La investigación atribuye a Zapatero el cobro de dos millones en comisiones y la creación de una 'off-shore' en Dubái

La investigación realizada por la Unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) bajo las órdenes del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre el rescate de la compañía Plus Ultra revela delitos de tráfico de influencias por los que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero -- directamente o a través de la empresa de sus hijas, Whathefav-- habría obtenido casi 2 millones de euros en comisiones. También se apunta al blanqueo de capitales a través de una sociedad off shore en Dubái.

Sobre los beneficiarios finales de la presunta organización criminal, según apunta el auto de imputación del expresidente socialista, la empresa del también investigado Julio Martínez Martínez Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra y las empresas también implicadas Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa--terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, otras mercantiles como Gate Center habrían enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav.

Este asunto llegó a la Audiencia Nacional procedente de un juzgado de instrucción de Madrid que ya practicó detenciones relacionadas con un uso indebido del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó para Plus Ultra, entre las que se encontraba un amigo del expresidente, Julio Martínez Martínez, propietario de la empresa Análisis Relevante. El origen de todo el procedimiento es una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

Blanqueo de capitales

Por otro lado, el juez señala que la operativa presuntamente criminal no se limitó a España. Así, y siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero, afirma, se creó al menos una sociedad off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica., con un plan de negocio de 3 millones USD en cinco años. Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato, el 19 de enero de 2021, el inicio de gestiones para constituir Landside tan solo una semana después y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad off-shore podría haberse creado para canalizar ese cobro.

Para el juez consta indiciariamente acreditado en esta fase embrionaria de la investigación la existencia de una estructura societaria y financiera internacional indiciariamente diseñada para canalizar fondos de origen ilícito, ocultar la titularidad real de activos y desplazar capitales fuera del territorio nacional.

3 millones en cinco años

Consta indiciariamente acreditado, según la resolución dictada por el juez Calama, que José Luis Rodríguez Zapatero, con la participación de su secretaria María Gertrudis Alcázar Jiménez y Julio Martínez Martínez, impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco), cuyo plan de negocio preveía ingresos de 3 millones de dólares en cinco años y que estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez.

La proximidad temporal entre la constitución de dicha sociedad y la firma del contrato por el que Idella debía percibir 530.000 euros (1% del rescate público) −sin constancia del pago en España−, refuerza la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español.

Este patrón de actuación, a juicio de Calama, encaja en las modalidades típicas de blanqueo descritas por el Tribunal Supremo, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, la utilización de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real, la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros situados en el extranjero, y la desconexión deliberada entre el origen de los fondos y su destino final.

Es decir, concurren indicios de que los investigados habrían realizado actos de ocultación, conversión o transmisión de bienes presuntamente ilícitos mediante una estructura societaria internacional diseñada para impedir su rastreo.

No entra en su casa

El juez acepta el registro de la oficina de Rodríguez Zapatero y de otras tres mercantiles objeto de investigación, si bien rechaza el del domicilio particular del expresidente del Gobierno como había solicitado la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. Entiende que en este momento no concurren los presupuestos legales que establece la doctrina constitucional y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Además, considera poco probable que en la vivienda del expresidente puedan hallarse en este momento efectos del delito susceptibles de aseguramiento. “En este caso, la investigación dispone de vías alternativas que permiten obtener la información relevante sin necesidad de acceder al domicilio privado del investigado, como son el registro de la oficina desde la que ejerce sus funciones como expresidente del Gobierno", añade.

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