos el 75% de las personas serán atendidas cuando toca en un plazo no superior a los 50 días. Y en cuanto a la actividad quirúrgica, el tiempo de espera no podrá superar los 30, 45 y 60 días en los casos de neoplasias y cirugía cardíaca.

La empresa mixta Rodalies de Catalunya asumirá el traspaso de la R1, como ya estaba previsto, pero iniciará también el proceso para hacerse cargo de la R3, la R2 sur, la R4 norte y la R16. Al mismo tiempo, la Generalitat asumirá la ejecución de obras en la red ferroviaria y la redacción de proyectos, cuya inversión financiará el Ministerio de Transportes vía encomiendas de gestión. El Govern también destinará 21 millones de euros a reforzar la red de autobuses, ya que el caos de Rodalies ha provocado que muchos usuarios se pasen a la carretera. En cuanto a la R-Aeroport, se elaborará un estudio antes de final de año para que el tren lanzadera alargue su recorrido y llegue hasta el Vallès Oriental y el Vallès Occidental a partir de 2030.

Todas las "personas menstruantes" que tengan entre 12 y 25 años recibirán un cheque de 25 euros al año para comprar productos para la menstruación y otro bono anual de 25 euros para jóvenes de entre 16 y 25 años para comprar preservativos.

Por otro lado, se ha acordado un plan dotado con 30 millones de euros para luchar contra el sinhogarismo, 10 millones para políticas de memoria democrática, la equiparación de las familias monoparentales con las numerosas en cuanto a la exención de los precios de los servicios académicos en las universidades públicas, y 40 millones para la Agència Catalana de Cooperació.

Forma parte también de los acuerdos la creación, antes del verano, del Fons d’Atenció Solidària. Se trata de recursos para "rescatar" a familias en situación de pobreza energética y cubrir así el vacío que ha dejado la finalización del convenio con las empresas eléctricas para condonar deuda a personas en situación de vulnerabilidad. Se destinará a ello 3 millones de euros este año y 10 el que viene.

Antes de finalizar el primer semestre de 2027, se debe crear la Comissària General de Prevenció i Denúncia de les Violències masclistes, así como reforzar y ampliar los grupos de atención a la víctima de los Mossos y las unidades de investigación vinculadas a estos delitos.

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