El Parlament resolverá este mes si Orriols, Garriga y Calvet deben ser sancionados por discursos de odio

Han pasado más de seis meses desde que el Parlament abrió la investigación para determinar si los diputados de Vox Joan Garriga y Júlia Calvet y la presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, vulneraron el código de conducta de la Cámara con expresiones que varios grupos consideran que sobrepasaron los límites del debate político. Ahora, los cuatro expedientes abiertos encaran su recta final y la previsión es que se resuelvan este mes de mayo, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

La resolución llega en plena escalada de tensión por los discursos de odio en la Cámara catalana. La semana pasada, la Mesa consideró que se habían cruzado "líneas rojas" tras una intervención del diputado de Vox Alberto Tarradas, que insinuó la posibilidad de deportar a la diputada de ERC Najat Driouech y luego se disculpó. El órgano rector encargó entonces, por primera vez, un estudio jurídico para valorar si emprende acciones legales contra Tarradas y trasladó de oficio el caso a la comisión del estatuto del diputado, el órgano encargado de analizar si se ha vulnerado el código de conducta y de proponer, en caso afirmativo, una sanción a la Mesa, que tiene la última palabra.

El episodio ha reavivado el debate sobre los mecanismos de sanción del Parlament ante las expresiones que atizan el odio. El reglamento ya permite a la presidencia retirar la palabra a un diputado tras una tercera llamada al orden e incluso expulsarlo del hemiciclo por el resto de la sesión si la llamada al orden se debe a palabras ofensivas contra instituciones, diputados u otras personas. Por ese motivo, Comuns y CUP consideran que la Mesa podría haber expulsado a Tarradas en el momento de atacar directamente a Driouech, además de llevar el caso a la comisión del estatuto del diputado.

El problema del mecanismo actual es que la lentitud del órgano disciplinario para emitir resoluciones empieza a despertar dudas entre los partidos sobre su eficacia. PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP reclamaron el martes en las ruedas de prensa que los expedientes se resuelvan con rapidez para evitar que el retraso derive en una sensación de impunidad. Más allá de los cuatro expedientes que llevan más de medio año pendientes de informe, la comisión tiene en cola otros dos casos sobre los que debe decidir si abre investigación. Además del de Tarradas, hay otro asunto que afecta al diputado de Vox Rafael Villafranca, que hace unos meses llamó "delincuentes" a los diputados de la CUP. Los anticapitalistas también han registrado una petición por comentarios machistas de diputados del PP y Vox contra Laure Vega, aunque esta todavía no ha sido derivada formalmente a la comisión.

Seis meses sin convocarse

Todo ello ha elevado la presión sobre la comisión disciplinaria, que debe resolver ya los cuatro expedientes abiertos contra Vox y Aliança Catalana el mismo día que decida si indaga en los casos anteriores. Los expedientes abiertos se arrastran desde abril de 2025, pero la comisión no los empezó a tramitar hasta octubre, después de meses sin reunirse. Fue entonces cuando ERC y los Comuns registraron un requerimiento para forzar una convocatoria urgente y desbloquear el procedimiento. En aquella reunión, celebrada a puerta cerrada por la confidencialidad de las investigaciones, la comisión -formada por un representante de cada grupo parlamentario- acordó abrir expediente por tres casos contra Vox y uno contra Aliança Catalana.

Desde entonces, la mesa de la comisión, presidida por Antoni Castellà -diputado de Junts- y con Jordi Albert -de ERC- como secretario, ha trabajado junto al letrado en un informe para cada expediente, tras escuchar a las partes implicadas. Según ha podido saber este diario, los letrados emitieron sus informes hace más de un mes y ahora están pendientes de los últimos retoques de los miembros de la mesa de la comisión antes de convocar la reunión y someterlos a votación. La propuesta se elevará después a la Mesa del Parlament, que decidirá si archiva los casos o impone sanciones. Estas pueden ir desde una amonestación pública hasta una multa de 12.000 euros y en los casos considerados muy graves, se puede proponer al pleno la suspensión temporal de la condición de diputado.

Estos son los cuatro episodios investigados:

Orriols ataca a Driouech (abril de 2025)

ERC fue el primer grupo que movió ficha y llevó a Sílvia Orriols a la comisión por usar de forma "reiterada" expresiones "vejatorias" contra la diputada republicana Najat Driouech. En el escrito remitido en abril del año pasado a la Mesa, los republicanos recogen varias intervenciones en las que la líder de Aliança Catalana acusó a Driouech de hacer "ostentación de la misoginia islámica" por llevar velo y a ERC de "blanquear la discriminación y sumisión de las mujeres".

Garriga señala al PSC por gastar dinero en "drogas y putas" (mayo de 2025)

Un mes después, en mayo de 2025, el PSC pidió investigar al portavoz de Vox después de que afirmara en un pleno que los socialistas gastaban el dinero en "drogas y putas". La frase se produjo durante el debate de una moción de Vox sobre los empadronamientos en varios ayuntamientos catalanes. La diputada socialista Elena Díaz reprochó al partido de extrema derecha que presentara iniciativas que fomentaban "la intolerancia, la xenofobia y el odio", y Garriga respondió con una intervención en la que aludió de forma velada al caso Koldo. El presidente del Parlament, Josep Rull, ya le llamó la atención en aquel momento y le advirtió de que aquella "no era la manera" de expresarse en la Cámara.

Calvet acusa a la Martínez Bravo de ser responsable de la "corrupción de la DGAIA" (julio de 2025)

El tercer expediente afecta a la diputada de Vox Júlia Calvet, también a instancias del PSC, por responsabilizar directamente a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, de la "corrupción" en la DGAIA. La intervención se produjo en julio de 2025, durante una comisión parlamentaria, cuando Calvet acusó a la consellera de "liderar uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de este Parlament". La comisión deberá valorar si aquellas palabras quedan amparadas por la crítica política o si vulneran el código de conducta.

Garriga llama "asesino" a Lluís Companys (octubre de 2025)

ERC, Comuns y CUP promovieron un segundo expediente contra Garriga por sus ataques al expresident Lluís Companys, después de que Vox colgara carteles con la frase "Companys assassí" durante la ofrenda floral organizada por el Parlament al president fusilado por el franquismo el pasado octubre. Posteriormente, en la junta de portavoces, Garriga reiteró sus acusaciones contra Companys y volvió a llamarlo "asesino", una expresión que ha repetido en varias ocasiones desde entonces. Este fue el caso que motivó que la comisión se reuniera y acordara empezar a investigar este listado.

Sanciones sin rango legal

La resolución de estos cuatro expedientes servirá para medir hasta dónde está dispuesto a llegar el Parlament a la hora de poner límites a determinadas expresiones en el hemiciclo. Pero también actuará como acelerador de la reforma del reglamento que, como ha explicado EL PERIÓDICO, ultiman PSC, Junts y ERC para cerrar grietas legales y evitar que futuras sanciones queden expuestas a recursos judiciales, que en Vox ya preparan.

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