PSC, Junts y ERC ultiman una reforma de reglamento del Parlament para blindar las multas por discursos de odio

El ataque del diputado de Vox, Alberto Tarradas, a la parlamentaria de ERC, Najat Driouech, al afirmar desde el atril del hemiciclo que "de momento" no la deportará, ha marcado un punto de inflexión en la gestión de los discursos de odio en el Parlament. Por primera vez, la Mesa ha enviado de oficio el caso a la comisión del estatuto del diputado para investigar si vulneró el código de conducta y, además, ha abierto la puerta a llevarlo a los tribunales, tras acordar por unanimidad en el órgano rector formado por representantes del PSC, Junts y ERC pedir a los servicios jurídicos que estudien su posible "recorrido judicial".

Encontrar la fórmula para atajar las expresiones de odio sigue siendo una asignatura pendiente en una Cámara donde la extrema derecha ha ido elevando el tono al compás de su auge en las encuestas, sin que se haya impuesto, por ahora, ninguna sanción. Por eso, los partidos de la Mesa decidieron explorar la vía judicial, pero también, según ha podido saber EL PERIÓDICO, están ultimando una propuesta de reforma del reglamento que blinde las sanciones por vulnerar el manual de comportamiento y preserve ya no solo el decoro, sino los derechos de los parlamentarios.

El principal escollo que tiene la arquitectura actual es que las sanciones previstas no están blindadas jurídicamente. El código de conducta que recoge el régimen sancionador no tiene rango legal, lo que complica su aplicación si acaba recurrida la sanción ante los tribunales. Por eso, hace casi un año que PSC, Junts y ERC se propusieron trabajar conjuntamente en una reforma de la ley interna del Parlament que resolviera esta cuestión, tal como explicó este diario, incorporando las sanciones dentro del texto del propio reglamento. El retoque, en cualquier caso, deberá votarse en el pleno, donde las tres partes tienen mayoría.

Tras meses de intercambio de propuestas, las tres partes han encauzado las negociaciones en las últimas semanas, con la previsión, según apuntan fuentes conocedoras a este diario, de presentar y aprobar la reforma antes de que termine este periodo de sesiones, es decir, antes del mes de agosto. La intención es evitar que la modificación coincida con la precampaña de las elecciones municipales de 2027 y pueda convertirse en munición política para la extrema derecha. "No queremos correr el riesgo de que se use para victimizarse", explica una fuente implicada en las negociaciones. "Vamos tarde; no tiene sentido esperar más", asegura otra voz conocedora de este proceso.

Tres reuniones

Representantes de los partidos se han reunido tres veces desde diciembre para abordar esta cuestión y debatir el alcance de la reforma. Con el asesoramiento de los letrados del Parlament, las formaciones han consensuado trabajar sobre un documento de propuesta presentado por los republicanos, que públicamente ya habían emplazado al resto de partidos a blindar las sanciones y evitar que determinadas expresiones se normalicen en el Parlament. "Es necesario modificar el reglamento del Parlament, que está pensado para un parlamento en el que no había extrema derecha ni una constante de discursos de odio [se aprobó en 2016]", dijo en octubre Ester Capella, portavoz de ERC, en una rueda de prensa convocada para denunciar que Vox hubiera tildado de "asesino" a Lluís Companys.

La comisión del estatuto del diputado estudia desde entonces si el portavoz de Vox, Joan Garriga, autor de aquellas palabras, debe ser sancionado. También tiene sobre la mesa otros tres expedientes: uno más contra Garriga, otro contra Júlia Calvet (Vox) y un último contra Sílvia Orriols (Aliança Catalana). Una vez resuelva estos casos, elevará a la Mesa una propuesta, aunque será el órgano rector quien tenga la última palabra. Hace seis meses que la comisión indaga en estos hechos y la previsión es que resuelva los casos "próximamente", pese a que el president del Parlament, Josep Rull, en declaraciones a EL PERIÓDICO contaba con que habría una resolución en enero.

La Mesa ya puede tomar medidas, puesto que el código de conducta contempla sanciones -desde multas económicas hasta la expulsión de un diputado- por discriminar por razón de "género, orientación sexual, creencias, ideología, origen o condición social, etnia o lengua". Pero la falta de blindaje legal limita su alcance en caso de que se decida recurrir, como Garriga y Calvet ya han avanzado que tienen intención de hacer. Ese es precisamente el punto que los partidos quieren solventar, algo que también ha expresado públicamente Rull: "Planteamos volcar el código de conducta en el reglamento para dotarlo de capacidad sancionadora firme", dijo en mayo del año pasado en un acto institucional.

Esa es la fórmula sobre la que se trabaja, de acuerdo con las recomendaciones de los servicios jurídicos: incorporar la guía de decoro al reglamento como anexo, como ocurre en el Parlamento Europeo, o bien introducirla como un artículo dentro del reglamento para que pase a formar parte del texto normativo y dar así cobertura a la decisión que pueda tomar la Mesa. Pero antes de ello, los partidos impulsores quieren "actualizar" el código de conducta del Parlament, pues, como dijo Capella, está pensado para el hemiciclo de hace una década.

Tipificar las sanciones

Por ese motivo, la propuesta de trabajo que está sobre la mesa, según ha podido saber este diario, plantea también otras mejoras en el redactado actual. Entre ellas, tipificar con mayor precisión las sanciones que pueden imponerse en caso de vulneración del código de conducta y acotar mejor los supuestos que pueden considerarse discurso de odio, añadiendo que será considerado una expresión de este tipo todo lo que atente contra los derechos humanos y fundamentales de las personas. Este último punto es el que más reticencias ha generado entre los tres impulsores de la reforma, por el temor a invadir el terreno de la libertad de expresión, especialmente protegida por la jurisprudencia europea cuando se ejerce en sede parlamentaria.

Lo que sí consta en el reglamento actual -pero no en el código de conducta- es la posibilidad de expulsar a un diputado en caso de pronunciar "palabras ofensivas dirigidas a las instituciones públicas, a otro miembro del Parlament o a cualquier otra persona". Se trata, sin embargo, de un planteamiento muy genérico, que deja a la presidencia de la Cámara un amplio margen de interpretación. Por eso Rull ha abogado desde su llegada a la presidencia por no usar este mecanismo, evitar interrumpir y estudiar las sanciones a posteriori, en consonancia con lo que hacen otros parlamentos europeos hacen.

Donde existe más acuerdo es en la necesidad de graduar mejor las sanciones. Hasta ahora, el abanico va desde una "amonestación pública" hasta una multa económica de entre 600 y 12.000 euros para las "sanciones graves" e incluye la suspensión temporal de la condición de diputado para las "muy graves". "Es una horquilla demasiado amplia; debemos acotarla para diferenciar entre los tipos de infracciones y sus consecuencias", explican personas conocedoras de las negociaciones, que abogan por diferenciar la gravedad y la cuantía económica, por ejemplo económica, y determinar con precisión los casos en los que procede una "amonestación".

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