El caso Montoro traspasa fronteras: el juez pide ayuda a Francia para tomar declaración al responsable de una de las empresas implicadas

El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, en el que se investiga el caso Montoro, "no dispone de los medios técnicos adecuados para garantizar que las declaraciones puedan ser realizadas con plenas garantías tanto para los investigados como para los letrados" a través de videoconferencia. Por ello, ante la alegación de la defensa del director general de Air Liquide Ibérica desde octubre de 2012, Patrick Emmanuel Marcel Jozon, en la que plantea que reside en Francia y presenta "dificultades de traslado a España", su titular, el magistrado Rubén Rus Vela, ha accedido a practicar su interrogatorio a través de un cuestionario que remitirá a través de una orden europea de investigación (OEI).

El juez que investiga si las empresas de gases industriales contrataron el bufete fundado por el exministro Cristóbal Montoro para resultar beneficiadas de reformas legislativas en marcha accede a la petición de la defensa de tramitar una OEI, pero no para practicar una videoconferencia, como proponía ella, sino para adjuntar "un escrito de preguntas a fin de que sean realizadas por el Estado receptor de la petición de cooperación", afirma en un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Para redactar ese cuestionario, el magistrado da "traslado a las partes y al ministerio fiscal a fin de que manifiesten lo que interesen, aportando si lo desean escrito de preguntas al investigado". Patrick Emmanuel Marcel Jozon aparece en los correos intervenidos en la causa y, en concreto, en la reunión celebrada el 15 de octubre de 2013 en la que se presentó a Manuel de Vicente Tutor por parte de Equipo Económico a las gasísticas con el objetivo de discutir las condiciones de su contratación.

El responsable de Air Liquide Ibérica también asistió a la teleconferencia del 25 de octubre celebrada ese mismo año en la que se acordó la contratación de Equipo Económico por parte de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) y "se establecieron los términos en los que se realizarían los pagos y se formalizarían los informes a entregar en el Ministerio de Hacienda" durante la tramitación legislativa de los proyectos de ley en los que supuestamente este sector energético resultó favorecido.

Negarse a declarar

De hecho, el primer imputado llamado a declarar ante el juez fue Eduardo Gil Elejoste, quien, como presidente de esa asociación, también estuvo en ambos encuentros. El imputado, que también es consejero de Nippon Gases Europe desde 2018 y antes presidió Praxair Europa, compañía en la que fue director general para España y Portugal entre 2008 y 2016, se negó a declarar ante el magistrado a la espera de que la Audiencia Provincial de Tarragona se pronuncie sobre los recursos pendientes, entre los que figura una declinatoria de jurisdicción a favor de los juzgados de Madrid.

Entre las impugnaciones de los imputados a las decisiones del juez también figuraba declarar al final de la instrucción, pese a que esa práctica se suele producir en los juicios, no en plena investigación, en la que el interrogatorio de los investigados suele ser el primer paso de las pesquisas. Entre sus principales críticas a la instrucción también figuraban las declaraciones que están practicando los Mossos.

En este sentido, el juez recordaba al exministro de Hacienda del Partido Popular imputado y al resto de investigados que la Policía de la Generalitat tiene libertad para llevar a cabo las diligencias que considere oportunas: "El hecho de que un asunto se encuentre judicializado, no impide que se siga desempeñando una labor policial encaminada al averiguamiento del delito, sus circunstancias y los responsables del mismo, por lo que, desde este punto de vista, los cuerpos policiales gozan de autonomía en cuanto las actuaciones a practicar durante la instrucción, diligencias complementarias a las que se ordenen desde el juzgado", destacaba el instructor.

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