La fiscalía mantiene la petición de 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola y confirma el sobreseimiento para el expresidente catalán

El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y ha pedido al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga, desde el pasado mes de noviembre, a los hijos del expresidente catalán Jordi Pujol y a nueve empresarios, que condene al mayor de ellos, Jordi Pujol Ferrusola, a 29 años de prisión; a su exmujer, Mercè Gironès, a 17, y a su hermano Josep, a 14. Para el resto de los hermanos Pujol Ferrusola, su petición es de 8 años de cárcel por organización criminal y blanqueo de capitales.

La única modificación que ha hecho el representante del ministerio público respecto a su escrito de conclusiones provisionales ha sido para retirar definitivamente al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, una vez que el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha anunciado que se decretará el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto a él. Era la consecuencia lógica tras exonerarle el pasado 27 de abril, después de examinarle en persona y comprobar que no estaba en condiciones de responder a las acusaciones formuladas en su contra.

El sobreseimiento obliga al fiscal Bermejo a modificar su escrito de acusación en los puntos en los que hace referencia a Jordi Pujol Soley. Algo similar ocurre, aunque su responsabilidad fuera mucho menor, respecto al empresario Carles Vilarrubí, que falleció cuando el juicio empezaba a andar. No obstante, el representante del ministerio público mantiene intacto su relato de los hechos, en el que también argumenta que los otros nueve empresarios deben ser condenados a 5 años de prisión por haber pagado comisiones ilegales a Pujol Ferrusola a través de facturas libradas a sus empresas por trabajos ficticios.

"Red de clientelismo"

Pese a retirar la acusación contra ambos, tras escuchar a testigos, peritos y acusados, la fiscalía mantiene que, aunque ya no le acuse, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, aprovechando su posición política, “tejió una red de clientelismo" y creó un “entramado” en el que su familia y empresarios afines a Convergència se repartían los “sobresalientes beneficios de concursos públicos”, amasando así un patrimonio “ajeno a sus ingresos legales que hubo de ocultar a la Hacienda Pública española y a la sociedad catalana”.

"Con la finalidad tanto de ocultar el auténtico origen del dinero depositado en las cuentas bancarias de Andorra, como de disfrutar del mismo, una vez oscurecido su origen", los acusados actuaron "de manera coordinada", manteniendo dicho acuerdo a lo largo "de muchos años", esgrime el fiscal, que este martes defenderá sus acusaciones en su informe de conclusiones definitivo. Después de él lo hará la Abogacía del Estado, que también ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales para la familia Pujol.

Los Servicios Jurídicos del Estado solicitan al tribunal que condene al principal acusado a 25 años de prisión; a su exesposa, a 17 años y medio, y a Josep, a 4 años y medio. La Abogacía nunca ha acusado al resto de los hijos del expresidente catalán; para los nueve empresarios acusados pide dos años de cárcel por falsedad documental por las facturas que libraron a las empresas de Pujol Ferrusola y que considera falsas. El único que ha convencido a los abogados del Estado ha sido el exdirector de la televisión de Andorra, Francesc Robert, para el que ha retirado la acusación, aunque eso no le libra del juicio porque la fiscalía mantiene su petición de cinco años de prisión para él, al igual que para el resto de empresarios con los que comparte banquillo.

Por su parte, las defensas también han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que piden la absolución de todos los acusados. La única modificación que ha introducido el abogado de la familia Pujol, Cristóbal Martell, es que, en caso de condena, se tenga en cuenta el tiempo que ha tardado la causa en investigarse y juzgarse, por lo que, de condenárseles, deberá aplicárseles la atenuante de dilaciones indebidas, algo que la propia Audiencia Nacional hace de oficio, consciente de la demora que registran sus señalamientos en las causas sin preso.

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