Todas las medidas que ha pactado el Govern para aprobar los presupuestos de 2026

El Govern ya tiene el apoyo de ERC y de los Comuns para que Catalunya tenga presupuestos en 2026. El president Salvador Illa ha logrado la mayoría necesaria para que sus primeras cuentas públicas, previsiblemente las únicas de este mandato -porque en 2027 hay elecciones municipales y generales-, salgan adelante en el Parlament tras atar acuerdos en materia de vivienda, infraestructuras, movilidad, educación y sanidad. Esto es todo lo que ha acordado el Ejecutivo con sus socios y que queda plasmado en el proyecto presupuestario que echa a andar en la Cámara catalana:

El Govern ha pactado con ERC la creación de una sociedad mercantil que se encargará de controlar la ejecución de las inversiones en infraestructuras presupuestadas por el Estado. La titularidad de las infraestructuras no variará -seguirán siendo estatales-, pero Catalunya tendrá más peso a la hora de decidir a qué se destinan los recursos y de vigilar que los plazos de las obras se cumplan.

Además, los republicanos han acordado con Illa recuperar un proyecto histórico concebido para conectar las principales ciudades de la segunda corona metropolitana sin pasar por Barcelona, la llamada línea de tren orbital, que costará 5.200 millones de euros y debería estar acabada en 2040. El planteamiento pasa por construir de forma progresiva un gran corredor ferroviario de 120 kilómetros entre Vilanova i la Geltrú y Mataró, atravesando el Penedès, el Baix Llobregat y el Vallès.

Por otro lado, el Consorcio de la Zona Franca pasará a ser una entidad en cuyo órgano de dirección la parte catalana -Generalitat y Ayuntamiento, conjuntamente- disponga de mayoría, con un 55%, mientras que el Estado -que hoy tiene el control del ente- conservará cerca de un 45%. Dentro de ese porcentaje de la parte catalana, la Generalitat dispondrá de un peso preeminente -el 40%, por encima del consistorio barcelonés, que tendrá un 15%-.

Illa y Junqueras también se han comprometido a impulsar las modificaciones legislativas para crear la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya y a aprobar en "una futura" Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat la creación de un órgano bilateral con el fin de coordinar la gobernanza del sistema aeroportuario catalán, como avanzó EL PERIÓDICO.

En alianza con ERC, y también con los Comuns, se acuerda continuar con el traspaso de Rodalies empezando por la R1 y la empresa mixta iniciará también el proceso para hacerse cargo de la R3, la R2 sur, la R4 norte y la R16. Al mismo tiempo, la Generalitat asumirá la ejecución de obras en la red ferroviaria y la redacción de proyectos, que financiará el Ministerio de Transportes vía encomiendas de gestión.

El Govern también destinará 21 millones de euros a reforzar la red de autobuses, ya que el caos de Rodalies ha provocado que muchos usuarios se pasen a la carretera. En cuanto a la R-Aeroport, se elaborará un estudio antes de final de año para que el tren lanzadera alargue su recorrido y llegue hasta el Vallès Oriental y el Vallès Occidental a partir de 2030.

La Generalitat y los republicanos fijan en su acuerdo que el nuevo sistema de financiación debe ser aprobado en el Congreso antes de final de año para que esté vigente en 2027, un proceso en el que se incorporará la delegación de las competencias para recaudar el IRPF, algo que hasta ahora ha rechazado el Gobierno y que es la principal causa por la que descarriló el primer intento de pactar las cuentas en febrero. En ese plazo de seis meses también debería aprobarse la condonación de la deuda del FLA, que para Catalunya supondrá más de 17.000 millones de euros. En paralelo, se procederá a la firma de un contrato-programa entre la Generalitat y la ATC para impulsar los cambios tecnológicos, de gestión de datos y organizativos necesarios para afrontar la recaudación de tributos con una aportación adicional de 21 millones de euros, hasta los 527 millones en 2029.

La piedra angular de la entente ha sido, de nuevo, la vivienda, carpeta en la que el Executiu se compromete a invertir 2.500 millones de euros y a impulsar una nueva ley para reconvertir oficinas y locales en vivienda protegida. También se creará una dirección general "de disciplina de vivienda", una estructura con recursos y "con el mayor rango posible para que tenga una visión política y acabe con la barra libre de los fondos buitre". Su objetivo será aplicar con diligencia el régimen sancionador a los que incumplen la ley mediante el cuerpo de inspectores que se ha incorporado este año.

Unos 300 millones se destinarán a la compra de vivienda para protección oficial, otros 300 millones serán para ayudas al alquiler y otros 150 millones para la rehabilitación de 150.000 viviendas para destinarlas al parque público. A estos fondos se sumarán otros 600 millones del Institut Català de Finances (ICF) para viviendas y otros 50 millones para rehabilitación.

Las ayudas al alquiler llegarán a 50.000 hogares más en Catalunya. También se subirá el límite de ingresos máximos que se fija actualmente para acceder a estas ayudas hasta los 36.279 euros por familia y se actualizará el precio máximo de los alquileres que podrán ser cubiertos con estas ayudas para que en Barcelona se sitúe en los 1.135 euros mensuales -ahora es de 900- y en el resto de Catalunya en los 855 euros mensuales -ahora es de 600-. En 2025 recibieron ayudas unos 95.000 hogares, que suponen el 13% del total de inquilinos. El plan es que en 2027 se llegue casi a 200.000, una cobertura del 25%.

