¿Qué tiene que aclarar la sentencia del Supremo sobre Ábalos, Koldo y Aldama?

El juicio por la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes quedó visto para sentencia este miércoles con la última palabra de los acusados. Fue entonces cuando empezó la cuenta atrás para que el Tribunal Supremo dicte la sentencia que saldrá de las deliberaciones que ya mantienen el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez-Arrieta, y los magistrados Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Susana Polo, Andrés Palomo, Javier Hernández y Eduardo de Porres. Aunque no hay una fecha prevista para dar a conocer la sentencia --más allá de la previsión genérica del mes que prevé la ley para su redacción, con todas las prórrogas que se necesiten--, se espera que se dicte antes del próximo mes de agosto, para cerrar el caso antes del próximo año judicial, cuya apertura se celebra a principios de septiembre. Estos son los principales puntos sobre los que tiene que pronunciarse:

¿Formaron una organización criminal para cobrar comisiones?

Para el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no hay duda de que los tres acusados, el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, constituyeron una organización criminal, que no solo contaba con ellos, porque cada uno puso a disposición de la trama sus propios contactos. Así, mientras Ábalos proporcionaba el ministerio y los funcionarios necesarios para sus intereses, Aldama contaba con sus socios en distintos negocios y amigos, dispuestos a pagar el apartamento de Jésica Rodríguez o a comprar el chalé de La Alcaidesa, en Cádiz. La contribución a la trama de Koldo García fueron su entonces esposa, Patricia Úriz, y su hermano Joseba, que se desplazaban a cobrar los gastos a la sede socialista de la calle Ferraz o a Dominicana a recoger los 10.000 euros que, según las acusaciones, Aldama entregaba mensualmente al asesor y el ministro a cambio de su favor.

La sentencia tendrá que determinar si hay hechos suficientes para dar por probada esa acusación o, por el contrario, como sostienen las defensas, el único corrupto que ha sido juzgado ha sido Víctor de Aldama, al que Koldo ayudó en todo lo que pudo, porque por su naturaleza intenta hacerlo con todo el que se lo pide, sin cobrar ninguna cantidad, pese a los 10.000 euros que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, circunstancia de la que sostiene no hay prueba alguna.

¿Habría empezado en Navarra o con la compra de mascarillas?

En el caso de que el tribunal determine que Ábalos, Koldo y Aldama constituyeron una organización criminal, uno de los puntos que deberá concretar es cuándo comenzó a operar. La defensa de Víctor de Aldama, ejercida por el abogado José Antonio Choclán, sostuvo durante su informe de conclusiones que el detonante corruptor no fue su cliente, porque la trama surgió antes de que Ábalos y Koldo García lo conocieran, lo que se produjo cuando el primero ya estaba al frente de Transportes. El letrado la situó en 2015 en Navarra, como argumentaba el informe de la UCO de junio del año pasado, que propició la imputación del exsecretario general del PSOE Santos Cerdán, que fue quien presentó a Koldo al exministro socialista durante las primarias de 2017 en las que resultó elegido Pedro Sánchez.

Según esta defensa, "el delito se comete desde las instituciones, pero esas instituciones no son el señor Aldama", del que destacó que diera el paso de confesar y aportar nuevos hechos, como el pago de 10.000 euros mensuales a Koldo García. "Lo importante es la lucha contra la corrupción y el ciudadano que contribuye a identificar nuevos integrantes de una organización desconocidos por la investigación policial", explicó Choclán para incidir en que el tribunal tiene la oportunidad de fijar doctrina sobre esta situación por encima de lo que puedan considerar los ciudadanos o el propio Gobierno. Para las defensas de Koldo García y Ábalos, Aldama les ha utilizado para poder salir de prisión por un fraude de más de 182 millones de euros en hidrocarburos en el que también está imputado, con una supuesta confesión sin pruebas.

¿Es un enchufe que el ministro envíe un currículum?

Según José Luis Ábalos, el que un ministro envíe un currículum no es tan eficaz como que lo envíe una persona que conozca la empresa y a través de ellos se introduce "talento". Tanto él como Koldo García restan importancia a su intervención en la contratación de Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas, porque siempre contaban con vacantes, sus sueldos eran los correspondientes al salario mínimo y llegaron al puesto a través del sistema público de contratación. El hecho de que Koldo acompañara a Jésica a la entrevista de Ineco les resulta intrascendente y el exministro llegó a atribuir a coacciones que ella reconociera espontáneamente que cobró sin ir a trabajar.

