Las claves del pacto entre el Govern y ERC para los presupuestos: línea orbital, IRPF y catalán

El Govern y ERC han firmado este martes el pacto para que Catalunya tenga presupuestos en 2026. El president, Salvador Illa, y el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, han formalizado el acuerdo en un acto en la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat en el que han puesto sobre el papel el compromiso de la Generalitat de constituir una sociedad mercantil para supervisar las inversiones del Estado en Catalunya, la creación de una línea de tren orbital y el cambio de mayorías del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. También se conjuran para recuperar en el Congreso el encaje legal para que Catalunya pueda recaudar el IRPF, la condonación de la deuda del FLA y el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya. El acuerdo incluye asimismo partidas en materia de educación, sanidad y catalán. Estas son las claves del pacto forjado este martes:

La Societat Mercantil d'Inversions se creará para realizar estudios, redactar proyectos, ejecutar obras, prestar suministros y servicios, así como "cualquier otra actuación material necesaria para la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya". La idea es que se integre en el sector público empresarial estatal y que esté participada de forma paritaria por el Estado y por la Generalitat. La titularidad de las infraestructuras no variará -seguirán siendo estatales-, pero el Govern de Catalunya tendrá más peso a la hora de decidir a qué se destinan los recursos y de vigilar que los plazos de las obras se cumplan.

Las dos partes recuperan un proyecto histórico concebido para conectar las principales ciudades de la segunda corona metropolitana sin pasar por Barcelona, un plan que costará 5.200 millones de euros y debería estar acabado en 2040. El planteamiento pasa por construir de forma progresiva un gran corredor ferroviario de 120 kilómetros entre Vilanova i la Geltrú y Mataró, atravesando el Penedès, el Baix Llobregat y el Vallès. El corredor aprovecharía parte de la infraestructura ferroviaria existente, especialmente la R8 y otros tramos ya operativos de Rodalies, pero obligaría también a construir 68 kilómetros completamente nuevos, ya que se dibujan 40 estaciones, 23 de ellas de nueva creación, además de múltiples intercambiadores con las líneas R2, R3, R4, R7 y R8 de Rodalies y con Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

El Govern y ERC han acordado que el Consorcio de la Zona Franca pase a ser una entidad en cuyo órgano de dirección la parte catalana -Generalitat y Ayuntamiento, conjuntamente- disponga de mayoría, con un 55%, mientras que el Estado -que hoy tiene el control del ente- conservaría cerca de un 45%. En ese porcentaje de la parte catalana, la Generalitat dispondría de un peso preeminente -el 40 o 45%, por encima del consistorio barcelonés, que tendría un 15% o un 10%-, según puntualizan las citadas fuentes. La misión del Consorcio es la explotación de la Zona Franca de Barcelona y la planificación, ordenación y urbanización industrial de todos los terrenos que constituyen su patrimonio, por lo que su objetivo pasa por generar las condiciones para que en la periferia de la capital catalana se genere riqueza y empleo.

La Generalitat y los republicanos fijan en su acuerdo que el nuevo sistema debería ser aprobado en el Congreso antes de final de año para que esté vigente en 2027, un proceso en el que se incorporará la delegación de las competencias para recaudar el IRPF, algo que hasta ahora ha rechazado el Gobierno y que es la principal causa por la que descarriló el primer intento de pactar las cuentas en febrero. En este plazo de seis meses también debería aprobarse la condonación de la deuda del FLA, que, para Catalunya, supondrá más de 17.000 millones de euros. En paralelo se procederá a la firma de un contrato-programa entre la Generalitat y la ATC que garantice un "marco relacional estable y definido", que permita a la administración tributaria impulsar los cambios tecnológicos, de gestión de datos y organizativos necesarios para afrontar la recaudación de tributos con una aportación adicional de 21 millones de euros, hasta los 527 millones en 2029.

Illa y Junqueras también se han comprometido a impulsar las modificaciones legislativas para crear la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya y a aprobar en "una futura" Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat la creación de un órgano bilateral -como avanzó EL PERIÓDICO- con el fin de coordinar la gobernanza del sistema aeroportuario catalán.

En materia de vivienda, se creará un instrumento extraordinario para impulsar la rehabilitación de vivienda y la recuperación del parque residencial degradado en Catalunya. A ello se destinarán 160 millones de euros anuales más una línea del ICF de 50 millones durante tres años y contará con una estructura de 20 personas. El objetivo será movilizar viviendas vacías o en desuso, finalizar edificios inacabados, invertir en zonas residenciales degradadas, ayudar a los ayuntamientos pequeños a movilizar el parque de vivienda y reducir trámites para facilitar a los propietarios y a las comunidades de vecinos las rehabilitaciones. Todo ello se complementa con el Pla de Pobles, avanzado por EL PERIÓDICO, en el que se invertirán 400 millones de euros para recuperar zonas degradadas de municipios pequeños.

Otro de los puntos fuertes del acuerdo es el refuerzo del catalán. Se ha acordado destinar 50 millones de euros durante tres años a aumentar la presencia del catalán en las redes sociales y 35 millones a reforzar el departamento de Política Lingüística para ampliar la oferta de plazas de catalán del Consorci per a la Normalització Lingüística. Se trata de un paquete de medidas para impulsar el catalán en el ámbito del audiovisual y de los videojuegos, en la empresa, la salud y el comercio, entre otros. También se sumarán 10,3 millones para fomentar el uso social de la lengua en el marco del Pacte Nacional per la Llengua.

También hay partidas presupuestarias acordadas para sanidad y educación. En la primera materia, se destinarán 250 millones al sistema sanitario para aliviar tensiones de tesorería. Y en la segunda, además de los 100 millones para climatizar un centenar de escuelas, como ha avanzado EL PERIÓDICO, se incorporan 400 millones más para invertir en las escuelas, 50 millones para el vale escolar y la creación de 250 nuevas aulas de acogida. Se trata de unas inversiones que se han pactado en un contexto de alta conflictividad con el sector educativo y a las puertas de que la consellera de Educació, Esther Niubó, se siente con los sindicatos mayoritarios para tratar de reconducir las huelgas convocadas hasta final de curso.

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