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Congreso

El Gobierno impulsa con todos los partidos de la derecha que los funcionarios de prisiones sean agentes de la autoridad

PSOE y Sumar votan con PP, Vox, Junts y PNV para elevar la protección de los trabajadores públicos de cárceles

Catalunya, que tiene la competencia transferida, ya realizó este cambio a comienzos de este mismo año

Varios funcionarios de prisiones con una pancarta en la que se lee: "Prisiones merece respeto" durante una concentración ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a 22 de abril de 2021, en Madrid (España). Varios sindicatos, entre ellos,

Varios funcionarios de prisiones con una pancarta en la que se lee: "Prisiones merece respeto" durante una concentración ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a 22 de abril de 2021, en Madrid (España). Varios sindicatos, entre ellos, / Ricardo Rubio - Europa Press

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid
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En un acuerdo pocas veces visto -solo en las últimas reformas de la Constitución- la mayoría de los partidos del Congreso se han puesto de acuerdo para modificar la ley y que los funcionarios de Instituciones penitenciarias sean considerados agentes de la autoridad. El cambio, aprobado este jueves en la comisión de Interior y que aún deberá pasar por el pleno del Congreso y por el Senado, concede mayor poder a los funcionarios de prisiones y mejora su protección ante posibles eventualidades en su trabajo.

Tras tres años y varias leyes registradas sobre este asunto, los dos partidos del Gobierno (PSOE y Sumar) han alcanzado un pacto con varios de sus socios -Junts y PNV-, pero también con los dos partidos de la oposición, PP y Vox. Se han quedado fuera de este amplio entendimiento los aliados de la izquierda, ERC y EH Bildu. La proposición de ley, registrada por los socialistas, pasa a considerar a los funcionarios públicos de prisiones "agentes de la autoridad" y les habilita a identificarse como tales en procesos administrativos y judiciales.

No obstante, lo más relevante es que ante procedimientos disciplinarios sancionadores, su testimonio constituirá "base suficiente para adoptar la resolución que proceda". Además, con esta reformar, la administración deberá "resarcir económicamente" a los funcionarios cuando "sufran daños personales o materiales en acto o con ocasión del servicio" y, por último, en caso de que un funcionario de prisiones se vea envuelto en un procedimiento penal se le garantizará la separación del resto de los detenidos. Estas dos últimas prerrogativas se aplicarán también al personal laboral.

Estos cambios, realizados en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria no afectan a Catalunya y País Vasco, las dos únicas comunidades que tienen transferidas las competencias en prisiones. No obstante, a comienzos de este año, el Parlament catalán aprobó una reforma con el mismo objetivo. En ese caso también fue por una proposición de ley del PSC que contó con el voto favorable de Junts, el PPC, Vox y Aliança Catalana.

Amplio acuerdo

El amplio consenso conseguido ha parecido sorprender a los propios diputados, que han aplaudido tal entendimiento. "Hemos hecho un buen trabajo", se ha congratulado el parlamentario del PP Fernando de Rosa antes de señalar su satisfacción. "Desde la discrepancia se aprende", ha reivindicado también el diputado socialista José Luis Aceves que señalaba que "cuando se hacen las cosas desde el diálogo, es importante también decirlo". Hasta el portavoz de Vox, formación que no suele sumar nunca sus votos a los del Gobierno, David García, se ha mostrado satisfecho.

No ha sido así para la parlamentaria de ERC Pilar Valluguera que ha lamentado la "derechización de las izquierdas" al comprar el mensaje de los partidos de la derecha.

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