En cambio, para el fiscal, ello muestra "a las empresas públicas casi parasitadas por el poder político, en contraste" con lo previsto en la Constitución", ya que se asume "con naturalidad y hasta orgullo haber ayudado a una amiga a conseguir un empleo". Recordó que el exministro también había defendido "colocar a un asesor claramente incompetente en una empresa pública porque es una tradición", aunque no cuente con preparación en una empresa "que no es importante" (Renfe Mercancías) para contar con un voto más. Para Anticorrupción, esas prácticas reflejan un "contexto cuasicolonial", en el que está asumido que los meros deseos del ministro se convierten en órdenes, salvo contadas excepciones, que temen ser represaliadas.

¿Dónde fue el dinero de la trama??

El destino del dinero con el que el empresario Víctor de Aldama presuntamente "engrasó la máquina" de la organización criminal encabezada por el exministro José Luis Ábalos en Transportes constituye uno de las principales incógnitas a resolver por los siete magistrados del Tribunal Supremo que han juzgado el caso. La falta de prueba concreta de estos pagos más allá de los apuntes encontrados en un ordenador del comisionista o las comunicaciones entre él y sus socios --atribuidos a 'K' o a 'Gandu', que no sería otro que el asesor ministerial Koldo García-- y los viajes a Dominicana de su hermano Joseba, centraron los alegatos de la defensa. Su punto débil: refutar el incremento patrimonial que les atribuye la UCO.

Para la Fiscalía Anticorrupción, encontrar el lugar en el que se encuentra hoy ese dinero no es esencial para imputar los delitos de cohecho derivados del tráfico de influencias y el uso de información privilegiada que asocia con la adjudicación de los contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión. En su alegato final, el fiscal jefe Alejandro Luzón reconoce que un presunto pago periódico de 10.000 euros al mes entre al menos septiembre de 2019 y agosto de 2022 constituye "el núcleo de la dádiva" y lo que importa es acreditar que estos pagos --que llegaron a los 4 millones de euros, según afirmó el comisionista-- buscaban "asegurarse la oportunidad cuando llegara". Ábalos, por su parte, ha tratado de argumentar que la UCO solo encontró 94.000 euros sin justificar y se preguntó "si ese era el gran caso de corrupción".

¿Qué pruebas tiene Aldama?

Otro punto clave de la sentencia, por la trascendencia política que quieran darle los principales partidos, será el de la credibilidad que da la Sala a las manifestaciones realizadas por Víctor de Aldama. Su "confesión" sustenta gran parte de la acusación y le ha permitido ser el único procesado que permanece en libertad, además de propiciar que la acusación popular dirigida por el PP instara una rebaja sobre la pena inicialmente solicitada que, de aplicarse, dificultaría su ingreso en prisión.

Pese a reconocer que su colaboración con la justicia hace "posible" apreciar para el comisionista esta atenuante "muy cualificada", el fiscal jefe Anticorrupción no 'compra' a Aldama todas sus manifestaciones. Así, nada más comenzar la exposición de sus conclusiones provisionales, Luzón quiso dejar claro que, lejos de lo dicho por Aldama durante su declaración, en la organización criminal investigada "desde luego no era el número 1 el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.

Según reconoció, para llegar a una condena es necesario que lo dicho por Aldama sea corroborado por pruebas periféricas, si bien "otras cosas que dice" no se sabe aún "si son ciertas o inciertas" y por ello no formaron parte de su escrito de acusación, que mantiene la petición inicial de siete años para este acusado.

¿Cómo afectará a la investigación aún abierta en la Audiencia Nacional?

Una vez se conozca esta sentencia, que ya será firme, al ser dictada por el Alto Tribunal, Koldo García y Aldama deberán seguir respondiendo ante la Audiencia Nacional, que les mantiene imputados junto a ex altos cargos de Transportes por el asunto de las mascarillas, pero también por supuestos amaños para adjudicación de obra pública en una pieza que mantiene imputado al que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán. En una pieza separada, el juez Ismael Moreno también indaga los pagos en efectivo realizados por el PSOE a cuenta de gastos por adelantado realizados por sus dirigentes.

Por esta razón, lo que diga el Tribunal Supremo será de gran interés para el instructor de la Audiencia Nacional. Muchos de los imputados en este procedimiento fueron llamados como testigos al juicio en el Alto Tribunal y rechazaron declarar, pero lo que establezca la sentencia relativa a Ábalos determinará en gran medida su futuro, ya que establecerá hechos probados sobre la manera de gestionarse los contratos para la compra de las mascarillas en los que participaron.

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera se encuentra en la misma situación, y suma su posible responsabilidad en estas gestiones al envío de un currículum que determinó la contratación en Ineco de Jésica Rodríguez. Si el Supremo condena por malversación y tráfico de influencias esta conducta, facilitará su procesamiento en la Audiencia.

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