Antifrau pide que la ley catalana de alertadores regule indemnizaciones y sancione a los que ignoren sus resoluciones

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha detectado 34 carencias en la norma estatal que protege a las personas que denuncian casos de corrupción -los alertadores- y que, a su juicio, dificultan su labor como principal autoridad de protección de estas personas en Catalunya. La ley de protección de los alertadores está vigente desde 2023, pero la previsión es que cada comunidad autónoma desarrolle su propia normativa. La Generalitat trabaja en ello y el director de la Oficina, Josep Tomàs Salas, ha pedido este jueves a los partidos, en una comparecencia en el Parlament, ayuda para mejorar y corregir estas carencias en la futura ley catalana. "Os necesitamos a vosotros. Antifrau hace lo que puede y un poco más", ha declarado.

Las principales reclamaciones de la OAC para garantizar una protección efectiva de los alertadores pasan por reforzar la capacidad sancionadora de la autoridad, regular las indemnizaciones para las víctimas de represalias y concretar cómo deben aplicarse las medidas previstas por la ley. En concreto, Antifrau reclama que se pueda sancionar a las administraciones públicas o entidades privadas que hagan "caso omiso" a sus resoluciones; que se reconozca el derecho a la justicia gratuita por la mera condición de persona alertadora; y que se prevean medidas cautelares para evitar que las represalias se materialicen mientras se tramitan los procedimientos derivados de la alerta, como un despido o una querella penal contra el alertador.

Estos son algunos de los escollos que recoge el informe, a los que se suman otras carencias detectadas en ámbitos como la potestad sancionadora, el desarrollo reglamentario de la ley o la falta de mecanismos ágiles de protección. Antifrau ha puesto el documento, al que ha accedido EL PERIÓDICO, a disposición de los diputados y su máximo responsable lo ha desgranado, prácticamente punto por punto, durante su intervención en la comisión de asuntos institucionales. "Institucionalmente no estamos a la altura de garantizar la protección que merecen. A menudo se pone en el centro de las carencias de protección a la OAC, pero no es así", ha defendido Tomàs Salas, tras señalar las lagunas legales que frenan su labor de protección efectiva y que espera que se corrijan con el nuevo despliegue normativo autonómico.

Han pasado más de nueve meses desde que el Govern anunció que preparaba una ley catalana para proteger a los alertadores de corrupción, tras casi una década de intentos fallidos para desarrollar esta norma a escala catalana, que ha ido quedando encallada entre legislaturas. Para desbloquear la cuestión, Salvador Illa se propuso empezar de cero una norma -pese a que ya existía un texto consensuado entre organismos anticorrupción, partidos y entidades sociales- y acelerar su tramitación. Tras cuatro meses en fase de exposición pública, el texto del anteproyecto de ley todavía no se ha hecho público, una cuestión sobre la que los partidos han pedido más celeridad durante la comisión.

"Confiamos en que este documento pueda ayudar y servir", ha dicho Tomàs Salas sobre el informe que ha presentado. El director de la OAC ha querido dejar clara la independencia de Antifrau en el procedimiento legal y ha subrayado que "no hay excusa" -ni normativa ni presupuestaria- para que la Oficina pueda avanzar en sus competencias de protección de los alertadores con el marco actual, aunque insuficiente. Ha explicado que desde 2023 se han activado al menos cinco procedimientos sancionadores, que algunos están suspendidos a la espera de resolución judicial y que, de todos, hay una sentencia firme por la vía administrativa. "Somos la única autoridad, tanto estatal como autonómica, que ha sancionado", ha presumido.

Régimen sancionador

Pero eso no significa que no haya margen de mejora, y mucho. En cuanto al alcance normativo, Tomàs Salas ha puesto el acento en la falta de ejecutividad de sus resoluciones y en las limitaciones de la potestad sancionadora. Según ha explicado, Antifrau no tiene herramientas suficientes para obligar a cumplir de forma inmediata sus resoluciones si la administración o la entidad afectada las ignora. "Podemos declarar a una persona alertadora, advertir de que no se la puede represaliar y de que hacerlo puede constituir una infracción grave, pero, si no existe lealtad y no hacen caso, estamos atados de manos; no podemos hacer nada", ha explicado el director de la Oficina.

"La ley incorpora infracciones, pero no la que debería ser fundamental para la protección: no hacer caso a las resoluciones de la autoridad. Eso no está tipificado", ha lamentado el máximo responsable de Antifrau. Por eso, la OAC plantea que la futura ley catalana permita sancionar expresamente a quienes desatiendan las resoluciones o requerimientos dictados en procedimientos de protección de alertadores. Otra de las carencias señaladas por Antifrau es la falta de reconocimiento automático del derecho a la justicia gratuita por el mero hecho de tener la condición de persona alertadora. A juicio de la Oficina, esta ausencia puede dejar desprotegidas a personas que, tras alertar de irregularidades, se ven obligadas a afrontar procedimientos judiciales o administrativos derivados de posibles represalias.

Asistencia psicológica y apoyo económico

A este problema se suma otro: que no está debidamente regulada la indemnización a las personas alertadoras que han sufrido represalias. Antifrau sostiene que la ley reconoce la posibilidad de prestar apoyo económico, pero no concreta cómo debe hacerse ni cómo deben compensarse los daños sufridos. "Pese a la previsión de apoyo financiero y económico a las personas alertadoras, no sabemos cómo hacerlo. No está regulado: no sabemos cantidades, bajo qué condiciones, durante cuánto tiempo ni con qué procedimiento hacerlo", ha advertido. Como explicó EL PERIÓDICO, el Executiu quiere habilitar a la entidad para que pueda destinar el dinero recaudado por sanciones a proteger a la protección de los alertadores de casos de corrupción, pero esto deberá concretarse en los nuevos presupuestos para 2026, en los que trabajan desde el Palau de la Generalitat, y seguirá sin ser suficiente sin un despliegue normativo.

De hecho, en su informe, la OAC también echa en falta un desarrollo reglamentario que detalle cómo deben aplicarse estas medidas. Sin ese despliegue, quedan sin concretar cuestiones como el apoyo económico, la asistencia psicológica o la indemnización por daños y perjuicios. A ello se suma la ausencia de medidas cautelares específicas con amparo legal. Y sin estas concreciones y sin norma autonómica, es difícil, ha apuntado Tomàs Salas, concretar las necesidades presupuestarias para la Oficina, en un momento, además, en que la Generalitat tiene prorrogados los presupuestos desde 2023, año en que se puso en marcha la norma estatal de alertadores.

Seguimiento de la III cumbre anticorrupción

La ley catalana de alertadores, si acaba entrando en vigor, supondrá el cumplimiento de uno de los objetivos fijados hace más de una década en el Pacte Social contra la Corrupció y que después se ha trasladado a las tres cumbres anticorrupción celebradas en el Parlament desde 2020. La tercera edición -las cumbres son bianuales- se celebró el año pasado, pero este jueves Albert Martín, vocal del Observatori Anticorrupció, que pilota estos encuentros, ha repasado en la comisión el estado de cumplimiento de los compromisos y ha advertido de que todavía queda "lejos" de lo acordado.

Martín ha reprochado, una vez más, que las medidas anticorrupción no sean "prioritarias" ni para el Govern ni para las formaciones políticas. En cuanto a la protección de las personas que alertan de irregularidades, ha exigido que se "acelere" la tramitación de la norma para que pueda conocerse "cuanto antes" el texto del anteproyecto de ley sobre el que se trabajará.

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