Los socios del Gobierno basculan entre la prudencia y la denuncia de lawfare tras el auto contra Zapatero

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, entre otros delitos, ha dado un golpe en el tablero político, donde los partidos del bloque de investidura comenzaron denunciando lawfare y persecución judicial, tal como hizo el PSOE, y terminaron abonados a la prudencia a medida que avanzaba la tarde y se conocía el auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

La reacción inicial llegó por parte del independentismo. Los que más duramente cargaron contra la justicia española fueron los dirigentes de ERC. Su líder, Oriol Junqueras, dudó de la investigación judicial, asegurando que "tenemos muchas razones para poner en duda muchas de las acusaciones”. “La experiencia nos ha enseñado que algunas de estas acusaciones se han demostrado absolutamente falsas e inventadas”, defendió el dirigente en redes sociales.

El portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, acusó a los jueces de entrar en la arena política: "Mensaje para los jueces: el PP ya gana las elecciones, no hace falta que hagan política", resumió en los pasillos del Hemiciclo. “Hay una parte de la judicatura que lleva demasiado tiempo intentando sustituir en las urnas lo que no consigue la derecha”.

En redes horas antes, Rufián había sido de los primeros en reaccionar para defender al expresidente con un vídeo donde decía que el PP tenía "manía a Zapatero porque les ganó en 2004". También aseguraba en redes que la denuncia partía de la organización Manos Limpias, aunque lo cierto es que la investigación parte de la Fiscalía Anticorrupción tras una petición de la fiscalía de Suiza y la de Francia en el marco de una investigación por blanqueo de capitales.

En Junts dudaban también de la naturaleza de la investigación. Su portavoz parlamentaria Miriam Nogueras evitó entrar de lleno en el fondo de la causa, pero defendió que “las garantías procesales y la presunción de inocencia deben valer para todo el mundo”. El secretario general del partido, Jordi Turull, también señaló que “hemos visto demasiadas operaciones judiciales y mediáticas que luego quedaban en nada” y pidió “prudencia antes de hacer condenas públicas”.

Podemos fue otro de los actores que más férreamente defendió al expresidente Zapatero. El exvicepresidente Pablo Iglesias, que mantiene muy buena relación con el expresidente Zapatero, cargó también contra el sistema judicial: "Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político”, defendió por la mañana una entrevista en TVE, donde poco después volvió a expresar sus dudas sobre la causa apelando a su propia situación. "A mí me han perseguido judicialmente", denunció. "Ha habido titulares en los grandes y prestigiosos periódicos de este país", continuó, "que han utilizado investigaciones judiciales para reventarme y para reventarnos a nosotros. Después llegan los archivos y demás y pasa una bola del desierto por los medios". 

La eurodiputada Irene Montero enmarcó la investigación judicial en una ofensiva política y habló de una “actitud golpista de la derecha”, asegurando además que existe una “especial animadversión” hacia José Luis Rodríguez Zapatero. En rueda de prensa en el Congreso, la secretaria general Ione Belarra siguió la estela abierta por Iglesias y mostró su sorpresa porque Zapatero sea “el primer expresidente de la democracia imputado”.

En Podemos lamentaban este martes la escasa voluntad del PSOE por hacer frente al "lawfare", y aunque admitían que la imputación logra "tener a Zapatero secuestrado y desactivarlo" políticamente, en privado exhibían más prudencia. "No pongo la mano en el fuego por nadie, pero ganas le tienen", resumía un dirigente morado.

En el PNV, la portavoz Maribel Vaquero admitía que las acusaciones contra Zapatero eran "graves", pero llamó a la prudencia y pidió esperar a que acabe el proceso de instrucción. "Estamos en el inicio de un proceso de instrucción y vamos a estar a la espera de lo que éste dé de sí", detalló preguntada en el Congreso por este asunto.

Dudas en Sumar

Las dudas en la izquierda comenzaron a extenderse conforme se difundía el auto judicial de imputación que exhibía todos los indicios contra Zapatero a lo largo de 85 páginas. Durante la mañana, en Sumar fueron claros a la hora de apuntar a una "persecución judicial", tal como apuntó la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, en rueda de prensa.

En el mismo sentido se expresó la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, que expresó sus "dudas" sobre el proceso judicial: "Todos sabemos cómo se comporta la judicatura en algunos supuestos”, defendió. El diputado de los Comuns Gerardo Pisarello advirtió que "no es la primera vez que vemos a algunos jueces actuar y hacer política”.

Pero en privado, ya entrada la tarde, algunos dirigentes de Sumar expresaban en privado sus dudas sobre la situación de Zapatero, y apelaban a la prudencia, admitiendo que el auto era "durísimo" y señalando la gravedad de las acusaciones, como la creación de una sociedad offshore en Dubai a instancias de Zapatero para canalizar, presuntamente, los pagos de Plus Ultra a la trama societaria que describe el juez Calama, que otorga al expresidente el rango de líder de la organización.

Algunos destacaban también el origen de la investigación, que parte de la Fiscalía Anticorrupción en colaboración con las fiscalías de Francia y Suiza, después de que en un primer momento apuntaran erróneamente a la querella interpuesta en su día por la organización Manos Limpias, que nada tiene que ver con esta causa.

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