La regularización de migrantes cumple un mes: polémicas políticas, recursos judiciales y sin foto en el Congreso

La regularización extraordinaria de migrantes cumple este sábado un mes desde que entró en vigor tras aprobarse en Consejo de Ministros, y desde que se abrió una batalla política y judicial que aún está por resolverse. La medida fue alumbrada por el Gobierno tras un acuerdo con Podemos, en un intento por recuperarlo como socio parlamentario, y mediante la fórmula de una reforma del Reglamento de Extranjería, sin tener que pasar por una votación en el Congreso donde los partidos se retraten claramente sobre el fondo de la cuestión.

La propuesta para llevar a cabo una regularización de migrantes llegó al Congreso en 2023 mediante una Iniciativa Legislativa Popular con 700.000 firmas, impulsada por organizaciones sociales y la Iglesia. En abril de 2024, el Congreso admitió a trámite esa iniciativa con el voto a favor de todos los partidos, salvo Vox. Desde entonces, la iniciativa se sumió en un limbo parlamentario, sin que hubiera acuerdo sobre los términos concretos del texto.

En mayo del año pasado, el PSOE reactivó la negociación en el Congreso para corregir los fallos detectados en la reforma del reglamento de extranjería, que dejaba fuera a solicitantes de protección internacional o vulnerables . En su propuesta, remitida a los grupos, planteaba vincular la regularización a los contratos laborales, a sabiendas de que era un requisito imprescindible para que el PP pudiera apoyarlo. Además, incluía la exigencia de un año de estancia en España, y cumplir alguno de los requisitos como haber trabajado, tener un precontrato laboral o un compromiso de contratación, así como tener hijos escolarizados en España, estudiando o con discapacidad, o estar en situación de especial vulnerabilidad. La propuesta tenía el apoyo de sus socios de izquierdas salvo Podemos, que quería condiciones más laxas para obtener los permisos laborales y de residencia.

Finalmente, fue este enero cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien cerró un acuerdo con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en el que establecieron un marco más amplio para la regularización, que se aplica ya a todos los migrantes que llegaron a España hasta el 31 de diciembre de 2025 y que acrediten una estancia prolongada de cinco meses, con el requisito, entre otros, de encontrarse en situación de vulnerabilidad. El Gobierno hizo esta concesión a Podemos y le delegó el anuncio del acuerdo. A cambio, el partido se comprometió a negociar la delegación de las competencias migratorias a Catalunya, una exigencia de Junts al Gobierno.

El texto inicial fue matizado después por el Consejo de Estado, en la primera polémica jurídica de la medida. El acuerdo contemplaba en un primer momento que los inmigrantes tenían que presentar un certificado de no tener antecedentes penales en España y en el país de origen pero, en caso de no tenerlo, bastaría con una declaración responsable del interesado. Una fórmula que rechazó el organismo y que finalmente el Gobierno retiró del decreto final aprobado en Consejo de Ministros.

Polémica política

Sin embargo, el texto final también desató la polémica en la arena política, donde la inmigración ha pasado a convertirse en un asunto central, en línea con el escenario internacional, y del que Vox hace bandera. El partido de Santiago Abascal ha sido precisamente el más crítico con la medida y el que se ha opuesto con más vehemencia, llegando a alentar la teoría del gran reemplazo, que defiende también la ultraderecha de Le Pen en Francia, vinculando la inmigración con una amenaza a la identidad nacional y con la inseguridad.

Las críticas también han llegado por parte del PP, que ha criticado el procedimiento elegido por el Gobierno, sin votación en el Congreso, y ha cuestionando la falta de informes sobre el impacto económico sobre los servicios financiados por las autonomías. Hace solo unos días, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, apuntó a la ocultación de información y de documentos en este proceso, comprometiéndose a "desclasificar" la información reservada sobre la negociación del asunto en caso de llegar al Gobierno.