En materia de vivienda, el Govern y ERC han creado un instrumento extraordinario para impulsar la rehabilitación de viviendas y la recuperación del parque residencial degradado en Catalunya con 160 millones de euros anuales, a los que se sumará una línea del ICF de 50 millones durante tres años y contará con una estructura de 20 personas.

Todo ello se complementa con el Pla de Pobles, avanzado por EL PERIÓDICO, en el que se invertirán 400 millones de euros para recuperar zonas degradadas de municipios pequeños; y con una mayor dotación de la ley de barrios para que cada convocatoria sea de 400 millones en lugar de 200. Así pues, en las próximas tres tandas se destinará un total de 1.200 millones de euros con el fin de revitalizar 120 zonas degradadas de Catalunya.

Por otro lado, el Govern limitará la compra especulativa de vivienda, a través de la ley de urbanismo en zonas de demanda tensionada, después de que los expertos recalcaran que la medida es "viable y constitucional". Los grandes tenedores, aquellos propietarios que cuentan con cinco inmuebles o más, no podrán comprar viviendas para especular. Sí podrán adquirir edificios enteros, pero deberán destinarlos a alquiler con el precio regulado. Incumplir supondrá sanciones severas que alcanzarán los 1,5 millones de euros. Estará permitido que las personas físicas adquieran un piso si es para vivir en él, para un familiar directo o para una segunda residencia, así como para alquiler a precio asequible si se trata de un pequeño propietario.

Otro de los puntos fuertes del acuerdo entre el Govern y ERC es el refuerzo del catalán. Se ha acordado destinar 50 millones de euros durante tres años a aumentar la presencia del catalán en las redes sociales y 35 millones a reforzar el departamento de Política Lingüística para ampliar la oferta de plazas de catalán del Consorci per a la Normalització Lingüística. Se trata de un paquete de medidas para impulsar el catalán en el ámbito del audiovisual y de los videojuegos, en la empresa, la salud y el comercio, entre otros. También se sumarán 10,3 millones para fomentar el uso social de la lengua en el marco del Pacte Nacional per la Llengua.

También hay partidas presupuestarias acordadas para sanidad y educación. En la primera materia, se destinarán 250 millones al sistema sanitario para aliviar tensiones de tesorería. Y en la segunda, además de los 100 millones para climatizar un centenar de escuelas, como ha avanzado EL PERIÓDICO, se incorporan 400 millones más para invertir en las escuelas, 50 millones para el vale escolar y la creación de 250 nuevas aulas de acogida. En el pacto con los Comuns ya se acordó que en las aulas se incrementará en un 20% la plantilla de docentes destinada a los centros de máxima complejidad, se impulsará un "plan de choque" para mejorar la comprensión lectora de los alumnos y se contratará a 158 psicopedagogos más, al tiempo que se crearán 60 nuevos grupos de grado medio y básico de formación profesional.

Asimismo, la Generalitat invertirá 100 millones de euros para otorgar 100.000 nuevas becas comedor en los próximos dos cursos: 50.000 en el curso 2026-2027 y otras 50.000 en el curso 2027-2028. Según los Comuns, así se cubrirá hasta el 30% de los alumnos, un incremento notable si se tiene en cuenta que ahora llegan al 18%, pero no suficiente para cubrir a todos los que están en riesgo de pobreza, que es el 36%.

Por otro lado, el Govern elaborará un plan para reducir las listas de espera y lograr que las primeras visitas estén dentro del periodo establecido para el 70% de los usuarios y que no superen los 67 días. En las pruebas diagnósticas, al menos el 75% de las personas serán atendidas cuando toca en un plazo no superior a los 50 días. Y en cuanto a la actividad quirúrgica, el tiempo de espera no podrá superar los 30, 45 y 60 días en los casos de neoplasias y cirugía cardíaca.

Al mismo tiempo, todas las "personas menstruantes" que tengan entre 12 y 25 años recibirán un cheque de 25 euros al año para comprar productos para la menstruación y otro bono anual de 25 euros para jóvenes de entre 16 y 25 años para comprar preservativos.

El Govern y los Comuns han acordado un plan dotado con 30 millones de euros para luchar contra el sinhogarismo. Forma parte también de los acuerdos la creación, antes del verano, del Fons d’Atenció Solidària. Se trata de recursos para "rescatar" a familias en situación de pobreza energética y cubrir así el vacío que ha dejado la finalización del convenio con las empresas eléctricas para condonar deuda a personas en situación de vulnerabilidad. Se destinará a ello 3 millones de euros este año y 10 el que viene.

Antes de finalizar el primer semestre de 2027, se debe crear la Comissària General de Prevenció i Denúncia de les Violències masclistes, así como reforzar y ampliar los grupos de atención a la víctima de los Mossos y las unidades de investigación vinculadas a estos delitos.

Por último, hay 10 millones para políticas de memoria democrática, la equiparación de las familias monoparentales con las numerosas en cuanto a la exención de los precios de los servicios académicos en las universidades públicas, y 40 millones para la Agència Catalana de Cooperació.

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