El informe jurídico del Parlament ve "poco margen" para llevar a los tribunales el ataque de Tarradas (Vox) a Driouech (ERC)

El informe de los servicios jurídicos del Parlament que la Mesa encargó hace dos semanas para valorar si hay "recorrido judicial" para llevar a los tribunales a Alberto Tarradas (Vox) por haber amenazado con deportar a Najat Driouech (ERC) en un pleno apunta a que la libertad de expresión "es muy amplia" en sede parlamentaria y que, por tanto, hay "poco margen" para llevar por la vía penal esta acusación, según explican fuentes parlamentarias que han consultado el "borrador" del documento, firmado por el letrado mayor.

El episodio, que tuvo lugar en la pasada sesión plenaria y que llevó a Tarradas a pedir perdón pocas horas después en el hemiciclo, fue considerado por el órgano rector como el traspaso de unas "líneas rojas" del decoro parlamentario y del respeto a los derechos humanos. Por ese motivo, además de llevar el caso a la comisión del estatuto del diputado, que debe velar por el cumplimiento del código de conducta, se solicitó a los letrados de la Cámara catalana un informe para analizar la viabilidad de llevarlo a los tribunales. Una vez conocido el primer borrador y para ampliar el foco, la Mesa ha pedido dos informes más a expertos "externos" que puedan completar el análisis.

La conclusión de este dictamen, que se ampara en la doctrina española y europea sobre los límites de la libertad de expresión, va en la línea del posicionamiento que ya ha expresado en varias ocasiones el exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) Josep Casadevall, que se ha reunido en dos ocasiones con el presidente del Parlament, Josep Rull, para asesorarlo en esta cuestión y explicar el modelo que impera en Europa, basado en evitar las interrupciones, como también explicó Casadevall a este diario al inicio de la legislatura.

Lo que se hace en estos parlamentos de fuera de España que también conviven con la extrema derecha es dejar que los diputados pronuncien sus palabras, por incómodas que sean, y después analizar sus discursos a posteriori para ver si hay posibles vulneraciones del código de conducta, dentro del régimen jurídico del Parlament. En esta legislatura se ha intentado explorar esta vía con la comisión del estatuto del diputado, pero no está acabando de ser efectiva, según denuncian los mismos grupos parlamentarios, por la lentitud del mecanismo y por la falta de blindaje legal del régimen sancionador, algo que, como explicó EL PERIÓDICO, PSC, ERC y Junts se proponen arreglar con una reforma del reglamento.

Nuevo caso a la comisión del estatuto

De momento, y a la espera de que la comisión se pronuncie sobre cuatro expedientes que tiene sobre la mesa con los informes ya prácticamente acabados, el PSC ha llevado ahora al órgano disciplinario otro caso de Vox. En un escrito registrado el 7 de mayo y al que ha accedido EL PERIÓDICO, el grupo socialista pide que se analice si la diputada Júlia Calvet -que ya tiene un expediente abierto- incumplió el código de conducta del Parlament por sus palabras en la comisión de políticas de juventud durante la comparecencia de Joventut Àfrica Negra. Calvet cuestionó que la comisión dedicara tiempo a los retos de la juventud africana y afrodescendiente, afirmó que "para hablar de los retos de la juventud africana el lugar ideal para hacerlo es África" y defendió que Vox prioriza "a los nuestros, a los de casa", frente a los "jóvenes africanos".

Los socialistas consideran especialmente grave que la diputada negara que en Catalunya o España se muera por racismo y presentara lo que algunos llaman racismo como "la reacción lógica de un pueblo" que ve degradarse sus barrios y se siente "extranjero en su propia casa". En el escrito, el PSC sostiene que estas declaraciones son "extraordinariamente graves" e incluso "susceptibles de constituir delito de odio" porque configuran un "discurso de exclusión identitaria" que presenta a las personas inmigrantes como una amenaza para los derechos, la identidad y el bienestar. Por ello, pide a la Mesa que abra un procedimiento de verificación y encargue un informe a la comisión del estatuto del diputado.

Paralelamente, y también en relación con estos hechos, PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP han hecho llegar al órgano rector un escrito en el que piden que se traslade al presidente de la comisión, Hugo Manchón, del PP, una "advertencia" por su "omisión" a la hora de actuar frente a las declaraciones de Calvet, y exigen que adopte "las medidas oportunas a título de advertencia". En cualquier caso, el asunto queda ahora en manos de la comisión del estatuto del diputado, que deberá decidir si indaga en ello. La petición del PSC para investigar a Calvet se suma a otras dos pendientes de decidir si se admiten a trámite y a una tercera que la CUP no ha llegado a elevar formalmente, si bien anunció su intención de hacerlo.

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