Así será la sociedad mercantil que vigilará las inversiones en infraestructuras del Estado en Catalunya

Uno de los puntos clave del pacto de presupuestos que están cocinando el Govern y ERC es la creación de una sociedad mercantil que tiene como misión velar por que el Estado ejecute con más eficacia las inversiones en infraestructuras que proyecta para Catalunya. Son muchos los informes que alertan de que existe un déficit inversor: el último lo presentó Foment del Treball la semana pasada y cifró en 49.543 millones de euros el retraso acumulado en infraestructuras. Estas son las claves de la iniciativa.

¿Por qué una sociedad?

Catalunya lleva al menos dos décadas buscando la forma de obligar al Estado a cumplir con las inversiones en infraestructuras, ya que demasiadas veces no se ejecuta lo que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado. Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) admitió que, en el primer semestre de 2024, solo se ejecutó un 20% de la inversión prevista en la comunidad catalana. En el conjunto del año anterior, en 2023, no pasó del 45%, por lo que uno de cada dos euros no llegó a invertirse. En todo este tiempo ya han fallado al menos tres mecanismos: la disposición adicional tercera del Estatut sobre la financiación de infraestructuras nunca se demostró efectiva; la comisión específica sobre inversiones que se creó después no se ha reunido con regularidad y, finalmente, la apuesta por las 'encomiendas de gestión' no ha funcionado con agilidad.

En la búsqueda permanente de la fórmula para hacer cumplir al Estado, el Govern y ERC pactaron crear un consorcio paritario entre el Gobierno y la Generalitat que tuviera la misión de pactar y ejecutar las inversiones. La ley fracasó en el Congreso por el rechazo de Junts y eso les ha obligado a buscar un plan 'b': la constitución de una sociedad mercantil que tenga unas funciones equivalentes. La ventaja de esta fórmula es que la sociedad puede crearse sin pasar por el Congreso y basta con un acuerdo del Consejo de Ministros. La desventaja es que es más fácil de extinguir en el caso de que haya un cambio de inquilino en la Moncloa.

¿Qué funciones tendrá?

La Societat Mercantil d'Inversions de Catalunya -este es uno de los nombres que se barajan como denominación oficial- está previsto que tenga como funciones realizar estudios, redactar proyectos, ejecutar obras, prestar suministros y servicios, así como "cualquier otra actuación material necesaria para la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya". Según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes conocedoras, la idea es que se integre en el sector público empresarial estatal y que esté participada de forma paritaria por el Estado y por la Generalitat. La titularidad de las infraestructuras no variará -seguirán siendo estatales-, pero el Govern de Catalunya debería tener más peso a la hora de decidir a qué se destinan los recursos y vigilar que los plazos de las obras se cumplan. Y, si no se cumplen, denunciarlo.

ERC quiere que una de las primeras misiones de la sociedad sea la planificación y ejecución de una línea de tren orbital que vaya de Vilanova i la Geltrú a Mataró sin pasar por Barcelona. Una infraestructura que sirva para conectar la segunda corona metropolitana sin pasar por la capital catalana y que permita descongestionar las grandes vías de vehículos privados. Otras inversiones prioritarias que se contemplan son las mejoras en Rodalies; los accesos ferroviarios al puerto de Barcelona; la mejora de la conexión en tren entre Barcelona y Valencia, o el mantenimiento de la AP-7. La lista de infraestructuras pendientes es larga.

¿Hay precedentes?

La creación de una sociedad así tiene precedentes. En junio de 2003 se constituyó la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat S.A. para gestionar de forma conjunta todas las obras implicadas en ese proyecto: la estación, la infraestructura urbana, el metro, el trazado ferroviario, la estación de autobuses, etc. Se pensó en esta fórmula porque es un proyecto en el que intervienen varias administraciones. Según consta en su memoria de 2023, el consejo de administración de la sociedad está compuesto al 50% por el Estado -el 30% por Adif Alta Velocidad, el 7,5% por Adif y el 12,5% por Renfe Operadora-, el 25% por la Generalitat y el otro 25% por el Ayuntamiento de Barcelona. Su director es Joan Baltà y gestiona una de las obras de transformación urbana más importantes de Barcelona en este siglo.

Esta sociedad debe ser creada por el Consejo de Ministros. Se da por hecho que, por la sintonía que existe entre el president Salvador Illa y el presidente Pedro Sánchez, no habrá problemas. Además, como argumento para allanar el camino, la Generalitat y ERC defienden que cualquier otra comunidad autónoma que lo desee también puede reclamar un instrumento del mismo tipo.

¿Qué pasa con el consorcio?

Pese a que el Govern y ERC tengan decidido crear la sociedad, no se descarta, en el futuro, volver a la carga con la ley para tener también el consorcio. No se trataría de tener dos instrumentos haciendo lo mismo: la idea es que el consorcio sea un paraguas "institucional" que asuma la gestión de la sociedad. "Será un instrumento más político", explica una voz conocedora de la operación. Para conseguirlo deberán convencer a Junts para que, la próxima vez, no la tumbe en el Congreso. Mientras tanto, el objetivo prioritario ahora es que la sociedad esté en funcionamiento cuanto antes. Y que esta vez consiga su misión: mejorar la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya.

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