Josep Prat, expresidente del ICS, admite malversación en la construcción del hospital Sant Joan de Reus y pacta con la Fiscalía por el caso Innova

El expresidente del Institut Català de la Salut (ICS) Josep Prat, uno de los principales acusados del 'caso Innova', ha pactado con la Fiscalía al admitir que prevaricó, malversó y falseó documentos en la construcción del Hospital de Reus (Tarragona), si bien su condena no se sabrá hasta los próximos días.

Tras 14 años de instrucción, el juicio por el supuesto desvío de fondos para la construcción del Hospital Sant Joan de Reus (Tarragona) a través del holding Innova ha comenzado este lunes en la Audiencia de Tarragona con el trámite de las cuestiones previas.

Josep Maria Prat, que fue presidente del ICS en la etapa de Govern de Artur Mas, y el arquitecto Jorge Batesteza, que se enfrentaban a una petición inicial de diez años de cárcel, han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía, cuyos detalles se harán públicos durante la recta final de juicio, según fuentes judiciales.

La Fiscalía pide penas de entre siete y diez años de prisión para los ocho encausados en la presunta trama corrupta, entre los que figuran también el exalcalde socialista de Reus Lluís Miquel Pérez -que presidía Innova en la época en que presuntamente se cometieron las irregularidades-, el exdirector del Catsalut Carles Manté y varios empresarios, acusados de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y tráfico de influencias.

El juicio, que fue suspendido en 2024, tiene previstas trece sesiones entre mayo y junio y podría quedar visto para sentencia el 1 de julio.

Más de un millón de euros

Tras 14 años de instrucción, el juicio se centra en el supuesto desvío de más de un millón de euros de los fondos destinados a la construcción del Hospital Sant Joan de Reus a excargos del Catsalut mediante pagos que la Fiscalía cree que no estaban justificados.

En el juicio se dirimirá la posible ilegalidad de los pagos al exdirector del Catsalut Carles Manté y al arquitecto Jorge Batesteza por trabajos vinculados con la construcción del Hospital Sant Joan de Reus, que fueron autorizados por el exdirector general de Innova Josep Prat, quien compaginaba este cargo con la dirección del ICS.

La Fiscalía considera que esos contratos irregulares habrían sido acordados previamente con Lluís Miquel Pérez, quien dejó la alcaldía de Reus tras perder las elecciones municipales en 2011.

Las facturas estaban relacionadas con la construcción del Hospital Sant Joan de Reus y con servicios de asesoramiento sanitario, aunque, según la Fiscalía, los trabajos o bien no llegaron a realizarse o bien se cobraron dos veces.

Batesteza era el responsable de infraestructuras del CatSalut y cuando Manté y él cesaron en este organismo sanitario recibieron los encargos de Innova.

En su escrito de acusación, la Fiscalía pedía inicialmente diez años de cárcel y 20 de inhabilitación para los principales investigados, Prat, Batesteza y Pérez, además de una multa de 200.000 euros.

Según mantiene el ministerio público, el arquitecto cobró presuntamente dos veces por hacer el mismo trabajo tras ser contratado por Innova para supervisar las obras del hospital, por lo que percibió por un lado 387.000 euros y, a través de Innova Euroconsult, otros 186.000 euros por idéntica labor.

Respecto a Manté, la fiscal pide ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación, pena que también solicita para la exdirectora financiera de Innova, Esther Ventura, mientras plantea siete años de cárcel y quince de inhabilitación para la exsecretaria del grupo Natàlia Torrell.

Además, pide nueve años de prisión y una multa de 200.000 euros al exdirector de obras y proyectos de Innova José Vicente Gómez y para el responsable de la UTE Euroconsult Sergi Luqui como presuntos autores de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Una indemnización

Por su parte, el Ayuntamiento de Reus, que ejerce la acusación particular en la causa a través de la abogada Maria Saló, dirige su escrito únicamente contra Prat, Batesteza y Manté, a quienes pide que indemnicen a Innova con 1,2 millones de euros por el dinero que perdió el holding municipal con los pagos por supuestos servicios ficticios.

En la causa también figura como acusación popular la CUP, que además de los delitos citados acusa a los investigados de otro de organización criminal. Innova es un conglomerado de empresas municipales de Reus.

El holding municipal de Innova es un gigante que ha gestionado gran parte de las actividades de la ciudad hasta el presente, desde centros sanitarios a urbanismo, pasando por guarderías, el suministro de agua, aparcamientos, mercados, transporte público y ferias, entre otros servicios.

El origen del holding

Los orígenes del holding se remontan a comienzos de la alcaldía del socialista Josep Abelló, quien impulsó la creación de multitud de empresas municipales -en 1999 ya eran 17-.

Finalmente, en 2002 se creó Innova como empresa matriz que controlaría toda la red de sociedades municipales, y así se conseguía también apartarlas del control y de la contabilidad pública.

A partir de la fundación de Innova, el Ayuntamiento se empezó a involucrar en proyectos cada vez más ambiciosos y a asumir mayores riesgos, como fue el caso del Tecnoparc, Shirota Functional Foods, empresa de investigación nutricional que quebraría; o el macrocentro comercial del Corte Inglés de Reus, promovido por Metrovacesa en los terrenos de la antigua Fira de Reus, que está paralizado. Ello provocó un enorme déficit en el holding y en la ciudad.

En el momento en que estalló el escándalo, la empresa gestionaba tres de cada cuatro euros gastados por el Ayuntamiento de Reus, que en 2011 tenía un presupuesto de 396 millones de euros.