La inmigración se ha convertido en un campo de disputa entre Vox y PP. En el debate parlamentario del pasado junio sobre la enmienda a la totalidad que presentó Vox, la diputada del PP Sofía Acedo cargó contra el partido de Abascal, asegurando que la regularización -que ellos mismos apoyaron en su admisión a trámite- era un "instrumento para Vox", a quien acusaba de lanzar "mensajes grandilocuentes y de brocha gorda".

Sin oponerse en ningún momento a la regularización, el PP sí acotó su postura como defensor de "una migración ordenada y regular, vinculada al mercado laboral" y con la "lucha sin paliativos contra las mafias". Además, defendía entonces que "las personas extranjeras en España siempre han sido bienvenidas para trabajar (...), pero no aquellas que tienen causas judiciales abiertas".

Tras la aprobación del decreto, el PP ha centrado sus críticas en la falta de seguridad para los nacionales y los "inmigrantes regulares" que ya viven en España, uniéndose de alguna forma al discurso de Vox que vincula inmigración e inseguridad.

El decreto de regularización fija como requisito no tener antecedentes penales -es decir, una condena previa y en firme-, y no ser "una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales", una referencia que exige un examen individualizado de cada solicitud. Y es aquí donde los populares pusieron el foco, poniendo en duda que pudiera hacerse esta valoración ante lo ajustado de los plazos -el plazo de resolución es de tres meses- y rechazando que se regularice a migrantes con antecedentes policiales o procesos judiciales abiertos no resueltos, por considerarlos una potencial amenaza para la seguridad.

Otro de los elementos que han centrado las críticas de Vox y el PP, verbalizado en mayor medida por la federación madrileña de Isabel Díaz Ayuso, es la posibilidad de que la regularización sea una operación para engrosar el censo con nuevos votantes. Un argumento que es estrictamente falso, en la medida en que la obtención de permisos de trabajo y residencia no da derecho a nacionalidad ni a voto, aunque sí activa el plazo para que puedan solicitarla en un futuro. La concesión de la nacionalidad española exige un mínimo de residencia que varía entre el plazo general de diez años y los dos años que se piden para países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.

Las críticas también llegaron por parte de Junts, que ha criticado que el proceso excluya el catalán como criterio de integración. Su secretario general, Jordi Turull, ha reclamado que el conocimiento del catalán sea un requisito para la obtención de la regularización, una petición que asumió como propia el Govern de Salvador Illa, que trabaja en una norma para que el catalán sea condición para la renovación de estos permisos. La portavoz parlamentaria del partido, Miriam Nogueras, alertó también de un posible “colapso” de servicios municipales catalanes.

La formación acusa al Gobierno de "externalizar todos los problemas hacia los ayuntamientos", sin recursos ni capacidad administrativa para afrontar todos los trámites necesarios. Una crítica a la que se ha sumado la Comunidad de Madrid, que en las primeras semanas de regularización denunció un "colapso" de sus servicios sociales, encargados de emitir informes de vulnerabilidad, señalando que habían pasado de 1.500 citas diarias a 5.500.

Recursos en el Supremo

Las críticas del ámbito político también se han traducido en acciones judiciales. Los de Junts avanzaron que presentarán un recurso ante la UE por contravenir "directivas europeas" y por excluir el catalán. Los que ya están en trámite son los recursos ante el Tribunal Supremo que presentaron Vox, la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y tres asociaciones, que piden la suspensión cautelar de la medida hasta que se resuelva su legalidad, ante el alto impacto de sus efectos. El Alto Tribunal resolverá el próximo viernes 22 de mayo sobre la suspensión o no de la regularización.

En su recurso, el Gobierno regional de Madrid apunta al "desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas” y a que afectaría "gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos de financiación y de provisión de medios", asegurando que el impacto de la medida conllevaría un aumento de solicitudes de ayudas sociales o becas educativas que no estaban preparados para afrontar.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, se ha opuesto a la suspensión, alegando que tendría una "afectación directa" sobre "los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, sobre el interés general". Además, argumentaba que la regularización no impactaría en el gasto sanitario, ya que los migrantes en situación irregular también tienen derecho a la atención sanitaria.

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